Washington D.C. - Una coalición de grupos de Puerto Rico y la diáspora considera que organizaciones vinculadas a beneficiarios de la antigua Ley 22 buscan lucrarse, incluso, al cumplir con los donativos caritativos que exige el estatuto puertorriqueño.

Como parte de un informe publicado el martes, en el que presentan sus hallazgos sobre el funcionamiento de organizaciones de beneficiarios de la Ley 22, la coalición Puerto Rico No Se Vende, Hedge Clippers y el Centro para la Democracia Popular (CDP) hicieron, además, un nuevo llamado a los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico para que se eliminen esos privilegios tributarios, ahora atados a la Ley 60 de 2019.

Por un lado, alegaron que la organización Rain & Rose Fund –fundada por Michael Basile– dice tener entre sus objetivos dar los donativos que recibe a esfuerzos destinados “directamente a la lucha contra la pobreza”, pero, en 2021, recibió $795,907, y sus estados financieros indican que solo otorgó el 6% ($47,154) a organizaciones benéficas puertorriqueñas.

También, aludieron a la organización Sociedad Ley 20/22 –fundada por Robb Rill–, que afirma tener como misión ayudar a los beneficiarios de esos programas a comprender “los requisitos y aclarar la información errónea (para) ayudar a prevenir un escrutinio indebido y no deseado”, y “preservar” sus beneficios.

“En la práctica, la Sociedad Ley 20/22 funciona más como una poderosa asociación comercial o grupo de presión que como una organización sin fines de lucro”, alegó el informe.

En los últimos meses, la coalición Puerto Rico No se Vende solicitó, sin éxito, al Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) información sobre las auditorías que realiza en torno a un centenar de millonarios beneficiarios de la Ley 22 que pueden haber reclamado ilegalmente residir en la isla para no pagar impuestos a nivel federal, o reducir esa carga contributiva.

Bajo la antigua Ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019, conocido como el Código de Incentivos de Puerto Rico, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

Los requisitos de la ley incluyen donar, al menos, $10,000 anuales a organizaciones benéficas locales.

El análisis de las organizaciones que fiscalizan la antigua Ley 22 recuerda que el informe de gastos tributarios del gobierno puertorriqueño para el año fiscal 2023 sostiene que Puerto Rico perdió alrededor de $2,220 millones en ingresos relacionados con ese estatuto entre 2017 y 2023.

“Sigue siendo increíble ver cómo, incluso, el requisito de donación filantrópica de la ley ha sido manipulado por los beneficiarios para su propio beneficio. Como si no fuera suficiente que estas personas estén exentas de impuestos y no tengan requisitos de inversión por ley, ni siquiera pueden donar a organizaciones filantrópicas locales sin aprovecharse de alguna manera”, indicó Julio López Varona, codirector de las campañas del CDP.

Miembros del Congreso y las legislaturas municipales de Chicago (Illinois) y San Luis (Misuri) han abogado por la eliminación de los beneficios de la antigua Ley 22. También, han pedido al Congreso derogarlos, si el gobierno de Puerto Rico decide mantenerlos.

La resolución, adoptada el 5 de abril por el Concejo Municipal de San Luis, indica que la antigua Ley 22 “ha fracasado abrumadoramente en su objetivo de fomentar inversiones positivas y desarrollo económico en Puerto Rico”.

En un país con un 41% de pobreza, ese estatuto ha generado “un mercado de especulación explotador en el que inversionistas libres de impuestos obtienen enormes ganancias a expensas de los puertorriqueños que intentan costear una vivienda” y generan muy pocos empleos, agrega la resolución.