El crítico estado de tensión vinculado a la violenta insurrección incitada por el derrotado presidente Donald Trump en Washington D.C. obliga a las estructuras gubernamentales en Estados Unidos a tomar medidas constitucionales y estatutarias que garanticen, al pueblo estadounidense y a la comunidad internacional, que los deberes de la institución presidencial se ejecutarán bajo el resguardo inequívoco de la estabilidad social y política, en respeto a las leyes domésticas y las relaciones de paz con el exterior.