Capitolio de los Estados Unidos.
Capitolio de los Estados Unidos. (Teresa Canino Rivera)

Washington D.C. – Académicos puertorriqueños afirmaron hoy que vincular al Congreso con una Convención de Status como la que proponen las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez es la oportunidad de generar un debate “amplio y transparente” sobre las alternativas descolonizadoras que tiene Puerto Rico de cara a su futuro político.

“Es fundamental que la gente en Puerto Rico tome una decisión informada”, indicó Rafael Cox Alomar, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia (UDC) en una sesión informativa para funcionarios del Congreso en torno al proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez, que propone además un referéndum de alternativas de status fuera de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.

La sesión- auspiciada por las oficinas de Velázquez y Ocasio Cortez previo a una audiencia que convocó para el 16 de junio el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja-, incluyó a los profesores de las escuelas de Derecho de las universidades de Puerto Rico (UPR), Efrén Rivera Ramos, e Interamericana (Inter), Annette Martínez Orabona.

“El proceso (de libre determinación de Puerto Rico) tiene que ser transparente, inclusivo y educativo”, indicó Martínez Orabona, de la Clínica de Derechos Humanos de la Inter.

Martínez Orabona ha acentuado que una de las exigencias de todo proceso que involucre el debate sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos debe ser que toda la documentación se le provea a los ciudadanos de la isla en su idioma vernáculo, el español.

“Este es un asunto de relaciones internacionales porque somos un pueblo distinto”, señaló la profesora Martínez Orabona en un evento, por internet, que fue organizado por los grupos Power4PuertoRico, Center for Popular Democracy, Boricuas Unidos en la Diáspora y el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago.

También advirtió que el derecho internacional “toma con precaución” las alternativas de anexión al país que ejerce el control político y económico sobre una colonia.

Rivera Ramos cuestionó que tanto Estados Unidos como Puerto Rico puedan encaminar un proceso en el que la estadidad sea la única alternativa de status, a base de un referéndum que fue ordenado por un solo partido, tuvo una participación de 54% y en el que el 52.5% de los votantes favoreció la idea de convertir la Isla en un estado de Estados Unidos.

En medio de la campaña para elegir a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, “no se le dio suficiente atención a la implicación de lo que representaría” convertir la Isla en un estado y esa alternativa debe requerir, para beneficio de ambas partes, un apoyo sustancial y sostenido, sostuvo Rivera Ramos.

“Unirse a la Unión es una decisión a perpetuidad”, agregó Cox Alomar, quien fue candidato a comisionada residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones de 2012 y apoya la libre asociación.

Los tres académicos indicaron que el proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez facilitaría crear una comisión que negocie con el Congreso el proceso de transición de las tres alternativas de status no territoriales – independencia, libre asociación y estadidad-, e incluir áreas como las contribuciones y la ciudadanía.

“No creo que mucha gente conozca cuales serían las consecuencias” en los ciudadanos y corporaciones de las contribuciones federales sobre ingresos, sostuvo Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la UPR.

Rivera Ramos señaló que las expresiones de Velázquez en el sentido de que la Convención de Status pueden incluir alguna otra alternativa de status no territorial que no sean la libre asociación, la independencia y la estadidad, no le preocupan. “Si alguien viene con otra propuesta será examinada. Si no es constitucional será descartada”, agregó.

Rivera Ramos afirmó además que en términos legales, políticos y prácticos la libre asociación, aunque sea una fórmula soberana, es distinta a la independencia.

“Estados Unidos no ve a Filipinas y las Islas Marshall como una misma relación”, sostuvo.

Rivera Ramos fue parte de una docena profesores de las universidades de Puerto Rico, Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica (PUCPR) que en abril rehusaron firmar la carta a favor del proyecto pro estadidad.

Entonces, ese grupo de profesores de la isla afirmó que debería haber consenso en que “en los 123 años de su relación con Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos nunca ha hecho una oferta clara y vinculante a los puertorriqueños con respecto a la estadidad, la independencia o la libre asociación, detallando, desde la perspectiva de Estados Unidos, los términos y condiciones de cada opción, en una forma que pueda ayudar al pueblo de Puerto Rico a tomar una decisión informada con respecto a su futuro político con la mayor conciencia posible de las consecuencias esperadas de su determinación”.

En aquel momento, 44 profesores de Estados Unidos y tres de Puerto Rico - encabezados por la puertorriqueña Christina Ponsa Krans, de Columbia University-, cuestionaron las expresiones de que puede haber otra alternativa de status no territorial que no sean la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Ponsa Krans ha indicado además que el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez es inconstitucional por querer vincular al Congreso con un proceso que se extenderá por más de una sesión legislativa.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja convocó para el miércoles una segunda audiencia en la que escuchará testimonios de representantes de la sociedad civil sobre el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez y el 1522 del demócrata Darren Soto (Florida) y la republicana Jenniffer González, comisionada residente en Washington).

La medida de Soto y González propone un referéndum federal estadidad sí o no que estaría atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado 51.

El proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez es apoyado por 77 demócratas, incluyéndolas a ellas. En el Senado, la respaldan ocho demócratas y dos republicanos. La legislación de Soto y González, mientras, es respaldada en total por 51 demócratas y 17 republicanos de la Cámara baja, y cuatro senadores demócratas.

Grupos estadistas han convocado a una manifestación pública para el martes, en los alrededores del Capitolio federal, para exigir la aprobación del proyecto pro estadidad.

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