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Urge voluntad política para una sana gobernanza

Los escandalosos eventos relacionados con actos de corrupción, en algunos casos imputados a funcionarios electos de los dos partidos que se han turnado el poder gubernamental por décadas, y en otros admitidos, envían un sólido mensaje de que Puerto Rico tiene que tomar pasos afirmativos para recobrar la confianza en sus instituciones políticas.

La ruta para alcanzar ese trascendental objetivo supone implantar cambios sustanciales a la forma en que se financian las campañas proselitistas y actuar sin rodeos para cerrar definitivamente el paso a esquemas ilegales en las dinámicas gubernamentales dirigidas a encaminar obra pública mediante acuerdos con el sector privado.

Esta semana, en cuestión de días, el país se ha estremecido con las situaciones que involucran a dos allegados a altas figuras del Partido Nuevo Progresista -la exgobernadora y aspirante a la candidatura para la gobernación en 2020, Wanda Vázquez, y el gobernador Pedro Pierluisi- ambas relacionadas con las contiendas electorales de los funcionarios. El primero, Joseph Fuentes, recaudador y amigo cercano del primer ejecutivo, reconoció mentir a la Comisión Federal de Elecciones sobre el origen de donativos para un comité – conocido como Súper PAC – para favorecer al entonces candidato. Del segundo, colaborador de la campaña de Vázquez, John Blakeman, se desconocen pormenores, pero ha trascendido que colabora con las autoridades federales.

El estremecimiento del pueblo alcanzó la perplejidad el jueves, cuando, acompañada de abogados, Vázquez confirmó que se prepara para enfrentar cargos federales. Horas antes, el país había conocido por parte del Departamento de Justicia que el alcalde de San Juan, Miguel Romero y dos representantes novoprogresistas por San Juan, Jorge Navarro y Juan Oscar Morales, están bajo investigación. El mismo día, la exsenadora popular Maritere González fue sentenciada tras declararse culpable por 12 cargos de corrupción relacionados con el otrora recaudador popular y hoy convicto Anaudi Hernández.

A los implicados en las pesquisas en curso les cobija la presunción de inocencia. Pero esta serie de eventos lacera gravemente la confianza de la población en el liderato de gobierno y otras figuras vinculadas, tanto como en los partidos políticos que representan. En todos trasluce el inversionista político.

La resignación no puede ser opción para el país. Es preciso generar respuestas ágiles para subsanar las deficiencias que queden demostradas al completarse investigaciones sobre irregularidades e ilegalidades bajo la lupa de las autoridades estatales y federales.

Esta vorágine de casos, en particular los que salpican a la misma Fortaleza del pasado y presente cuatrienios, hacen rememorar dos instancias previas que han manchado la historia política de nuestro país. Una: la ola de convicciones de más de 40 funcionarios de la administración novoprogresista de Pedro Rosselló, en la década de 1990, que alcanzó incluso a la secretaría de la gobernación, al entonces secretario general de la colectividad y a la secretaria personal del gobernador. La otra: las acusaciones y el enjuiciamiento del entonces gobernador electo por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, relacionado también con el financiamiento de su campaña política y del cual salió absuelto.

Estos sucesos causan un grave perjuicio a la institucionalidad del gobierno al minar confianza de los ciudadanos, diluir servicios y presupuesto, y enviar un preocupante mensaje de impunidad a inescrupulosos interesados en aprovecharse de lo público mediante puestos o contrataciones. También vulneran la democracia al desmotivar a ciudadanos competentes a aspirar a cargos públicos y al desincentivar la participación electoral. Erosionan a los partidos políticos, instituciones con el potencial de canalizar en sus plataformas las mejores aspiraciones de los diversos sectores del país y evitar que el control de gobierno quede en manos de una sola facción. La corrupción violenta, además, los derechos de los ciudadanos, particularmente de los más relegados y a quienes están dirigidos muchos de los servicios que provee el estado. Por último, lacera gravemente la imagen del gobierno ante organismos federales, inclusive aquellos que inciden en la asignación de fondos.

La recurrencia de los eventos como los de esta semana es insostenible. Es hora de poner la voluntad política de los funcionarios y partidos en hacer valer la transparencia y rendición de cuentas a las que están obligados y ejercer la gobernanza que Puerto Rico merece.

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