Tras un año de múltiples vicisitudes, el 2021 abre las puertas a un nuevo comienzo para que Puerto Rico logre cumplir con una de sus metas más importantes:

Antes de que la crisis del COVID-19 nos golpeara en marzo pasado, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico -que tiene la responsabilidad de resolver la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos y ayudar a Puerto Rico a lograr responsabilidad fiscal- había presentado una propuesta de ajuste de la deuda. Pero la pandemia cambió drásticamente el panorama. La Junta de Supervisión, la cual me honra presidir, se centró inicialmente en hacer que la asistencia financiera inmediata estuviera disponible para el pueblo de Puerto Rico. También evaluamos cuidadosamente el efecto, a largo plazo, de la pandemia y consideramos cómo reducir su impacto en la economía de Puerto Rico.

Una vez atendidos esos asuntos apremiantes, retomamos el tema de la deuda de Puerto Rico. Los efectos del COVID-19 en la isla son graves y su capacidad de pagar deuda ha cambiado significativamente. Pero nuestro objetivo de reestructurar la deuda no ha cambiado.

Cuatro principios clave guían a la Junta de Supervisión en el proceso de reestructuración. Primero, es mejor en consenso. En la medida en que más grupos (clases) de acreedores voten a favor de nuestra reestructuración propuesta, más fácil y rápido será nuestro camino hacia el fin de este proceso y menos gastaremos en extensos y costosos litigios. Hemos tenido mucho éxito en alcanzar acuerdos consensuados en las reestructuraciones que ya se han logrado para COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

En segundo lugar, ajustarse para reflejar la nueva realidad. El hecho de que la pandemia golpeó al país cuando ya se encontraba en el piso, gravemente afectado por huracanes y sismos, y debilitado por décadas de declive económico y pésima administración fiscal, ha empeorado la situación considerablemente. Puerto Rico no puede permitirse pagar a sus acreedores cantidades que hubieran sido razonables hace un año. Las obligaciones de pago no deben hipotecar la economía de Puerto Rico en el futuro, sino que deben resultar en un gobierno estructuralmente sólido.

Tercero, cumplir con los requisitos de Promesa para llegar a un acuerdo justo. Dos de los requisitos de ecuanimidad más importantes de Promesa apuntan a que la reestructuración sea “factible” y que sea en el “mejor interés” de los acreedores. El requisito de factibilidad significa que el tribunal no aprobará la reestructuración a menos que sea asequible y sostenible para Puerto Rico. La prueba del interés superior requiere que los acreedores, en su totalidad, lo hagan tan bien como lo hubieran hecho si Promesa nunca se hubiera promulgado, y sin que se apresuraran a cobrar lo que pudieran en momentos en que Puerto Rico no puede pagar.

Finalmente, un trato de “una sola vez y listo”. Desde el primer día, la Junta de Supervisión se ha fijado la meta de lograr un acuerdo que sea asequible para Puerto Rico, no solo hoy y mañana, sino en los años venideros. Es por eso que el Plan Fiscal Certificado provee proyecciones de gastos del gobierno por el tiempo que le tome a Puerto Rico pagar lo cantidad considerablemente reducida de su deuda.

No creemos que Puerto Rico pueda incumplir y reestructurar sus deudas más de una vez. Las empresas a veces se declaran en quiebra por segunda vez, y algunos países como Argentina han reestructurado su deuda más de una vez. Pero para Puerto Rico, un incumplimiento futuro sería desastroso. Sería problemático e interferiría con iniciativas importantes que el gobierno quisiera emprender. De hecho, es posible que Puerto Rico ni siquiera tenga acceso a las disposiciones de reestructuración que provee Promesa luego que la Junta de Supervisión se disuelva en unos pocos años, eliminando así un enorme beneficio para Puerto Rico.

La quiebra de Puerto Rico debe resolverse tan pronto como sea razonablemente posible y esperamos presentar un plan de ajuste pronto. Creemos que el plan de ajuste enmendado será una propuesta realista que será sostenible para Puerto Rico y abrirá un camino hacia la recuperación y la prosperidad.