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El Individuo Residente Inversionista es probablemente la exención contributiva más controversial en nuestro ordenamiento. Se creó por la Ley 22-2012 y en el 2019 se incorpora en la Ley 60, que aplicaba a las solicitudes radicadas luego del 31 de diciembre de 2019. Por la naturaleza contractual de dichas exenciones, las concesiones otorgadas bajo la Ley 22 se mantienen vigentes en cuanto a sus beneficios y requisitos bajo dicho estatuto.
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