La Haya, Países Bajos - La corte más alta de la ONU emitirá el miércoles una opinión histórica sobre el cambio climático, una decisión que podría establecer un punto de referencia legal para la acción global ante la crisis climática.

Después de años de presión por parte de las naciones insulares vulnerables que temen desaparecer bajo el aumento del nivel del mar, la Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia en 2023 una opinión consultiva, una base no vinculante pero importante para las obligaciones internacionales.

Un panel de 15 jueces tuvo la tarea de responder dos preguntas. Primero, ¿qué están obligados a hacer los países en virtud del derecho internacional para proteger el clima y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias legales para los gobiernos cuando sus actos, o la falta de acción, han dañado significativamente el clima y el medio ambiente?

“Las apuestas no podrían ser mayores. La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros está en juego”, dijo Arnold Kiel Loughman, fiscal general de la nación insular de Vanuatu, ante la corte durante una semana de audiencias en diciembre.

En la década hasta 2023, el nivel del mar aumentó en un promedio global de alrededor de 1.7 pulgadas, y algunas partes del Pacífico aumentaron aún más. El mundo también se ha calentado 2.3 grados Fahrenheit desde la época preindustrial debido a la quema de combustibles fósiles.

Vanuatu es uno de un grupo de pequeños estados que impulsan la intervención legal internacional en la crisis climática, pero afecta a muchas más naciones insulares en el Pacífico Sur.

“Los acuerdos que se están haciendo a nivel internacional entre los estados no se están moviendo lo suficientemente rápido”, dijo Ralph Regenvanu, ministro de cambio climático de Vanuatu, a The Associated Press.

Cualquier decisión de la corte con sede en La Haya sería un consejo no vinculante e incapaz de obligar directamente a las naciones ricas a actuar para ayudar a los países en dificultades. Sin embargo, sería más que un poderoso símbolo, ya que podría servir como base para otras acciones legales, incluidas las demandas nacionales.

“Lo que hace que este caso sea tan importante es que aborda el pasado, el presente y el futuro de la acción climática. No se trata solo de objetivos futuros, sino que también aborda la responsabilidad histórica, porque no podemos resolver la crisis climática sin confrontar sus raíces”, dijo Joie Chowdhury, abogada principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional, a AP.

Los activistas podrían presentar demandas contra sus propios países por no cumplir con la decisión y los estados podrían regresar a la Corte Internacional de Justicia para responsabilizarse mutuamente. Y lo que digan los jueces se utilizará como base para otros instrumentos legales, como los acuerdos de inversión, dijo Chowdhury.

Estados Unidos y Rusia, ambos importantes estados productores de petróleo, se oponen firmemente a que la corte ordene reducciones de emisiones.

Simplemente tener a la corte emitiendo una opinión es lo último en una serie de victorias legales para las pequeñas naciones insulares. A principios de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países tienen el deber legal no solo de evitar daños ambientales, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que los países deben proteger mejor a su gente de las consecuencias del cambio climático.

En 2019, la corte suprema de los Países Bajos emitió la primera gran victoria legal para los activistas climáticos cuando los jueces dictaminaron que la protección contra los efectos potencialmente devastadores del cambio climático era un derecho humano y que el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.