Justin Peterson, nombrado por el presidente Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal. (Página de DCI Group) (Suministrada)

Washington D.C. Justin Peterson, el nuevo integrante de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), expresó preocupación sobre cómo ha crecido el equipo del ente fiscal, incluyendo sus contratistas, y el gasto referente al proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico.

"¿Cómo gastas $700 millones en honorarios legales y no logras mucho en términos de un progreso significativo en los acuerdos (de reestructuración)? Nunca había oído hablar de honorarios de esa escala”, señaló Peterson, en una entrevista esta semana con la publicación Reorg.

Peterson – socio administrador de DCI Group y cuya firma representó a acreedores de obligaciones generales-, había indicado previamente que el presidente Donald Trump le ha pedido que haya “transparencia” en la JSF, que por medio de la Ley Promesa, que creó un proceso para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico-, funciona por encima del gobierno electo de Puerto Rico.

Según Peterson, quiere acelerar la salida de la JSF, que – bajo Promesa- controlaría las decisiones financieras públicas de la isla por lo menos hasta el verano de 2025. “La [ley] dice llega a acuerdos, reestructura la deuda, ayudar a promulgar reformas fiscales. Cuando esas cosas sucedan, vendrán la inversión, el capital y el desarrollo”, afirmó Peterson.

Dijo además que quiere ser un “catalizador” para ejecutar los acuerdos con los acreedores y ayudar al presidente Trump – si revalida en unas dos semanas-, a “facilitar el desarrollo y hacer que Puerto Rico sea más atractivo para los inversionistas”.

Al hacer referencia a las expresiones de Trump a favor de incentivar la manufactura en la Isla, Peterson dijo que el inquilino de la Casa Blanca “está realmente enfocado en traer empleos e inversiones a Puerto Rico, pero para que eso suceda, la JSF tiene que hacer su trabajo bajo Promesa, y eso incluye cerrar los acuerdos (de reestructuración)”.

Ante las críticas que ha recibido por sus vínculos con los bonistas de obligaciones generales y la campaña de descrédito que DCI coordinó en contra del gobierno de Puerto Rico, Peterson afirmó que no iba a hacer comentarios sobre asuntos políticos de la isla.

Pero, de inmediato elogió a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a quien le donó $2,700 en 2016 y denunció que el nuevo miembro de la JSF aparenta tener conflictos de intereses. “La comisionada residente está haciendo un gran trabajo por Puerto Rico”, dijo Peterson.

Con el nombramiento de Peterson, el presidente Trump forzó la salida del exjuez Arthur González, quien como experto en bancarrota fue clave en las decisiones legales del ente fiscal.

La JSF tiene actualmente tres vacantes, aunque los otros tres miembros que ahora están con Peterson en el organismo – David Skeel, Ana Matosantos y Andrew Biggs-, también tiene sus nombramientos vencidos.

Esta semana, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) señaló que la speaker Nancy Pelosi está próxima a presentar al presidente Trump sus dos listas con recomendaciones para llenar dos de las vacantes de la JSF.