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Wanda Vázquez debe rendir cuentas ante la justicia

Respaldada por el ordenamiento constitucional, Wanda Vázquez asumió la gobernación tres veranos atrás, cuando el pueblo puertorriqueño, indignado por el infame chat del entonces gobernante repudiado, la recibió a brazos abiertos, con la esperanza de una gobernanza libre de la corrupción que tanto ha erosionado a Puerto Rico.

Tras ser arrestada en su residencia, la exgobernadora se enfrenta ahora a la justicia federal que se propone castigar lo que considera la peligrosa pretensión, de ella y de otros conspiradores, de interferir con los procedimientos investigativos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), una esencial agencia reguladora.

Las acusaciones contra la también exsecretaria de Justicia apuntan a un inversionismo político que carcome la fibra de la institucionalidad representada por La Fortaleza. Y que, cual lanza implacable, destroza la confianza en las campañas políticas cuyas estructuras buscan prevalecer a como dé lugar en los procesos eleccionarios.

De probárseles los graves señalamientos, que incluyen el recibo de soborno para su campaña primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, la exfiscal Vázquez habrá incurrido en la transgresión de los principios fundamentales de la sana administración pública. Y habría conspirado para burlar el andamiaje electoral llamado a proteger la democracia.

Obedeciendo al debido respeto a la presunción de inocencia, corresponde a la Fiscalía federal probar sus alegaciones, las cuales cuentan con el respaldo de Corey R. Amundson, director de Integridad Gubernamental del Departamento de Justicia federal. Amundson explicó que este caso es ejemplo de la preocupante tendencia de corrupción corporativa que involucra a funcionarios electos en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico.

Un veredicto de culpabilidad constataría que Vázquez desaprovechó la oportunidad dorada que la historia le ofreció para convertirse en la figura de gobierno limpio que tanto nuestra gente necesita y ansía. Habría dado la espalda a la misión de establecer la vara alta de gobernanza que todo ocupante de La Fortaleza tendría que emular.

El pliego acusatorio alude a hechos repudiables resumidos en conspiración, soborno y fraude electrónico. Se refiere a la compra de influencias para colocar al frente de la OCIF a un comisionado designado por representantes del banco internacional Bancrédito, con la intención de entorpecer la transparencia y la fiscalización de la auditoría de la que era objeto. A cambio de entorpecer la auditoría, la campaña política de Vázquez habría recibido donaciones ilegales por al menos $300,000.

Entre las tareas reparativas, se impone erradicar de la OCIF la mancha de la corrupción en la que Vázquez habría participado. Asegurar la rigurosidad de la investigación sobre el banco es imprescindible.

Las actuaciones atribuidas a Vázquez defraudan al pueblo puertorriqueño, que es víctima, ante el resto del mundo, del escándalo de las acusaciones contra una persona que ocupó el cargo público de mayor jerarquía en Puerto Rico.

Con un bagaje de décadas como fiscal, procuradora de las mujeres y secretaria de Justicia, y habiendo asumido la gobernación por sucesión constitucional, se esperaba de Vázquez férreo apego a la ley y la pulcritud de los procesos.

La imputada ha sido la única secretaria de Justicia investigada dos veces por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), que le radicó cargos de los que fue exonerada.

Si las acusaciones federales se demuestran, Vázquez habría incurrido en el mismo patrón que ha llevado a otros exfuncionarios a la cárcel: la búsqueda y utilización de cargos públicos mediante procesos turbios para el aprovechamiento particular.

La exgobernadora llegó al poder sin ir a las urnas luego de que el pueblo envió un mensaje contundente a la clase política: estamos cansados de la corrupción. Hombres y mujeres con niños sobre los hombros, adultos mayores, jóvenes, personas en sillas de ruedas: miles marcharon y reclamaron durante días respeto e integridad en el servicio público.

Las autoridades federales han reiterado su llamado a que quienes hayan participado o sepan de más actuaciones que violen los principios indispensables para una sana gobernanza cooperen para poner coto a la corrupción. Como muy bien señaló Joseph González, jefe del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico: la corrupción no es un crimen sin víctimas; la víctima es el pueblo.

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