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Viajes legislativos superfluos minan la agenda del país

Nacida de la voluntad electoral, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de mirarse en el espejo de las precariedades que agobian al pueblo puertorriqueño, absteniéndose de despilfarros que, no solo exhiben crasa indiferencia ante los retos fiscales que pesan sobre el resto del país, sino que ofenden a los muchos trabajadores dedicados cuyos salarios en nada se parecen a los honorarios abultados de los senadores y representantes.

No debe haber cabida para ni un solo viaje legislativo inmeritorio, como lo han sido las travesías de representantes y senadores que le han costado al pueblo cientos de miles de dólares este año. Ese freno legislativo es un deber mayor en el actual escenario de insolvencia gubernamental que sigue afectando a la isla y que hace imperiosa la puesta en vigor de ajustes y reformas estructurales.

En el año que todavía no termina, la legislatura ha invertido al menos $111,503 en travesías a Estados Unidos, y a países más distantes como Francia e Irlanda. La cifra, de acuerdo con documentos oficiales revisados por El Nuevo Día, no incluye todos los gastos del referido periodo. Los reportes pendientes y la imprecisión informativa sobre este asunto ponen nuevamente de relieve la falta transparencia y de rendición de cuentas en esta rama gubernamental.

La desfachatez viajera de la Asamblea Legislativa contrasta con su limitado rendimiento. Dentro del saldo de las labores legislativas resalta la ausencia de empatía con las vicisitudes de la gente.

A un año de la jornada de sufragios que permite a los legisladores ostentar sus puestos, el desempeño en las cámaras se ha caracterizado, por ejemplo, por la lenta e injustificada consideración de nombramientos sometidos por el ejecutivo. El rezago en las evaluaciones de decenas de nominados ha propiciado que importantes agencias se encuentren sin dirección en propiedad, lo que contamina de inestabilidad la misión y operación gubernamental.

En semanas recientes, la inacción legislativa propició que quedaran en suspenso 36 nombramientos. La situación obligó al gobernador a retirar varios nominados con la intención de que puedan ser considerados en enero. La engorrosa dinámica ya ha privado al país de servidores públicos de primera, además de impedir la operación cabal de agencias de la rama ejecutiva, y de la rama judicial, donde están pendientes los nombramientos de varios jueces.

La lenta dinámica legislativa ha imposibilitado adelantar proyectos importantes como la medida para lograr que Puerto Rico reciba fondos federales amparados en el programa “Family First”, que brindaría a la isla alrededor de $800 millones para ampliar las protecciones a niños maltratados o expuestos a otros riesgos.

Igualmente, la desarticulación legislativa ha impedido encaminar reformas relevantes reclamadas por amplios sectores, como la modificación del Código Electoral, cuyas deficiencias severas pusieron en entredicho la pulcritud de este pilar de la democracia, principalmente durante las primarias de 2020.

Asombra que algunos legisladores insistan en justificar viajes a desfiles u eventos de confraternización que más bien se perfilan como oportunidades para llevar a cabo gestiones proselitistas fuera del año electoral. Además, validan encuentros con otros políticos en reuniones cuyos resultados prácticos para el país son insignificantes, si no nulos.

Es asimismo cuestionable que políticos insistan en la interacción presencial, cuando la pandemia del COVID-19 no ha amainado, y la tecnología permite el diálogo en línea con clara señal de vídeo a distancia, sin costo adicional. Sin los onerosos traslados aéreos y terrestres, y ahorrando riesgos salubristas, definitivamente muchos viajes gubernamentales ya no son indispensables.

La eliminación de gastos superfluos, como la inmensa mayoría de los viajes legislativos, permitirá invertir recursos valiosos en gestiones que benefician al país. El manejo sabio de los fondos públicos desde la Asamblea Legislativa puede también abonar a la recuperación de la confianza en una institución que está supuesta a remar, junto con el pueblo, para superar los desafíos de Puerto Rico.

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