Los operativos federales realizados esta semana en Arroyo y Bayamón, que desarticularon a peligrosos grupos de narcotraficantes acusados de crímenes atroces, trasiego de drogas y ventas de armas, más allá de representar un triunfo de las autoridades, dejan en evidencia el lado más oscuro de este flagelo que causa múltiples estragos en la isla.
Catorce integrantes del grupo conocido como “Papá Pitufo” fueron aprehendidos tras cinco años de impunidad. Sus operaciones criminales no sólo comprendían el trasiego de cocaína, crack, fentanilo, mezclas con xilazina y marihuana en las inmediaciones del Residencial Isidro Cora, sino también asesinatos, golpizas y hasta torturas con látigos a sus víctimas, según señaló el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow.
A su vez, Bayamón fue escenario de otro severo golpe a estas bandas delictivas: 49 sujetos acusados de narcotráfico y porte ilegal de armas cayeron en el operativo denominado “New Kids”, porque formaban parte de una nueva generación criminal que operaba en el residencial Virgilio Dávila. Nuevamente, marihuana, pastillas adulteradas y fentanilo figuran entre las sustancias incautadas.
Según el Observatorio de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), entre 2018 y 2024 se registraron 2,838 muertes por sobredosis con detección de fentanilo, opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína.
El fentanilo ha provocado una crisis de salud pública de proporciones alarmantes. Los narcotraficantes lo mezclan con cocaína, heroína o pastillas falsificadas, aumentando el riesgo de sobredosis con mínimas cantidades. El gobierno federal ha enfocado buena parte de su lucha antidrogas en esta sustancia. Las razones son elocuentes: en Estados Unidos, 74,000 muertes por sobredosis en 2023 estuvieron relacionadas con el fentanilo. Es una lucha sin cuartel porque las muertes no ceden, pese al decomiso de más de 115 millones de pastillas adulteradas con este opioide, según reseña la revista Time.
La cocaína también está en la mirilla de las autoridades federales. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) señala que Puerto Rico y las Islas Vírgenes constituyen el punto más al sur del territorio estadounidense para la entrada de esta mercancía ilegal. Diversos informes sugieren que, por la condición territorial de Puerto Rico, los paquetes enviados al continente no siempre estarían sujetos a revisiones rutinarias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que facilitaría el trasiego de drogas.
El combate al narcotráfico es parte de una lucha que no admite descanso. Para dimensionar el problema, basta con estas cifras reveladas por la Guardia Costera de Estados Unidos: en los últimos seis años, las incautaciones en el Caribe sumaron 870 toneladas, y solo en 2024 alcanzaron 100 toneladas.
El narcotráfico siempre deja muerte y dolor. La violencia de las pandillas hace añicos la seguridad comunitaria con tiroteos en espacios públicos, el abusivo uso de residenciales como cuarteles de operaciones y cientos de niños huérfanos cada año. Además, agrava la crisis de salud mental que aqueja a la isla. Estas páginas han reseñado en varias oportunidades las carencias en tratamientos y planes de prevención, debido a la escasez de profesionales especializados.
Los operativos de Arroyo y Bayamón han sido exitosos gracias a la coordinación entre autoridades federales y locales. Pero urge cerrar el puente del tráfico de drogas entre Puerto Rico y Estados Unidos con controles más férreos, frenar los asesinatos, atender con rigor políticas que ayuden a salir de las adicciones y terminar con la verdadera cárcel al aire libre que impone el narco a comunidades inocentes, copando barrios que viven acorralados por el miedo. Una política sin tregua contra los elementos destructivos del contrabando de armas, drogas y crimen organizado es crucial porque nuestras comunidades en campo y ciudad merecen una vida segura y en paz.
