Puerto Rico volvió a poner su sistema eléctrico en manos de los tribunales. La movida de la gobernadora Jenniffer González, al presentar una nueva demanda para anular el contrato de LUMA, tras quedar paralizado el pleito original por el intento de traslado al Tribunal Federal, marca un punto de inflexión. No es un trámite más: es una decisión política que devuelve el futuro energético del país a un terreno de incertidumbres.
La acción actúa como un peligroso multiplicador de tensiones. Reaviva la disputa contractual con LUMA, introduce dudas sobre la continuidad de las obras de reconstrucción financiadas con fondos federales, añade presión al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y envía señales ambiguas tanto a Washington como al ambiente de inversión. En un sistema frágil, estos frentes se alimentan entre sí. El resultado no es orden ni claridad, sino una crisis que deja de ser solo técnica para convertirse, una vez más, en un problema político y de gobernanza.
El paso que toma el gobierno implica riesgos altos como la posible paralización de proyectos críticos contemplados como parte de la necesaria rehabilitación de la red energética. Para ese objetivo existen fondos federales que pueden perderse. Además, está en juego una respuesta diligente en caso de averías o apagones porque la entidad demandada no necesariamente responderá al 100% de su capacidad.
Los reclamos judiciales vinculados a escollos para procurar el mejoramiento de la red eléctrica este año incluyen una demanda presentada por LUMA en octubre, cuando reclamó en el foro federal un desembolso millonario al gobierno. En su moción, la empresa denunció la “retención deliberada e injustificada de fondos operacionales”, lo que ha impedido el pago de $202 millones adeudados a suplidores locales que han frenado servicios esenciales de mantenimiento y otros por falta de pago.
La transición a la que aspira el gobierno ya se ha estimado que pudiera tener un costo que superaría $450 millones, lo que equivale aproximadamente a un alza tarifaria cercana a tres centavos por kilovatio-hora por un año. Entramos a un terreno neurálgico porque la prolongación del litigio puede enturbiar el clima de negocios, esencial para estimular la inversión privada, que precisamente será crucial para la transformación energética. Mientras, está claro que un nuevo operador no subsanará las fallas estructurales y otras deficiencias de forma inmediata.
Es relevante que en este patrón errado en todo este proceso de privatización siempre ha estado presente la figura de Josué Colón, primero como directivo de la AEE y ahora como zar de energía. Sus posturas cambiantes propician una informalidad que mina la seriedad de los esfuerzos para adelantar el mejoramiento del sistema energético del país.
La prolongación de la quiebra ha sido corrosiva. Son pocas las empresas con músculo financiero y peritaje dispuestas a hacer negocios con una corporación atrapada en Título III. A ello se sumaron apagones traumáticos —muchos provocados por fallas en la generación— que devolvieron el tema eléctrico al centro del debate político.
En campaña, la gobernadora se comprometió a prescindir de LUMA. Sin embargo, tras insistir en que existían argumentos para evidenciar incumplimientos contractuales, el gobierno hoy sostiene que fue el propio Estado quien incurrió en fraude al negociar un contrato ultra vires, nulo de origen, y recurre al Tribunal Supremo invocando los poderes más altos del Ejecutivo. En ese contexto, el zar de la energía no puede limitarse a administrar procesos: su cargo fue creado para anticipar riesgos y responder cuando el sistema falla.
El giro es profundo. Se han puesto en entredicho los marcos institucionales para reconstruir el sistema eléctrico y para contratar con el sector privado, justo cuando el Negociado de Energía evalúa un nuevo Plan Integrado de Recursos. Y ahí está el núcleo del problema. Porque, como tantas veces antes, aquí los problemas no se resuelven: se enredan. Como el tendido eléctrico cubierto de maleza que nadie limpia a tiempo, el proceso se llenó de contratos, litigios y errores acumulados. Despejar esa maraña exige decisión y mando preciso para que las prácticas de sana administración brillen y el cumplimiento riguroso de términos y condiciones se cumpla.
A corto plazo, será esencial comunicar con claridad sobre cada paso del litigio, como paso para frenar circunstancias que pueden propiciar daños mayores en cualquier renglón de la infraestructura energética, su personal regular o subcontratado y en el país que depende de su operación. Ante la postura de rescindir el contrato con LUMA, es necesario que el gobierno demuestre confiabilidad y transparencia y anuncie sin dilación los proponentes que podrían asumir responsabilidades fundamentales para Puerto Rico.
La meta crucial debe afinar una ecuación en la que se garantice un buen clima de negocios, lo que depende de forjar un modelo energético resiliente y robusto con fuentes diversas para erradicar la incertidumbre que impacta hoy al sector público y privado, pero sobre todo al pueblo, que no recobrará confianza en el gobierno si no percibe que se toman acciones centradas en el bienestar colectivo del país.
