Para Ritchie Torres, la ley Promesa debe ser reemplazada con el otorgamiento a Puerto Rico del poder para reestructurar su deuda pública sin imponer una junta de control fiscal. (AP / Richard Drew)
La medida presentada por Ritchie Torres (arriba) reduciría de cuatro a dos años la exigencia de presupuestos consecutivos equilibrados certificados por la JSF, creada por la ley Promesa que, además, estableció un sistema judicial territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico. (The Associated Press)

Washington D. C. – En momentos en que se achica el calendario legislativo en el Congreso, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una resolución de respaldo al proyecto de ley del congresista demócrata boricua Ritchie Torres que persigue acelerar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Esta semana, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó - mediante votación de 48 a 1-, una resolución de respaldo al proyecto federal, la cual fue presentada por la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD).

El único voto en contra fue del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, quien indicó que su colectividad reclama eliminar de inmediato la JSF y objetó el lenguaje de la resolución que alude a que el proyecto de ley de Torres “provee un mecanismo para devolverle el poder al pueblo de Puerto Rico y, en consecuencia, a sus oficiales electos democráticamente”.

La legislación federal, “no le devolvería ningún poder democrático” a Puerto Rico, que seguiría sujeto al Congreso y a una relación colonial, sostuvo Márquez.

Previamente, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Pedro Pierluisi habían respaldado la legislación de Torres, que persigue la salida de la JSF, entidad que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, 90 días después de que se certifiquen dos presupuestos equilibrados consecutivos, en vez de los cuatro que establece la ley Promesa.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha tenido la intención de traer este verano a discusión la legislación de Torres.

Pero, en medio de las continuas negociaciones sobre un potencial proyecto de ley que regule un plebiscito federal sobre el futuro político de Puerto Rico, ha quedado en el aire la convocatoria a una audiencia pública sobre la legislación del congresista Torres.

“No sé”, dijo el miércoles Grijalva cuando se le preguntó si podrá haber una audiencia pública en julio sobre el proyecto de Torres. En San Juan, Grijalva reafirmó su interés en avanzar una legislación suya dirigida a suavizar la ley Promesa que creó la JSF. No obstante, el liderato demócrata cameral no quiso adelantar aquella propuesta.

Ahora, el borrador de legislación sobre la convocatoria de un plebiscito incluye eliminar la JSF. No obstante, esa medida, si fuera aprobada por la Cámara baja, se augura que será frenada en el Senado.

La Cámara baja federal suspendió sus sesiones hasta el martes. La semana próxima sesionará hasta el viernes 24, cuando recesará hasta el 12 de julio. Las sesiones de julio se extenderán hasta el 29 de julio, día en que comienza el receso de agosto, que este año termina el 13 de septiembre.

La resolución de los representantes del PPD, presentada el pasado 25 de mayo y aprobada el martes, sostiene que “la libertad y la democracia son pilares de nuestro gobierno y debe ser nuestro norte abogar por fortalecerlas, ante lo cual se nos hace obligatorio promover e impulsar políticas que incidan con esta finalidad”.

“Es momento de alzar nuestra voz y unirnos a todos los esfuerzos que tengan como objetivo devolverle, con la mayor prontitud posible, el control y poder al pueblo de Puerto Rico de sus finanzas públicas”, agregó la resolución.

Mientras, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, votó a favor de la resolución y elogió que el proyecto de Torres aspire a terminar con una Junta que “no solo ha agravado la naturaleza colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, sino que también ha impuesto políticas económicas detrimentales que menoscaban nuestra habilidad de reconstruir a Puerto Rico luego de una serie de desastres naturales y una pandemia global”.

Si hay un consenso entre todos los partidos políticos es que el régimen antidemocrático de la Junta tiene que acabar. Ya es hora que el pueblo de Puerto Rico recupere su derecho de votar por funcionarios con la autoridad de establecer prioridades económicas y fiscales que urgen para nuestras islas”, sostuvo José Bernardo Márquez, un proponente de la estadidad para Puerto Rico.

La Únión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), por su parte, había escrito a Torres, Grijalva y otros congresistas para indicar que la medida “es muy poco, muy tarde”.

“La única alternativa es devolver a Puerto Rico a sus poderes soberanos a través de un proceso justo de descolonización”, indicó en una carta en mayo el presidente de la UTIER, Angel Figueroa Jaramillo, al acentuar que la medida no corrige “las injusticias” ocurridas bajo la ley Promesa.

El proyecto de ley de Torres impulsa eliminar el requisito que impone la ley Promesa de junio de 2016 para que la JSF tenga que autenticar que el gobierno puertorriqueño ha logrado acceso a tasas razonables, a mediano y corto plazo, para poder terminar sus funciones.

La medida reduciría de cuatro a dos años la exigencia de presupuestos consecutivos equilibrados certificados por la JSF, creada por la ley Promesa que, además, estableció un sistema judicial territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.

Al gobierno de Puerto Rico le tocaría entonces adoptar una resolución para regular cómo asumirían las funciones de la JSF.

Estados Unidos tiene una larga tradición de colonizar a Puerto Rico y la Junta representa lo peor. La gente de Puerto Rico debe ser gobernada por sus funcionarios electos, no por una Junta Fiscal”, indicó Torres el pasado domingo durante la jornada del Desfile Puertorriqueño de Nueva York.

El proyecto de ley de Torres es coauspiciado por 11 legisladores de la Cámara baja, incluidos los otros cuatro boricuas del Congreso, la comisionada residente en Washington Jenniffer González - republicana-, y los demócratas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Darren Soto (Florida).

La comisionada González, sin embargo, es la única republicana que respalda la legislación, que difícilmente pueda aprobarse en esta sesión en la Cámara baja y tiene un camino muchísimo más complicado en un Senado dividido por la mitad entre demócratas y republicanos.

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