La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de enmendar la ley para que las contrataciones municipales para el manejo de desperdicios tengan que otorgarse mediante rigurosas subastas públicas. El objetivo es no repetir ni una sola de las instancias que llevaron al repudiable cuadro de seis alcaldes novoprogresistas y populares convictos por lucrarse mediante la otorgación de ese tipo de contratos.