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Un sistema de compras que proteja el interés público

Como custodio de los haberes del pueblo y propulsor de la actividad económica de Puerto Rico, el gobierno debe asegurar el mayor rendimiento de las arcas públicas mediante políticas y operaciones eficientes en los sistemas de compras de suministros y servicios.

Los mecanismos para encaminar adquisiciones gubernamentales en nuestro país padecen deficiencias serias que en demasiadas ocasiones se traducen en gastos exorbitantes e innecesarios. Incluso pudieran abrir la puerta a la corrupción.

Otros rebotes nefastos de esta ineficiencia en las operaciones públicas incluyen el descuido de la adecuada prestación de servicios ciudadanos y de la inversión en la economía privada.

Urge encaminar un sistema de compras centrado en la transparencia y la rendición de cuentas. El objetivo es poner en vigor trámites rigurosos pero ágiles, a fin de garantizar adquisiciones y servicios de calidad para el bienestar de Puerto Rico.

Este paso impostergable debe asumirse como central también en los esfuerzos para superar la crisis fiscal. Esa iniciativa, como parte obligada de la reestructuración del gobierno, debe regirse por guías de sana administración que eviten la malversación de fondos públicos.

El mejoramiento de los sistemas de compras reviste gran relevancia porque esa actividad implica el 20% del gasto del presupuesto gubernamental, equivalente a $4,000 millones, según documenta la Unidad de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal.

Ese cálculo excluye los altos desembolsos de las corporaciones públicas en compras de materia prima para sus operaciones que, de acuerdo con indagaciones recientes, tampoco se rigen por parámetros para controlar acertadamente el gasto público. Por ejemplo, un informe de la Oficina del Contralor documentó la pérdida de $192 millones en fondos públicos en proyectos abortados y sin utilidad para el país en la Autoridad de Energía Eléctrica.

Las deficiencias también se han detectado en municipios mediante auditorías fiscales que confirman la falta de controles en compras de productos a precios inflados o servicios costosos, acordados sin criterios uniformes que permitan su válida evaluación y justificación.

La situación debe convocar a todas las ramas gubernamentales a incorporar sistemas tecnológicos que modernicen y regulen eficientemente los procesos de compras.

En la deseada nueva estructura de compras serán claves los mecanismos que libren las inversiones de conflictos de interés y prácticas amañadas en que funcionarios, asesores u otras personas actúen como agentes de empresas o suplidores para lograr trato preferencial, beneficio personal o ventajas políticas.

Esas tácticas pudieran dar paso a la aceptación de compras mediante subterfugios a cambio de beneficios ilegales para quienes facilitan o aprueban los trámites. Toda compra al margen de la ley provoca insostenibles derroches de fondos públicos. Además, abren la puerta a la adquisición de productos o servicios de baja calidad. Las adquisiciones erradas suelen complicarse por la inexistencia de garantías y protección de la inversión. No debe haber espacio para comprar bienes o servicios si no consiste en el claro respaldo del mejor interés para Puerto Rico.

Es necesario transformar los procesos de licitación y asegurar que las compras por emergencia lo son realmente. Será igualmente conveniente explorar la incorporación de medidas que fijen responsabilidades a quienes incumplan con los parámetros de eficiencia y pulcritud de los procesos.

Expertos han propuesto incluso evaluar la centralización de los trámites de compras de costos menores, siguiendo el modelo del gobierno de Estados Unidos. Consideran igualmente deseable que los procedimientos atiendan los aspectos cuantitativos y cualitativos detallados para justificar cada gasto.

Las propuestas deben ser evaluadas de forma ponderada para diseñar un modelo de compras que promueva el uso responsable de los fondos públicos, mientras protege los beneficios ciudadanos y la inversión de sectores que pueden contribuir a revitalizar la economía de Puerto Rico.

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