A partir de hoy, miércoles, los servicios del gobierno federal estarán limitados ante la falta de un presupuesto que financie plenamente sus funciones.

Pero, más aún, justo antes comenzar el cierre parcial del gobierno federal, el presidente Donald Trump y su equipo avivaron sus amenazas de que consideran ordenar despidos masivos y recortes a programas de bienestar social.

“Gracias al cierre, podemos hacer cosas en el ámbito de salud y de otras maneras, incluyendo las prestaciones. Podemos recortar un gran número de personas”, indicó Trump el martes, antes de que volvieran a fracasar en el Senado las resoluciones que buscaban dar continuidad al presupuesto vigente.

Bajo la dirección de una comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderada por el multimillonario Elon Musk, el gobierno de Trump ya despidió o forzó la renuncia de cerca de 200,000 empleados federales, según Federal News Network.

El Senado, de mayoría republicana (53 a 47), derrotó el martes en la noche –por segunda vez– las resoluciones de cada partido que buscaban extender el presupuesto federal.

Los republicanos propusieron darle continuidad al presupuesto del pasado año fiscal –que terminó el martes– hasta el 21 de noviembre. Los demócratas querían una resolución que financiara el presupuesto hasta el 31 de octubre, pero que, además, al menos, se extendieran de forma permanente los subsidios para los planes médicos de Obamacare.

Solo tres miembros del caucus demócrata favorecieron la medida republicana en el Senado. Ningún republicano apoyó la resolución demócrata. La medida republicana había sido aprobada en la Cámara baja, el 19 de septiembre, con el respaldo de un solo demócrata.

“Tras meses de complicar y encarecer la vida, Donald Trump y los republicanos han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense... En los últimos días, el comportamiento del presidente Trump se ha vuelto más errático y descontrolado. En lugar de negociar un acuerdo bipartidista de buena fe, publica obsesivamente videos ultrafalsos”, indicaron, en una declaración conjunta, los líderes de la minoría, el senador Charles Schumer y el congresista Hakeem Jeffries, ambos electos por Nueva York.

Esta mañana, comenzó a ser visible el cierre, el primero desde diciembre de 2018, ocurrido también durante la primera administración de Trump (2017-2020). Es el cuarto cierre parcial del gobierno federal bajo su liderato.

Aunque hay servicios que no se afectarán –como los trámites del Seguro Social, de los beneficios para veteranos de las Fuerzas Armadas, por desempleo, la expedición de pasaportes, el acceso a Medicaid, Medicare y las actividades en los aeropuertos–, todo puede funcionar con menos agilidad y personal.

Normalmente, un cierre del gobierno provoca el cierre de los parques nacionales –como el Bosque Nacional El Yunque y el Castillo San Felipe del Morro–, pero esta vez se ha anunciado que, en su mayoría, permanecerán abiertos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) calculó que cerca de 750,000 empleados federales pueden ser enviados a sus casas. En el más reciente cierre parcial, que comenzó en diciembre de 2018 y terminó en enero, alrededor de 850,000 empleados del gobierno federal dejaron de trabajar, incluidos unos 4,500 en Puerto Rico. Aquel cierre duró 35 días.

“Utilizando información de los planes de contingencia de las agencias y de la Oficina de Administración de Personal, la CBO estima que, ante una interrupción en la financiación discrecional para el año fiscal 2026, aproximadamente 750,000 empleados podrían ser suspendidos temporalmente cada día; el costo diario total de su compensación sería de aproximadamente $400 millones”, indicó Phillip Swagel, director de la CBO, en una carta enviada a la senadora republicana Joni Ernst (Iowa).

Swagel advirtió que “el número de empleados suspendidos temporalmente podría variar cada día, ya que algunas agencias podrían suspender a más empleados cuanto más se prolongue el cierre y otras podrían volver a contratar a algunos empleados inicialmente suspendidos temporalmente”.

La ley exige que, una vez se reestablezcan las asignaciones discrecionales del gobierno federal, “los empleados reciban su salario regular, ya sean empleados exceptuados que trabajan durante un cierre u otros que hayan sido suspendidos temporalmente”.

No debe haber problemas con el trámite de la asistencia nutricional y la ayuda del programa WIC durante un corto tiempo, que suelen tener aún fondos al terminar el año fiscal federal. Pero, si el cierre parcial dura más de un mes, esos pagos también pudieran estar frenados.

En cuanto al Departamento de Educación, el cierre no afectará el desembolso de ayuda estudiantil, como las becas Pell y los préstamos estudiantiles. Tampoco se afectará el financiamiento de las subvenciones del programa Título I y de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades.

En el área de salud, además de continuar la asistencia de Medicaid y Medicare, el gobierno federal podrá seguir financiando experimentos en curso en los Institutos Nacionales de la Salud y el programa de Vacunas Infantiles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los militares en servicio activo deberán reportarse a trabajar, al igual que ocurre con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y otros empleados en labores de seguridad. En ese sentido, la fiscalía federal de San Juan anunció que seguirá funcionando durante el cierre parcial.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias mantendrá sus funciones, al igual que la asistencia por desastres de la Agencia federal de Protección Ambiental y los préstamos de emergencia de la Administración de Pequeños Negocios.

Desde 1981, han ocurrido 14 cierres parciales del gobierno federal, de acuerdo con el Servicio de Investigaciones del Congreso.

El Congreso no ha aprobado a tiempo un nuevo proyecto de presupuesto desde 1996. A partir de entonces, las autoridades estadounidenses han dependido de resoluciones temporales de presupuesto para evitar un cierre parcial del gobierno federal.

Al participar en la noche del martes en la manifestación “Salud por encima de los millonarios”, Jeffries señaló que “estamos en esta lucha hasta ganarla”.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana), sostuvo que los demócratas “quieren una pelea con Trump”, pero afirmó que “mucha gente buena va a sufrir a causa de esto”. Johnson y el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), dijeron que están dispuestos a volver a conversar –no lo hicieron hasta la reunión del lunes con Trump–, una vez se reabra todo el gobierno federal.

Para la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), “los republicanos deben sentarse a la mesa para abordar la crisis sanitaria que han creado. Hasta entonces, están solos”.