La abogada Ruth Santiago. (GFR Media)

En el barrio Aguirre de Salinas, la lucha contra la quema de petróleo para producir energía data, al menos, de 44 años. Poco más de dos décadas después, los residentes del barrio Jobos de Guayama se unieron –en una causa similar– en repudio a la quema de carbón.

En San Juan, específicamente en Puerto Nuevo, la lucha contra la importación y quema de gas natural apenas inicia. Quizás, la cruzada ambiental más conocida en la capital es la que llevan, hace 18 años, los vecinos de las ocho comunidades aledañas al caño Martín Peña para lograr el dragado de ese cuerpo de agua.

Sea en el sur o norte de la isla, estas comunidades comparten ciertas características: económicamente desventajadas, población mayoritariamente afrodescendiente y vulnerabilidad en términos de infraestructura y a eventos como inundaciones, entre otros. En general, los problemas ambientales les afectan desproporcionadamente respecto a otras comunidades del país. Son, por lo tanto, comunidades de justicia ambiental.

Con ellos en mente, la abogada Ruth Santiago asumió, el pasado lunes, su puesto como miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, un grupo creado –mediante orden ejecutiva– por el presidente Joe Biden para abordar la crisis climática en Estados Unidos y sus jurisdicciones. En total, 26 personas fueron nombradas al Consejo Asesor y Santiago es la única de Puerto Rico.

Entre sus múltiples tareas, Santiago dará consejos y recomendaciones al Consejo de Calidad Ambiental –adscrito a la Oficina del Presidente– y al Consejo Interagencial de Justicia Ambiental de la Casa Blanca sobre cómo abordar las injusticias ambientales actuales e históricas. Además, trabajará en colaboración con la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), que financiará y brindará apoyo administrativo al Consejo Asesor.

“Puerto Rico parecería ser, en su totalidad, un área de justicia ambiental, pero hay comunidades más afectadas que otras. Hay que amplificar esas voces, llevar su información porque el desconocimiento es inmenso y presionar para caminar hacia las soluciones”, dijo Santiago.

Prioridad: energía

Para la abogada, una de sus prioridades será visibilizar “el problema de las plantas eléctricas que queman combustibles fósiles y que son las principales fuentes de contaminación por aire en Puerto Rico”. Para ello, usará –entre otros– los testimonios de Hery Colón Zayas, facilitador de La Casa Comunitaria de Medios y vecino de Aguirre en Salinas; Aldwin Colón, portavoz de Guayameses Unidos por la Salud y residente en el sector Puerto Jobos de ese municipio; y la reverenda Sary Rosario, pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo en Toa Alta y vecina de Puerto Nuevo en San Juan.

“Vivo a dos calles de la termoeléctrica, en Aguirre, y con el paso del tiempo me di cuenta de que la comunidad se está quedando sorda y que, en mi caso, este asunto ha creado un nerviosismo increíble. Padezco de sinusitis, mi mamá tiene como diez condiciones que se agravan con la operación de la termoeléctrica y lo típico aquí es que muchos vecinos tengan problemas respiratorios y cáncer”, dijo Colón Zayas, quien denunció, además, el ruido que emite la termoeléctrica y la presunta contaminación del Acuífero del Sur, único abasto de agua potable en Salinas.

“La lucha de nosotros es la misma: por la salud y en contra de la contaminación que causa la quema de carbón. Vivimos a una milla de la planta y los problemas de salud se han acumulado por 18 años: cáncer, enfermedades cardiovasculares y todo tipo de enfermedades respiratorias. En mi calle, son solo nueve casas y, en cuatro de ellas, somos pacientes de cáncer. Pedimos que cierren la planta, que saquen las cenizas, que limpien el acuífero y que compensen a los enfermos”, expresó, por su parte, Colón.

Para Rosario, quien vive a una milla de la central San Juan, que ahora tiene dos unidades que operan con gas natural importado, la experiencia de los vecinos de Salinas y Guayama es lamentable, pero, a la vez, inspiradora hacia luchar por una mejor calidad de vida. Contó que no era asmática hasta que se mudó a Puerto Nuevo, hace ocho años, y que en su casa “siempre hay que limpiar un montón porque llega un polvo negro”. De la operación con gas natural, le preocupan los efectos de una posible explosión y que la instalación se construyó sin el permiso de operación de la Comisión Federal Reguladora de Energía. La compañía operadora está en trámites de obtener dicho permiso. “Todo esto nos afecta tanto física como emocionalmente. Nos preocupa la salud y seguridad de la comunidad, y hacemos un pedido a la recuperación”, expresó.

Santiago espera que el Consejo Asesor acoja estos testimonios, en aras de adelantar la integración de fuentes de energía renovable en la isla, principalmente solar y baterías de almacenamiento.

También, confía en que se logrará el dragado del caño Martín Peña, un proyecto que Lucy Cruz, presidenta del G-8, organización que agrupa a las comunidades aledañas, describió como “de país”.

“Si el dragado se hace, se alivia el problema de inundaciones en San Juan y varios pueblos. Este es un proyecto de vital importancia. Somos más de 21,000 residentes en estas comunidades, que nos afectamos cuando las aguas del caño se desbordan porque, como está obstruido, no son aguas limpias. Llevamos 18 años levantando la voz, y estamos reclamando que se actúe ya”, afirmó Cruz.

Apuesta a la diáspora

Cuestionada sobre cómo priorizará los asuntos de Puerto Rico en el Consejo Asesor, Santiago dijo que enfatizará en que “es el momento crítico” para la isla en el contexto de la recuperación tras los huracanes Irma y María, en 2017. También, apostará al apoyo de la diáspora boricua y otros grupos “de buena fe”.

“En tercer lugar, la administración Biden ha dicho que uno de sus ejes más importantes es atender la crisis climática, y eso cambia toda la agenda federal para lograr que se encaminen los esfuerzos”, acotó.

Santiago fungirá voluntariamente como miembro del Consejo Asesor, al menos, por dos años.

Otras entidades, como la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Amigos del Río Guaynabo, El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, el Comité Diálogo Ambiental y el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, celebraron la designación de Santiago, a quien describieron como su “aliada en Washington”.

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