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Un sistema electoral que custodie la democracia

La reconfiguración de los distritos legislativos, acordada por unanimidad por los miembros de la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, se presenta como un primer paso en la necesaria ruta para garantizar procesos electorales que salvaguarden la democracia en Puerto Rico.

El orden, el respeto, el civismo, y la consciencia de que la reconfiguración estará vigente durante la próxima década, permitieron a los representantes de dos colectividades políticas trascender rivalidades históricas para completar el mapa que aplica desde las elecciones de 2024, como ha subrayado uno de los miembros de la Junta.

Ese espíritu debe prevalecer también en la Asamblea Legislativa durante la revisión de la Ley Electoral, a fin de asegurar que, mediante el consenso entre todas las colectividades políticas, incluidas las minoritarias, se produzca un marco legal electoral sin artimañas que pongan en peligro el derecho al voto y la limpieza de los resultados de los comicios.

La sección 4 del artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico provee para que la composición de los distritos senatoriales y representativos se revise a la luz del Censo decenal. La revisión debe mantener el número de distritos creados por la Carta Magna, organizados a base de la población. La tarea es delegada a una Junta compuesta por la presidencia del Tribunal Supremo como cabeza del ente, y a dos miembros de partidos, en este caso uno del Nuevo Progresista y otro del Popular Democrático, nombrados por el gobernador y avalados por el Senado. La Junta actual está liderada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez. Son miembros Edwin Mundo, del PNP, y Ferdinand Mercado, del PPD.

Juristas prominentes han destacado la intención de los delegados de la Convención Constituyente, validada por la experiencia de las pasadas décadas, de procurar un balance con la figura judicial como facilitadora de acuerdos entre los intereses políticos en conflicto. La redistribución procura atemperar los distritos representativos a los cambios demográficos. Su relevancia es evidente, ya que en la última década Puerto Rico ha tenido una merma poblacional de 11.8%.

La culminación del proceso de redistribución debería marcar el inicio de la revisión profunda del estatuto que rige los procesos de votación. Estamos ante una agenda electoral ensanchada con imprevistas elecciones especiales, de camino a las primarias y a las elecciones generales. Los comicios especiales surgen a raíz de los arrestos, y las renuncias de alcaldes y legisladores por corrupción.

Los procesos de revisión del actual Código Electoral, aprobado de forma unilateral y atropellada en el verano de 2020, tienen que honrar los derechos del pluralismo expresado por los votantes en los pasados comicios.

El mes pasado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, advirtió que el organismo no podrá cumplir con las disposiciones del Código de reducir de 94 a 12 las juntas de inscripción, ni crear para este verano un registro electrónico de votantes. Lo atribuyó a recortes presupuestarios establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal.

Ante la diversidad de exigencias estatutarias, el Senado evalúa ahora un proyecto de enmiendas. No obstante, la delegación del PPD, la proponente de la medida, ha sido señalada por incurrir en la práctica de la legislatura anterior de no contar con el resto de las delegaciones. Hasta la delegación novoprogresista, que ha expresado que concurre con algunas propuestas de los populares, se manifestó sorprendida porque no se le informó previo a la radicación del proyecto de ley.

Por su parte, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Dignidad tienen reservas con el lenguaje de la medida y alegan que no se les consultó. Los autores del proyecto de ley alegan lo contrario.

Es preciso lograr la revisión correcta del marco electoral. Superar el tribalismo y procurar un diálogo productivo entre todas las delegaciones pueden allanar la ruta hacia una legislación libre de impugnaciones. La evaluación del Código Electoral no puede quedarse en debates técnicos u oportunistas. Puerto Rico tiene que contar con un sistema electoral que sea claro custodio de la democracia.

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