En mayo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) clasificó a los 78 municipios de Puerto Rico como “entidades designadas” bajo la Ley Promesa. Nombró dos grupos focales para orientar a los municipios sobre cómo mejorar sus finanzas. Esto no sorprende si examinamos la dependencia fiscal de los municipios del gobierno central, el cual ya era una “entidad designada”.

El presupuesto asignado a los municipios es de $1,951 millones para el año fiscal 2018-2019, según los números de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. De esta suma –y según un estudio comisionado a asesores del gobierno federal—el 33% proviene de transferencias del gobierno central. De acuerdo al Índice de Salud Fiscal de los Municipios, para 2017 el 73% de los municipios operaba con déficit. No parece que el panorama haya cambiado tras los ciclones.

Una carta de la JSF, del 30 de abril de 2019, incluye datos escalofriantes. Los empleados municipales y de corporaciones públicas están obligados a participar del sistema de retiro del gobierno “PayGo”, igual que los del sistema central. Bajo ese sistema, el gobierno aporta al retiro de sus empleados y a estos se les retiene parte del salario para ser depositado en una cuenta de aportaciones definidas. De acuerdo con la carta, hay una deuda acumulada entre 28 corporaciones públicas y 66 municipios, estimada en $340 millones desde que inició “PayGo” en 2017. Estos municipios no hacen la aportación requerida por ley, lo que implica una deuda acumulada de más de $127 millones. Lo más alarmante, según publicado, es que 20 municipios retienen salario de sus empleados –estimado en $3 millones—y no lo remiten según requerido. La JSF refirió a esos municipios al Departamento de Justicia el 29 de mayo.

Aunque esa cantidad no es tan grande, preocupa que el municipio haga la retención a sus empleados sin remitirla a tiempo. La JSF solicitó en su carta que se le retenga de los fondos que los municipios reciben del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para pagar esa deuda. Mediante la Ley de Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios del 23 de mayo de 2019, el gobierno central libera a los ayuntamientos del pago de pensiones a “PayGo” y lo correspondiente al plan de salud. La JSF ha criticado esta legislación y ha amenazado con cuestionarla a nivel judicial.

El CRIM –creado en 1991 para cobrar las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, y remitirlas a los municipios, está en precario. Utiliza la tasa de valores de 1957-1958 al tasar propiedad inmueble. Ese fue el último año en que hubo una tasación general. Antes de 1991, el Departamento de Hacienda realizaba esa función.

Nos preguntamos, entonces, si se pueden tasar propiedades a su valor de hace 60 años. Peor aún, ¿cómo taso una antena de celulares, una tecnología que no existía hace 60 años? De hecho, en 1975 hubo una Reforma Contributiva y la queja mayor era que se tenía que tasar usando valores de hacía 20 años, entonces, y que eso era muy difícil. ¡Imagínense, estaríamos hablando de 1957!

Cuarenta y cuatro años después de haberlo identificado, el problema aún no ha sido resuelto. Nos preguntamos: ¿por qué no se ha retasado? Porque la contribución sobre la propiedad es de las más antipáticas entre los ciudadanos.

Aunque el impuesto sobre la propiedad inmueble es bastante razonable a nivel teórico, en muchos casos recae sobre la residencia principal. Es probable que una retasación eleve la imposición. Además, consultores del Tesoro federal han indicado que al momento, el CRIM no cuenta con suficientes tasadores. Esto es otro contrasentido pues la misión principal de la entidad es tasar propiedad.

No queremos poner en duda la importancia de los municipios para proveer servicios. Pero su débil situación fiscal, poca eficiencia administrativa y su alta dependencia del gobierno central nos obligan a concluir que su entrada al plan fiscal es la “crónica de una inclusión anunciada”. El problema radica en que las entidades municipales carecen de los recursos económicos para proveer los servicios como antes.

No creemos que se deban eliminar municipios, pero sí en consolidar sus funciones y operaciones. Esta recomendación es cónsona con la propuesta de los condados, recientemente informada por el gobernador y las recomendaciones de la JSF. Se requiere tomar decisiones importantes, ahora, para que no ocurra un apocalipsis fiscal municipal mayor que obligue a la eliminación súbita de estas instituciones.