Puerto Rico volvió a poner su sistema eléctrico en manos de los tribunales. La movida de la gobernadora Jenniffer González, al presentar una nueva demanda para anular el contrato de LUMA, tras quedar paralizado el pleito original por el intento de traslado al Tribunal Federal, marca un punto de inflexión. No es un trámite más: es una decisión política que devuelve el futuro energético del país a un terreno de incertidumbres.