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Trato nefasto a personas con discapacidad intelectual

El Departamento de Salud tiene la responsabilidad intransferible de asegurar que cada una de sus decisiones concernientes a las personas con discapacidad intelectual promueve el bienestar de esta población con necesidades especiales.

Corresponde a la agencia asegurar que sus protocolos para el manejo de situaciones e incidentes relativos a la operación de centros que atienden a ciudadanos con discapacidad intelectual contribuyan a proteger la salud y seguridad de los residentes. De ninguna manera, las actuaciones del Departamento de Salud, de sus contratistas o de sus asociados, deben afectar el bienestar de las personas con alguna discapacidad.

Un informe del monitor federal que indagó sobre el traslado, llevado a cabo por el Departamento de Salud, de personas con discapacidad intelectual internadas en el centro de la Fundación Modesto Gotay, en Trujillo Alto, documenta un cuadro de irregularidades que deslucen la misión de las autoridades salubristas.

Estas acciones, no solo no deben repetirse, sino que deben someterse al correspondiente proceso de rendición de cuentas. El reporte federal da cuenta de una investigación derivada de cuestionamientos sobre la clausura del centro, y el consecuente traslado de 41 pacientes, mediante orden del Departamento de Salud el año pasado.

La pesquisa federal puso en entredicho la sabiduría de la decisión gubernamental. Concluyó que “la trasferencia de los participantes fue realizada de manera improvisada, acelerada y deficiente, lo cual falló en cuidar la seguridad del participante, su protección y bienestar”. El informe consigna que, del grupo reubicado, dos personas murieron por complicaciones asociadas al COVID-19 en los centros en los que fueron ingresadas y otras dos fallecieron por otras causas.

Será determinante que la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud fiscalice de manera apropiada a las instituciones que sirven a la población con discapacidad intelectual. Le corresponde aplicar con uniformidad los protocolos, en caso de sospecha de irregularidades en algún centro.

El Departamento de Salud ordenó el cierre del centro de la Fundación Modesto Gotay sin un plan ponderado de reubicación que garantizara la protección de los internos, de acuerdo con informaciones reportadas. La orden de trasladar a los residentes fue completada en menos de 48 horas, sin notificación previa a los familiares de los internos, según los datos investigativos reportados.

Ha sido muy pertinente la receptividad del Tribunal Federal a las inquietudes contenidas en la misiva del padre de una de las personas trasladadas desde la Fundación Modesto Gotay. La atención a los señalamientos consignados en la carta condujo a revertir la orden de cierre de las instalaciones. Además, propició la investigación que documentó la reubicación atropellada de los clientes desde ese centro.

El Tribunal Federal resolvió que, mediante un plan de acción correctiva, las deficiencias identificadas por la agencia salubrista podían haberse subsanado. Así, la organización Modesto Gotay, fundada en 1940, hubiera continuado operando.

El Departamento de Salud ha estimado en más de 175,000 personas la población con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Una demanda por violación de los derechos constitucionales de estas personas, presentada ante el Tribunal Federal en 1999, propició la adopción de estipulaciones cuyo incumplimiento el monitor Alfredo Castellano ha consignado en varios informes.

Los incidentes contenidos en el mencionado informe federal contradicen la misión del Departamento de Salud de trabajar por el bienestar de los ciudadanos con discapacidad intelectual y su familia, en un marco de honestidad, responsabilidad, eficiencia y respeto.

El gobierno debe apoyar a las instituciones que sirven a individuos con discapacidad intelectual en el esfuerzo para proveer recursos que cubran sin dilación la insuficiencia de personal de cuido o enfermería, entre otras situaciones que afecten los servicios. Ello de ninguna manera exime a los centros de atender con total corrección a las personas bajo su cargo.

La alimentación y los servicios de salud de los internos, y la higiene de los centros, son alta prioridad.

El gobierno está obligado a propiciar una política pública cimentada en el trato digno y la protección a las personas con discapacidad intelectual.

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