Una vez más se nos exhorta a participar en el ya conocido ritual de la política boricua: el plebiscito. Pero esta vez este se realizará en circunstancias excepcionales: en medio de una pandemia. Algunos dirán que no es aconsejable invertir millones de dólares en una consulta electoral en estos momentos, que los esfuerzos deberían enfocarse en atender la crisis del COVID, en reparar los daños causados por los sismos, en terminar las investigaciones sobre los almacenes de suministros y los escándalos sobre la compra de pruebas—sin hablar de desarrollar planes para la temporada de huracanes que se aproxima, donde tendremos que preparar refugios mientras mantenemos el distanciamiento social. Todo esto parecería ser una agenda ya sobrecargada para un gobierno en crisis, pero a esto se le añadió la tarea de organizar un plebiscito, el cual conlleva a su vez desarrollar una campaña educativa sobre las opciones de estatus.