Justo, simple, comprensivo y eficiente son las características principales que Puerto Rico necesita de su sistema contributivo. El gobernador Pedro Pierluisi ha encomendado a un grupo asesor recomendar, en 60 días, una reforma tributaria que responda a esos principios. El resultado debe enmarcarse en una visión de desarrollo de país que perdure.

La orden ejecutiva 2021-072 establece tres pilares para proteger a los contribuyentes y promover la inversión y la actividad económica: simplificar el sistema contributivo, aliviar la carga impositiva a individuos y a comercios, y mejorar la captación. Añade, y con razón, que deben implementarse medidas tributarias que reconozcan el esfuerzo del empresario local y que le coloquen “en igualdad de condiciones con otros contribuyentes que gozan de incentivos sustanciales”. Estamos de acuerdo.

Simplificar el sistema, así como aliviar el peso contributivo a quienes cumplen con su responsabilidad, debe implicar una revisión completa de todos los regímenes tributarios, basada en datos confiables. La precisión que sustente el nuevo andamiaje podrá engranar con la realidad demográfica y económica local y con el contexto global. Los datos certeros, los actuales y los proyectados, deben estar acompañados por estrategias de medición y de desarrollo integrado claras.

Dicho proceso incluye, además de las contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), los tributos sobre la propiedad y sobre capital, así como incentivos y exenciones con el fin de distribuir proporcionalmente la carga tributaria.

Evitar las redundancias y las confusiones sobre el marco tributario facilita el cumplimiento de los contribuyentes con su obligación. También favorece el clima de inversión, y la creación de negocios y empleos en la isla.

Por otro lado, mejorar la captación requiere hacer cumplir o revisar las leyes y reglamentos vigentes para asegurar la entrada al sistema de quienes permanecen en la economía informal y actuar con firmeza contra la evasión. La ampliación de la base de contributiva es clave para alcanzar justicia tributaria.

La propia orden ejecutiva reconoce que, a pesar de los avances tecnológicos que el Departamento de Hacienda ha implementado, el sistema impositivo es aún “complejo, inefectivo e injusto”. Al apuntar que es necesaria una evaluación abarcadora, el documento destaca que debe ser, “sobre todo objetiva”, para lograr un sistema contributivo eficiente y más equitativo para todas las partes. Esto atañe, desde luego a los contribuyentes, pero también al erario como captador de los ingresos que sostienen los servicios públicos y el cumplimiento con las obligaciones crediticias.

Para hacer valer ese propósito, el gobernador ha dispuesto, de forma acertada, que el comité asesor esté compuesto por representantes de sectores especializados en la materia, como la Asociación de Economistas y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, así como otros componentes como la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, además de las agencias gubernamentales pertinentes. También formarán parte un representante de la academia y otra persona nombrada por el gobernador. El grupo podrá invitar a sus reuniones a representantes de otras agencias gubernamentales o entidades privadas, según lo considere necesario.

La representatividad de los diversos intereses, en diálogo franco y anteponiendo el mejor interés del país, tiene el potencial de producir un plan de reforma balanceado que pueda trascender los cambios de gobierno. Puerto Rico no necesita más parches en su sistema contributivo. Le urge una reforma contributiva integral que cuente con aval amplio para asegurar su continuidad.

La estabilidad de un sistema tributario de avanzada, fundamentado por métricas de costo eficiencia, es indispensable para recuperar la competitividad de Puerto Rico. Dicho sistema debe propiciar la creación de empresas de capital local y condiciones justas para patronos y empleados.

Para que sea efectiva se necesitan, además, cambios estructurales en el gobierno y el apego a los mejores principios de la sana administración. Asegurar el balance fiscal, y procurar el uso estratégico y prudente de los recaudos, generan confianza en el sistema y proveen solidez a la plataforma de progreso de Puerto Rico.