Kenneth Rivera Robles
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Ley 57: Beneficios, Posposiciones y Ratificaciones Contributivas

El 14 de junio de 2020 se firmó la Ley 57-2020 que enmendó el Código de Rentas Internas (“el Código”) y otras leyes para proveer ciertas ayudas necesarias por la situación de la pandemia del COVID-19. Estas incluyen exenciones, deducciones, simplificación temporera de requisitos y ratificación de varias iniciativas del (poder) Ejecutivo. Esta ley estuvo desde el 31 de marzo bajo escrutinio legislativo. La Ley 57 estará vigente mientras sea necesario para mitigar los efectos económicos del COVID-19 pero no más tarde del 31 de diciembre de 2021.

Beneficios

Probablemente la disposición más esperada de la Ley 57 es la exención —para fines de contribución sobre ingresos y patente municipal— cualquier ayuda recibida de parte del gobierno federal o local. Esto incluye las condonaciones de préstamos EIDL o PPP bajo la Small Business Administration (SBA), el crédito o reintegros de contribuciones federales bajo las licencias de Families First o el Employee Retention Credit, y la concesión de pagos (“grants”) bajo el Coronavirus Relief Fund (“CRF”) creado bajo la ley federal CARES (“CARES”). Esto era un tema de amplio debate pues CARES decía que dichas ayudas eran exentas de contribuciones federales, pero dicha exención no se extendía a contribuciones de Puerto Rico. La Ley 57 va un paso más allá de CARES pues también estipula que el gasto que fue subsidiado puede ser deducido en la planilla.

La Ley 57 también dispone que cualquier pérdida sufrida en el año 2020 se pueda retrotraer en las dos planillas anteriores. Por ejemplo, Compañía A tuvo en el 2020 una pérdida de $20,000 y había tenido una ganancia de $30,000 en el año 2019. En ese caso Compañía A puede enmendar su planilla del 2019 para reducir su ingreso a $10,000 ($30,000 — $20,000). Como tiene menos ingresos surgirá un sobrepago de contribuciones que se puede solicitar sea reembolsado. Esta disposición no está disponible para corporaciones con un volumen de ingreso mayor a $10 millones ni las que sean consideradas “Grandes Contribuyentes” para fines contributivos. La cantidad máxima a ser retrotraída se limita a $200,000 y no se puede solicitar un reintegro mayor a $50,000.

La Ley 57 provee que habrá una exención del impuesto de ventas y uso de 4% en el caso de servicios entre comerciantes (“B2B”) y el pago de servicios designados. La exención aplica del 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 y se puede extender por periodos adicionales de 3 meses. Aquí hay un gran reto de la Ley 57 pues sería una exención retroactiva donde, en muchos casos, ya el dinero había sido depositado en Hacienda y el recurso sería solicitar un reintegro. Entendemos que la Legislatura y Hacienda están analizando cómo atender el asunto de la retroactividad por lo que es necesario seguir monitoreándolo.

Posposiciones

La Ley 257-2018 hizo una serie de cambios sumamente importantes al Código que eran aplicables para la planilla de contribución del año2019 que se radica en el 2020. Se impuso a las corporaciones una contribución mínima de $500. O sea, que si una corporación tenía poco ingreso o hasta pérdidas estaba requerida a pagar por los menos $500. Dicho requisito se pospuso para la planilla del 2020 que se radica en el 2021. Quienes ya lo hayan pagado puede solicitar se les reembolse y se supone lo reciban en 45 días.

Hay otro nuevo requisito en el caso de la deducción de gastos. En esencia, para poder tomar una deducción, (1) el gasto debe ser uno que se reportó en una informativa, como salarios o servicios personales, (2) que se puede corroborar por el Departamento de Hacienda, por ejemplo, depreciación o pagos de agua y luz o (3) que se validó por un contador público autorizado. Esta validación se hace mediante la preparación de un informe llamado Agreed Upon Procedure (“AUP”). El requisito de someter un AUP se pospuso también hasta el 2020 y no aplicará a las planillas del 2019.

Ratificaciones

Al comienzo de la pandemia de COVID-19 la gobernadora Wanda Vázquez anunció varias disposiciones posponiendo la radicación de declaraciones o el pago de contribuciones. Éstas fueron recogidas en varias cartas circulares del Departamento de Hacienda. Incluían entre otras posponer las radicaciones de las planillas de contribución sobre ingresos hasta el 15 de julio, posponer la radicación y el pago de las planillas del IVU, conceder una exención del IVU en el caso de revendedores hasta el 30 de junio, permitir un plan de pagos hasta marzo de 2021 para las contribuciones del 2019 y eliminar la retención de 10% en el pago de servicios hasta el 30 de junio. La Ley 57 ratifica la facultad del Ejecutivo para dichas concesiones.

Otras disposiciones

La Ley 57 también tiene un mandato a las agencias e instrumentalidades del gobierno de pagar cualquier factura acumulada y certificada pendiente a la fecha de la firma de la ley en un término de 15 días calendarios.

En el caso de facturas acumuladas y certificadas durante la vigencia de la ley, el pago se tendrá que hacer en 30 días desde la certificación.

La Ley 57 provee un mandato al titular del Departamento de la Familia para que 10 días luego de la firma de la ley se solicite al Departamento de Agricultura Federal que mientras dure la emergencia del COVID-19 se permita usar la tarjeta del PAN en restaurantes.

Qué se quedó fuera

La versión original de la Ley 57 proveía un crédito de retención de empleos local y unos subsidios a hospitales. Al Puerto Rico recibir fondos bajo el CRF se asignaron fondos para estas partidas por el Ejecutivo y ya no eran parte de la legislación.

La Ley 57 es una sumamente densa y compleja, y su aplicación en ciertas áreas requerirá clarificación adicional. Por lo que recomendamos se asesore sobre el impacto sobre usted y su empresa.

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