Washington D.C. - Después de caer en varios baches, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes terminó este jueves el trámite legislativo del gigantesco proyecto de reconciliación fiscal con la agenda del presidente Donald Trump, que incluye significativos recortes y cuyos beneficios contributivos elevará la deuda federal.

Con la votación, que terminó 218-214, la mayoría republicana - aunque estaba reacio a ella-, acogió totalmente la versión del Senado sobre una legislación que el presidente Trump había reclamado que estuviera en su despacho para este viernes, cuando Estados Unidos conmemora el 249 aniversario de su independencia y puede convertir en ley la legislación.

Dos republicanos, el moderado Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y el halcón fiscal Thomas Massie (Kentucky) votaron en contra, al igual que los 212 demócratas.

Al cerrar el debate, el speaker Mike Johnson (Luisiana) sostuvo que la medida extiende los alivios tributarios de la reforma contributiva de 2017, asigna fondos para la frontera y la deportación masiva de indocumentados, el Pentágono y elimina temporalmente los impuestos federales sobre las propinas, hasta $25,000.

“Estamos alcanzando todos esos logros, que individualmente serían un éxito, en un solo proyecto de ley”, dijo Johnson, al elogiar particularmente al líder de su partido, el presidente Trump y acentuar que ha tenido “tantas victorias”.

Momentos antes, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), ofreció un mensaje durante 8 horas, 44 minutos y 25 segundos, un récord para el hemiciclo cameral, para enfatizar sus duras críticas a la legislación, particularmente los recortes en Medicaid y la decisión de los republicanos de no imponer mayores tasas tributarias a los más ricos.

En total, la Cámara baja sesionó de forma consecutiva durante unas 29 horas, la mayor parte de ellas dedicadas al liderato republicano apagar la amenaza de conservadores que cuestionan el costo del proyecto y de moderados preocupados con los recortes a programas de bienestar social, de votar en contra.

Al liderato republicano le tomó más de 17 horas aprobar las reglas de debate. Brian Fitzpatrick terminó siendo el único miembro de la mayoría en oponerse a esa resolución.

“Cuando se trabaja en una pieza legislativa grande y completa, se espera que se necesite mucho tiempo adicional”, dijo Johnson, quien había pedido, sin éxito, al Senado que no hiciera cambios significativos a la legislación.

Con una mayoría de 220 a 212, con tres vacantes demócratas, los republicanos solo podían perder tres votos si todos los representantes, como ocurrió, estaban presentes y los legisladores de la minoría votaban en contra.

Los más conservadores habían advertido que el proyecto del Senado, adoptado el martes (51-50) y que al final tiene 870 páginas, va por encima del acuerdo de los republicanos de recortar al menos $1.5 billones (“trillions”, en inglés) en gastos.

La versión del Senado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), incluye una reducción presupuestaria, para la próxima década, de alrededor de $1.21 billones y los alivios tributarios tendrían un costo de $4.46 billones, lo que causaría un aumento en el déficit federal de $3.25 billones.

La mayor parte de los recortes presupuestarios caen sobre Medicaid ($923,000 millones), al que se le imponen, por vez primera, requisitos de trabajo a los beneficiarios que tienen entre 18 y 64 años –la versión de la Cámara comenzaba a los 19 años– y pueden trabajar, estudiar o rendir servicios voluntarios, por lo menos a tiempo parcial.

Ese requisito entrará en vigor en diciembre de 2026, es decir después de las elecciones legislativas de noviembre de ese año.

Bajo Medicaid, además, se limita la capacidad de los estados para establecer impuestos a proveedores que ayuden a financiar el programa. CBO ha calculado que 17 millones de personas pueden perder su plan médico, incluidos 12 millones de beneficiarios de Medicaid.

Los cambios en Medicaid no aplican a Puerto Rico y los demás territorios.

La legislación impone además a los estados aportar al costo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuyos requisitos de trabajo, que se igualarían con los de Medicaid.

Con su “minuto mágico”, el líder demócrata Jeffries rompió el récord de Kevin McCarthy, quien como líder de la minoría republicana, en 2021, ofreció un mensaje de 8 horas y 32 minutos en contra del proyecto de reconciliación fiscal del entonces presidente Joe Biden, que se conoció como “Reconstruir Mejor”.

El líder Jeffries mantuvo que su mensaje buscó evitar que el voto se diera en hora de la madrugada, como pudo haber ocurrido, sino “a la luz del día”.

Jeffries repasó el contenido de cartas que republicanos moderados - algunos en distritos ganados por la demócrata Kamala Harris en las presidenciales de 2024-, enviaron al liderato del Congreso para quejarse de medidas como los recortes a Medicaid y en las asignaciones a favor de energía verde para luego votar en favor de la legislación.

“Medicaid es importante y debe preservarse, porque Medicaid es importante para millones de personas en todo este gran país: niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, familias, en todos los rincones de Estados Unidos”, dijo Jeffries, quien relató testimonios de ciudadanos que necesitan Medicaid para sobrevivir y de su vida personal.

Ante el estimado de que la medida aumentará en $3.25 billones la deuda federal, Jeffries sostuvo que los republicanos nunca podrán “darnos lecciones sobre responsabilidad fiscal, son el partido de la irresponsabilidad fiscal”.

Además, Jeffries recordó que debido a que la medida aumenta la deuda federal, CBO ha advertido que, bajo la norma legal actual, tiene que dispararse un recorte anual de un 4% en Medicare o $490,000 millones en una década.

Al hacer referencia al proyecto 2025 que ha servido de guía para la segunda administración Trump, Jeffries sostuvo que ahora se verá “el Proyecto 2026″, en referencia a las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en las que los demócratas buscarán recuperar la mayoría cameral.

Los republicanos han hecho énfasis en la asignación de alrededor de $160,000 millones para la seguridad en la frontera y financiar las deportaciones masivas de personas con estatus migratorio indefinido, entre muchos asuntos incluidos en la legislación.

La medida del Senado, a su vez, impulsa elevar permanentemente de $2,000 a $2,200, el crédito por niños dependientes, que tiene plena vigencia en Puerto Rico y sin nueva legislación caería a $1,000 en enero.

También exime de impuestos federales por cinco años, hasta $25,000, las propinas y el pago de horas extras a empleados en puestos “no profesionales” que ganan hasta $35,568.

La legislación permite, a su vez, deducir en la planilla federal el pago de préstamos de autos manufacturados en Estados Unidos y, dependiendo de los ingresos, que los adultos mayores de 65 años o más puedan deducir de sus impuestos federales $6,000 en el caso de individuos y $12,000 si rinden como pareja.

“Las familias trabajadoras de Estados Unidos tienen hambre, hambre de este tipo de cambio”, dijo el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana), al defender la legislación.

Por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que los republicanos aprobaron un proyeccto que “hará a los estadounidenses más enfermos, más hambrientos y más pobres, mientras canaliza más dinero a los ultra ricos”.

La oposición al proyecto del Senado que expresaron durante varias horas miembros del Freedom Caucus, que son unos 30 de los republicanos más conservadores, llegó a poner en duda la aprobación de la medida entre el miércoles y la madrugada del jueves.

Sus integrantes cuestionaron, entre otros asuntos, que se hayan elevado los costos de la legislación y elevan el déficit federal.

“Si analizamos la totalidad de esto, no creo que esto logre lo que el presidente y la administración estaban trabajando para lograr… Mis colegas en el Senado nos fallaron”, dijo el miércoles Chip Roy (Texas), uno de los congresistas del Freedom Caucus que suele objetar el nivel de gastos del gobierno federal, pero terminó votando a favor de la legislación.

El miércoles, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) ofreció un mensaje en el hemiciclo para cuestionar que se ofrezca una exención limitada de cinco años en el pago de impuestos federales por propinas, en momentos en que se buscan ahorros en los programas Medicaid y de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

“Como una de las pocas personas en este organismo que ha vivido de las propinas, quiero contarles un poco sobre la estafa de ese texto. Un poco de la letra pequeña. El límite es de $25,000, mientras suben los impuestos a quienes ganan menos de $50,000 en todo Estados Unidos, les quitan el (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) SNAP, les quitan Medicaid, les expulsan de la ACA (Obamacare) y de sus extensiones de atención médica. Si están en casa y viven de las propinas, hagan los cálculos”, dijo Ocasio Cortez, electa por un distrito de Nueva York.

Al criticar los ahorros que busca la legislación en programas como Medicaid y la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, sostuvo que la legislación “proporciona la mayor transferencia de riqueza de la clase trabajadora y la clase media a los súper ricos en la historia”.

“Se está cometiendo un crimen en ese edificio”, dijo Espaillat, en una conferencia de prensa en los alrededores del Capitolio con sus colegas demócratas hispanos.

El Senado hizo múltiples cambios a la legislación, incluidos acelerar la expiración de los fondos para combatir el cambio climático de la ley Reducción de Inflación. Por ejemplo, los créditos fiscales expirarían el 30 de septiembre, cuando termina este año fiscal.

Además, la medida incrementaría a 5 billones el techo de la deuda federal, que la Cámara baja originalmente aspiraba a subir a 4 billones. En el Senado, además, se excluyó lenguaje que buscaba frenar la posibilidad de que los estados regularan los programas de “inteligencia artificial”.

En el caso de Puerto Rico, la legislación elimina un trato preferente en el acceso al programa de zonas de oportunidad y hace permanente, de forma prospectiva a partir de enero de 2026, el aumento que se ha legislado en los últimos años en el reembolso por el arbitrio federal al ron importante desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La medida, a su vez, eleva a 14% el impuesto a las corporaciones de control foráneo – que son parte importante de la industria de la manufactura de Puerto Rico- que se ha conocido como Gilti, impuesto global sobre la propiedad intelectual. La forma de calcular ese impuesto también sufre cambios.

Aunque Puerto Rico está fuera de los cambios en los programas de Medicaid, la minoría demócrata sostiene que la congelación que se hace en el Plan de Alimentos Económicos (Thrifty Food Plan), evitará un crecimiento adicional de $1,000 millones en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). El plan presupuestario de Trump, de todos modos, prevé un aumento de $72 millones para el PAN durante el próximo año fiscal federal.