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Sombras sobre la oficina del Senado en Washington

El Senado de Puerto Rico tiene la obligación de rendir cuentas al pueblo sobre el uso que da a cada centavo público. Eso incluye informar los detalles del gasto presupuestario y cuál es la pertinencia, si alguna, de la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos del Senado, en Washington D. C.

Los contribuyentes de Puerto Rico tienen derecho a conocer si las gestiones de esa oficina responden a fines públicos sin que representen una duplicidad de desembolsos públicos ni una usurpación de las funciones de la rama ejecutiva.

La referida oficina fue creada en enero de 2018 mediante una resolución del cuerpo senatorial con el respaldo de la mayoría novoprogresista y el voto a favor del legislador popular Aníbal José Torres. Según la medida, la oficina representaría al Senado ante el gobierno federal y los gobiernos estatales, mantendría comunicación con organizaciones federales y estatales hispanas, y respondería al presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz. Su jefatura tendría que emitir un informe anual de sus gestiones y logros.

No obstante, el Senado ha mantenido hermetismo sobre las gestiones de la oficina y no ha revelado si la entidad ha logrado algún beneficio para el pueblo de Puerto Rico.

La poca información que se tiene al respecto surge de los informes recientes sobre nómina publicados por el Senado, obligado por una orden judicial. Se sabe que, en apenas dos salarios, dicha oficina le cuesta a Puerto Rico más de $222,756 al año; es decir, cuando menos, casi medio millón de dólares a la fecha, solamente en el salario de la directora, de $164,760 anuales, y en el de otra empleada que devenga $57,996 al año. Ayer se divulgó información escueta sobre un tercer recurso de esa oficina, que gana a razón de $25 la hora, sin que se tengan más detalles de dicha contratación.

Esta oscuridad administrativa confirma la insensibilidad e irresponsabilidad del liderato del Senado en la distribución de los recursos públicos, en medio de la crisis que erosiona las finanzas públicas y su efecto en el cumplimiento con los servicios y otras responsabilidades gubernamentales. La sombra del misterio que se cierne sobre la oficina del Senado en Washington D.C. apunta a la desvinculación del presidente Thomas Rivera Schatz de la transparencia que debe regir sobre el uso responsable de los bienes públicos.

La secretividad que ha caracterizado la gestión de Rivera Schatz y la de su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, le niega al país información y recursos que deberían ser destinados a resolver los problemas ciudadanos apremiantes. Es importante que la gente conozca cuánto de lo que no recibe en servicios se gasta en el alquiler y la operación de una oficina del Senado en la capital federal.

La Constitución de Puerto Rico establece, en la Sección 9 del Artículo VI sobre Disposiciones generales, que el gobierno solo dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado. El silencio del Senado profundiza las interrogantes al respecto sobre una oficina que se muestra paralela a la Comisaría Residente y a la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en la capital federal. Se desconoce qué gestión requiere el Senado que no puede llevarse a cabo a través de alguna de estas dos oficinas.

Por otro lado, resulta insostenible que haya que recurrir a los tribunales para hacer valer el derecho ciudadano a conocer cómo el gobierno maneja los recursos del pueblo.

El liderato del Senado y de la Cámara de Representantes tiene la obligación de adherirse a las prácticas de sana administración pública para proteger los recursos que pertenecen al pueblo puertorriqueño, no a ambiciones ni intereses políticos.

 

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