La aparente aparición súbita de dificultades en el suministro de agua potable en vastos sectores de la población durante las pasadas semanas obliga a la administración de la gobernadora Jenniffer González a hacer frente al problema de manera inmediata, firme y asertiva, de forma tal que esta situación no se nos convierta en otra crisis como la de la red eléctrica, que tanto daño nos ha hecho como sociedad.
Hasta principios de este siglo, el gran problema de infraestructura en Puerto Rico era el agua. Decenas de miles de abonados, sobre todo en sectores rurales, rara vez tenían el beneficio de ese servicio. Pleitos legales y cambios en la estructura administrativa y financiera de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) -que incluyeron un breve periodo bajo administración privada- poco a poco fueron sacando a la corporación pública del hoyo y logrando una transformación positiva.
A pesar de que la AAA sigue perdiendo más de la mitad del agua que produce, que a casi ocho años del impacto del huracán María continúa sin resguardo eléctrico en algunas de sus instalaciones más importantes, y que persisten sectores residenciales con servicio intermitente o baja presión, el suministro de agua potable, para la inmensa mayoría de la población, ha sido bastante estable durante las pasadas dos décadas.
Lo ocurrido desde principios de julio, con decenas de miles de abonados, sin servicio, a veces por semanas, es inaceptable y abusivo con dichas comunidades.
Explicaciones claras de lo ocurrido, ha habido muy pocas. La gerencia de la AAA ha señalado a un contratista no identificado que presuntamente rompió una tubería de 54 pulgadas. Pero fuentes internas de la AAA apuntan a un equipo gerencial poco experimentado, a disputas internas entre bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a falta de mantenimiento de la infraestructura -ese gran problema puertorriqueño de siempre-, como las verdaderas causas de las interrupciones vividas por miles de abonados.
Como una primera respuesta al problema, la gobernadora activó a la Guardia Nacional para distribuir agua en camiones cisterna y designó al ingeniero Carlos Pesquera como coordinador especial para la Estabilidad del Agua Potable, un puesto desde el cual, con un contrato de $65,000, el exsecretario de Transportación y Obras Públicas tendrá un mes para entender qué está ocurriendo e identificar soluciones.
Pesquera tiene vasta experiencia en el tema de infraestructura y sus aportaciones, ciertamente, no van a sobrar. Pero, nos preguntamos, ¿lo que se señala como sus nuevas responsabilidades no son ya el trabajo de Luis González Delgado, presidente ejecutivo de la AAA, y su equipo gerencial, para lo cual, de paso, son muy bien compensados?
Puerto Rico ha sufrido ya lo suficiente por la inestabilidad de servicios básicos, lo cual nos cuesta mucho más de lo que se ve a simple vista, pues nunca sabremos, por ejemplo, cuántas industrias o negocios descartaron establecerse en Puerto Rico por nuestros problemas de infraestructura. Sería muy triste que nos enteremos ahora de que la AAA, que en 2019 reestructuró su deuda sin tener que, como otras corporaciones públicas, acogerse a la bancarrota, desperdició el largo periodo de relativa estabilidad fiscal que ha vivido sin modernizar su infraestructura.
Es la expectativa del país que, no en el próximo mes, sino en los próximos días, comience a aclararse el panorama, recibamos información de las causas de este serio problema y se encaminen las soluciones que nos permitan tener la confianza de que el agua potable no será, como la energía eléctrica, un problema ni a corto, mediano o largo plazo. Invitamos a la administración a conducir este proceso con la más alta transparencia y adjudicándole responsabilidades a quien las tenga, sin temor.
No hay nada que, en este momento, Puerto Rico necesite más.
