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Trunca la prevención de la violencia contra la mujer

La desaparición de 18 mujeres, la mayoría menores de edad, debería provocar la activación inmediata de estrategias en todos los sectores de la sociedad para prevenir y erradicar la violencia de género y otros males sociales que atentan contra la población femenina en Puerto Rico.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha tomado nota de la seria crisis de violencia que afecta a mujeres y niños. Ha reconocido que es un problema de salud pública que se agrava sin que el gobierno concentre esfuerzos en prevenirlo.

Precisamente, el propio gobierno tiene que originar la política pública y los mecanismos para erradicar esas disfunciones que tanto daño social causan.

Por los pasados dos años, organizaciones que trabajan por la defensa de las mujeres y los derechos humanos han reclamado al gobierno que declare un estado de emergencia ante esta realidad sin que se haya atendido el clamor con la diligencia que requiere. Las organizaciones sostienen que declarar una emergencia permitiría que las agencias públicas prioricen en acciones para concienciar e intervenir con este mal social.

El año pasado, tras reuniones con los grupos, la gobernadora Wanda Vázquez declaró un pronunciamiento de alerta con el que, en principio, reconoció el problema y la responsabilidad del Estado. Pero poco se ha sabido de progresos concretos de tal acción. La Procuraduría de las Mujeres, que por mandato federal está obligada a desarrollar e implementar un plan consolidado para erradicar la violencia machista, ha dicho que carece de fondos para cumplir su función preventiva y fiscalizadora.

Mientras, según la Policía, en lo que va de año, seis mujeres han sido asesinadas en crímenes de violencia de género. Del total de 30 asesinadas en lo que va de año, otros tres crímenes fueron clasificados con la desafortunada adjetivación “pasionales”.

En las pasadas semanas, la Red de Albergues que proveen refugio y asistencia a mujeres que huyen de la violencia de género, ha denunciado que el gobierno ha desoído su pedido de atención y recursos económicos para asistir de forma segura a las sobrevivientes contagiadas con el COVID-19. Tienen una propuesta que requiere $150,000 para adquirir equipo médico, ignorada hasta la fecha pese a que el Departamento de la Familia, recibió $27 millones federales para atender a la población sin hogar con el virus, para las que cualificarían.

En el caso de las desapariciones - la más reciente reportada la semana pasada en Sabana Seca -, la Policía ha defendido sus acciones al aducir que la mayoría de estos casos se ha esclarecido. Las atribuye, en general, a decisiones personales asociadas a problemas intrafamiliares. Ello no debe llevar a bajar la guardia. Nada debe normalizar una situación que puede suponer riesgo de vida para esas mujeres y que mantiene en vilo a sus familias. Expertos han levantado la voz de alarma de que algunas de esas desapariciones pudieran estar relacionadas a la trata humana, que trafica con mujeres como esclavas sexuales.

Por años, la falta de entendimiento institucional sobre la gravedad del problema asumió la violencia de género como meras disputas entre parejas en las que nadie debía intervenir. Semejante condicionamiento de una cultura machista dio la espalda a cientos de mujeres que terminaron asesinadas por sus agresores.

El estado de vulnerabilidad de las mujeres en Puerto Rico se agrava cuando el Estado minimiza las múltiples agresiones cotidianas a las que son expuestas.

Todos los componentes del Estado tienen que asumir un rol más activo en la prevención de las violencias contra las mujeres. Pero también corresponde al resto de la sociedad crear conciencia y desarrollar iniciativas solidarias para orientar, asistirlas y protegerlas.

Desde cada hogar, y en cada espacio de socialización, los niños deberían aprender que a toda persona le cobijan los mismos derechos a la vida, la libertad y la felicidad. Las niñas deberían saberlo también, a la vez que aprenden a reconocer las señales de peligro para proteger sus vidas mientras hacen valer sus derechos.

 

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