9/26/00 - UNIVERSISDAD METROPOLITANA. LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PUDIERON VOTAR EN UNAS "ELECCIONES" SIMULADAS, POR EL PARTIDO DE SU PREFERENCIA. EN LA FOTO LA JOVEN UNIVERSITARIA AUREALYZ GONZALEZ DEPOSITA SU HOJA DE VOTACION EN LA URNA. (PRIMERA HORA/JUAN LUIS MARTINEZ) (JUAN LUIS MARTINEZ)

Washington D. C. - El gobierno de Donald Trump descartó validar el referéndum estadidad sí o no propuesto por el gobierno de Puerto Rico, al reafirmar que no tienen claro que los electores de la isla hayan rechazado el status territorial de Estado Libre Asociado (ELA).

En una carta suscrita por el subsecretario, Jeffrey Rosen con fecha del miércoles, el Departamento de Justicia volvió a echar a un lado la posición del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que Puerto Rico rechazó el status vigente y afirmó que validar en este momento un referéndum estadidad sí o no sería apoyar una alternativa específica.

En la carta, divulgada primero por jayfonseca.com, Justicia federal aprovechó el lenguaje de la ley de plebiscito que pidió una respuesta para el 30 de junio, para advertir que, de todos modos, no tendría suficiente tiempo para evaluar y entregar los $2.5 millones ofrecidos en una ley federal de 2014 si se validaban la papeleta y la campaña educativa de un referéndum de status en la Isla.

También destacó su oposición al lenguaje en la ley puertorriqueña que quiere implicar que el referéndum del 3 de noviembre provocará la admisión inmediata de Puerto Rico.

El subsecretario Rosen mantuvo que la ley boricua se presta a engaño al comparar el referéndum de noviembre con las consultas legisladas por el Congreso para ofrecer la admisión como estado a Hawai y Alaska. En ese sentido, dijo que “las referencias a Alaska y Hawai...no proveen una descripción precisa de cómo es probable que se desarrolle el proceso de estadidad y por ello es probable que confundan al elector”.

“Estados Unidos sigue comprometido a permitir que el pueblo de Puerto Rico determine el futuro político status del ‘Estado Libre Asociado’ (Commonwealth), pero el Departamento debe hacer énfasis que un voto mayoritario por el sí en este plebiscito no llevaría automáticamente o inmediamente a la admisión”, sostuvo el subsecretario Rosen.

Esa la segunda vez en tres años que el Departamento de Justicia federal rechaza un plebiscito legislado por el gobierno del PNP.

“El Departamento hace notar, como hizo en 2017, que ‘la validez de los resultados del plebiscito de 2012 han sido sujeto de controversias y debate’ y que es ‘incierto’ si los resultados de 2012 reflejan la “voluntad presenta de la gente'”, indicó la carta del número dos de Justicia federal.

Cuando El Nuevo Día contactó a media tarde al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, dijo que ha estado “concentrado en asuntos de la primaria”. “No he atendido ningún tipo de correspondencia”, agregó, aunque quedó en buscar la carta.

El subsecretario Rosen recordó al gobierno de Puerto Rico que la ley federal exige que si el Departamento de Justicia de Estados Unidos validaba la papeleta y la campaña educativa, tendría que referir su evaluación a los comités de Asignaciones del Congreso y esperar entonces 45 días para poder desembolsar los $2.5 millones.

Por alguna razón, la ley – suscrita por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 16 de mayo pasado-, le quiso imponer al Departamento de Justicia federal hasta el 30 de junio para hacer la evaluación de la papeleta y los documentos de la CEE.

De todos modos, el subsecretario Rosen indicó que recibió unos esbozos de tres páginas sobre la campaña educativa no partidista que realizaría la CEE, pero sin otros detalles. “Eso está en contraste con la presentación de 2017, que incluyó ejemplos específicos de los contenidos que se planificaban para la campaña de educación al votante”, agregó.

Tanto el presidente Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han rechazado la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C.. El mismo dia que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley del plebiscito, un funcionario de la Casa Blanca indicó a El Nuevo Dia que “la primera prioridad de todos los líderes de Puerto Rico” debe ser poner “en orden” los asuntos financieros del gobierno de la Isla”.

Reacciones

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, afirmó que el referéndum se llevará a cabo “porque la democracia para el pueblo no puede esperar por las agencias del gobierno”.

La comisionada González sostuvo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en este cuatrienio, “juega al no desembolso para que sigamos resbalando en el bache colonial”.

Mientras, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, exhortó a la CEE y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla a precisar si van a validar “un malgasto de fondos”.

Acevedo Vilá agregó que la comisionada González, quien apoya la reelección de Trump, “no puede ni convencer a los miembros de su Partido Republicano para que le aprueben un simulacro electoral”.

La advertencia de mayo

El pasado 18 de mayo, El Nuevo Día adelantó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos - en un informe al Congreso con fecha de abril-, advirtió que iba a necesitar “tiempo suficiente” para evaluar si un próximo referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Pero, hizo advertencias que descartaban desembolsar antes del 30 de junio, como quería el gobierno de la Isla, los $2.5 millones que una ley federal de 2014 autoriza asignar a un referéndum de status en Puerto Rico que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al responder una petición de información de los comités de Asignaciones del Congreso, el Departamento de Justicia federal hizo extensa referencia a la carta enviada al gobierno del PNP en abril de 2017, en la que concluyó que “cualquier plebiscito que busque ‘resolver el status político futuro de Puerto Rico’ debe incluir el status territorial actual como opción”.