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Urge acción directa contra el abuso de adultos mayores

Debemos estar más atentos al abuso y a la explotación financiera de los adultos mayores en vista de que han disminuido abruptamente las querellas en la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, no porque haya menos maltrato, sino como posible resultado de las medidas de prevención contra el COVID-19, en particular el confinamiento.

Si antes de la pandemia era difícil para muchos de ellos dar el paso de querellarse contra familiares, allegados o dueños de hogares que incurrían en negligencias o aprovechamiento económico, peor ha sido en tiempos en que muchos no están seguros de cuáles son las agencias del gobierno que están dando servicio, recrudeciéndose la inseguridad y el temor a querellarse.

Así interpreta la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada la disminución drástica de casos, siendo la procuradora, Carmen Delia Sánchez, quien ha indicado que, en momentos de crisis económica y social, como la que se suscitó luego del paso del huracán María, y ahora con la pandemia, tienden a aumentar los delitos contra los mayores.

En la medida en que miles de familias se ven abocadas a la crisis recurren a los allegados que tienen un ingreso fijo, producto de pensiones o del Seguro Social. Es hasta cierto punto lógico que estas personas ofrezcan cierta colaboración a sus seres queridos. El problema surge cuando deja de ser un apoyo razonable y la situación se convierte en saqueo, siendo los ancianos sometidos a engaño, amenazas o hasta privados de su libertad para ser explotados, no solo por parientes, sino por conocidos que se brindan a ayudarlos, o por empleados inescrupulosos de hogares de ancianos.

En ocasiones, incluso, se ha descubierto que sus datos han sido utilizados para el cobro fraudulento del seguro del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA). El personal de las instituciones bancarias, consciente de la situación, está al tanto de las señales que dan las víctimas cuando se hace evidente la manipulación de los mayores por personas más jóvenes, familiares o no, que los inducen a realizar transacciones dudosas.

Muchas sucursales bancarias han colgado información en el área de los cajeros para alertar al personal y a los clientes, advirtiendo de las distintas formas en que se encubre la explotación financiera. Esta es una medida acertada.

Sin embargo, se necesita un esfuerzo mayor de divulgación y colaboración ciudadana. La mayoría de los viejos recibe los beneficios del Seguro Social en forma de depósito directo en sus cuentas bancarias. Se da la circunstancia de que familiares u otras personas son las que manejan la tarjeta y hacen los retiros, lo que, en casos normales, representa un alivio para el beneficiario que tiene limitaciones físicas o carece de transportación. Por el contrario, esa misma situación puede ocasionar el empobrecimiento extremo y el martirio de muchos viejos que, aun al descubrir que los desfalcan, guardan silencio por temor a represalias o, lo que es más dramático, por miedo a quedarse solos.

De ese miedo se aprovechan aquellos que los sumen en la pobreza y el hambre. Algunas personas de edad avanzada, aun recibiendo un retiro que les debe dar para vivir, pasan necesidades porque no tienen acceso al dinero y han confiado en otros para que le manejen la cuenta.

Para resolver el problema debería bastar con apelar a la conciencia de los que se aprovechan económicamente y hasta abandonan a los que en ocasiones son sus propios padres o abuelos. Pero, si han sido capaces de abusar de una persona indefensa, es muy difícil que atiendan razones humanas para enmendar su actitud. No obstante, sí se le puede pedir al gobierno que refuerce el monitoreo de los mayores, las visitas a los hogares y las entrevistas aleatorias, hechas por profesionales, que arrojen luz sobre su calidad de vida.

En la medida en que se eleva la proporción demográfica de mayores de 65 años en Puerto Rico, es más importante crear la estructura legal y económica para hacer de esa etapa un escenario más seguro y digno.