Washington D.C. - Pese a las críticas que ha recibido en la pasada década por su poder sobre el territorio o las medidas de austeridad, no hay indicios de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) esté cerca de terminar sus funciones como ente controlador de las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico.

Aunque el presidente Donald Trump ha querido asumir el control del ente fiscal, tres de los seis directivos destituidos en agosto de 2025 han logrado frenar temporalmente ese intento, en una disputa que está pendiente en el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston (Massachusetts).

En el Congreso, mientras, no ha habido ambiente ni para acelerar su salida, a pesar que se han presentado proyectos de ley con ese propósito. Sectores demócratas podrían revisar el asunto si ganan, como se espera, la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre.

Bajo la ley Promesa, el cese del ente fiscal no se vislumbra, por lo menos, hasta la mitad del próximo cuatrienio. El estatuto federal permite la salida de la JSF si el gobierno logra cuatro presupuestos balanceados consecutivos. La administración de la gobernadora Jenniffer González asegura que ya logró un presupuesto balanceado, pero los estados financieros auditados suelen tardar al menos un año.

La ley Promesa, firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, indica que la JSF cerrará sus trabajos una vez certifique cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, es decir, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

En el plan fiscal de 2024, la JSF, además, establece una serie de “acciones necesarias” para Puerto Rico alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados financieros, entre ellas, mejorar la gestión de los recursos educativos, del servicio publico en general y el manejo de la situación fiscal de los municipios.

A su vez, la JSF advierte que se necesitará tener proyecciones económicas y de ingresos a corto y largo plazo.

“La Junta debe cumplir con sus objetivos”, ha insistido, continuamente, el actual presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), quien, durante el debate de 2022 sobre el proyecto de plebiscito 8393, propuso frenar cualquier cambio de status hasta que la JSF termine sus funciones.

Cuando el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares examinó, en julio de 2025, el desempeño de la JSF y la reestructuración pendiente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Westerman –quien no estuvo disponible para entrevista- afirmó que la JSF debe terminar el trabajo a base de los requisitos actuales de la ley.

En el Senado, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el republicano Mike Lee (Utah) -un firme opositor de la estadidad para Puerto Rico-, no ha mostrado interés en el debate sobre la JSF, pese a que, en medio del escándalo sobre el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ha expresado preocupación sobre el uso de los fondos federales por parte del gobierno puertorriqueño.

Entre los demócratas cercanos a los asuntos sobre Puerto Rico hay consenso de que lo primordial es terminar con la reestructuración de la AEE, primera corporación pública en declararse en quiebra y la única que queda pendiente de lograr un ajuste en su deuda por concepto de bonos, que ronda los $8,500 millones.

“Estamos en un momento muy incómodo y delicado… porque, ahora mismo, aunque no me gusta tener una junta de supervisión con tantos poderes, está protegiendo al pueblo de Puerto Rico de un mal acuerdo con la deuda de la AEE”, dijo a El Nuevo Día el congresista demócrata Jared Huffman (California), quien es el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y puede presidir esa comisión al comenzar el año próximo.

Huffman sostuvo que la prioridad debe ser que la JSF y el sistema judicial de bancarrota territorial que preside la jueza Laura Taylor Swain terminen de reestructurar la deuda de la AEE. Si los demócratas ganan la Cámara baja en noviembre, el funcionamiento de la ley Promesa y el futuro de la JSF estarán en su agenda.

“No conozco a nadie en Puerto Rico que quiera que (la JSF) permanezca vigente indefinidamente… Sin duda que estará en mi agenda. No siento compasión por los acreedores (de la AEE). Creo que deberían absorber algunas pérdidas, como lo han hecho otros acreedores en situaciones similares. Y entonces podremos dar por terminado esto”, agregó Huffman.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, afirmó que el ente fiscal trabaja para encaminar su salida, aunque la fecha del cese de funciones sea impredecible. “Todo lo que estamos haciendo ahora está diseñado para cumplir con el objetivo de prometer cuatro presupuestos equilibrados consecutivos bajo los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, indicó Mujica.

A principios de marzo, los congresistas demócratas Raja Krishnamoorthi (Illinois) y Darren Soto (Florida) presentaron legislación en la Cámara de Representantes que permitiría que las funciones de la JSF queden en manos del gobierno de Puerto Rico, una vez las autoridades boricuas aprueben por ley crear una entidad sucesora.

La legislación propone que la reestructuración de la AEE sea liderada por el gobierno de Puerto Rico y mantener la vigencia del sistema judicial de bancarrota territorial que preside Swain.

Krishnamoorthi, sin embargo, perdió su candidatura al Senado federal y no regresará en enero a la Cámara baja. Y el boricua Soto tiene que defender en noviembre con uñas y dientes su escaño de Florida central, cuyo electorado ahora está inclinado hacia los republicanos.

“No quiero hablar categóricamente sobre un proyecto de ley que no he estudiado todavía, pero diría que necesitaría tener la seguridad de que la administración en Puerto Rico -la gobernadora (Jenniffer) González Colón- tiene en cuenta los intereses del pueblo y no los de los tenedores de bonos, en lo que respecta a la deuda de la AEE”, comentó Huffman sobre la legislación de Krishnamoorthi y Soto.

En sesiones anteriores, el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) ha presentado legislación para reducir de cuatro a dos los presupuestos balanceados consecutivos necesarios para ponerle fin a la JSF.

“Creo que, una vez se termine con la última reestructuración, (hasta los republicanos) estarán abiertos a adelantar la salida. Si se logra la reestructuración de la AEE, entonces se debe venir al Congreso a pedir que se enmiende la ley Promesa y se comiencen a acelerar los procesos”, afirmó, por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York), quien después de votar a favor del estatuto ha tomado el liderato en fiscalizar a la JSF y poner garras legislativas para evitar conflictos de intereses de los contratistas del organismo.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, piensa que, si se “logra un acuerdo positivo sobre la quiebra de la AEE”, lo ideal sería que se reduzca de cuatro a dos años el requisito de lograr presupuestos balanceados, como ha propuesto el congresista Torres.

“Uno de esos cambios que podría hacerse es que el requisito de los presupuestos balanceados se reduzca de cuatro a dos y de que se imponga por ley algún requisito de los estados auditados dentro de cierto tiempo”, dijo Hernández, quien presentó el 10 de junio un proyecto en favor de un plebiscito federal que permita incluir el status territorial.

Aunque el proyecto de ley no tiene posibilidades en esta sesión, si el status territorial vigente ganara ese plebiscito, la JSF cesaría sus funciones en dos años.

Como norma, tanto el presidente Obama, como los altos funcionarios del Departamento del Tesoro y el liderato republicano del Congreso buscaron obviar el debate sobre cómo Promesa limitaba aún más el poder del gobierno local.

Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara baja, aspira a regresar a una realidad política y fiscal sin Promesa, aunque no pueda alterar el poder del Congreso sobre un territorio no incorporado como Puerto Rico.

Pero no descarta que, para derogar la ley Promesa -no solo acabar con la JSF-, puedan requerirse cambios en el gobierno de Puerto Rico, como legislar o enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) “para incluir ciertas garantías de responsabilidad fiscal”.

“Creo que hemos llegado al punto en que es propicio comenzar la transición para que regrese el gobierno (a manos de Puerto Rico)… Si una vez más hay un fallo en el sistema, el gobierno federal puede volver a intervenir. Pero espero que no sea necesario”, sostuvo el excongresista republicano Rob Bishop (Utah), quien tuvo a su cargo tramitar la legislación Promesa en la Cámara de Representantes.

Una década después de Promesa, los defensores del status territorial y la Constitución del ELA todavía afirman que la decisión del gobierno federal de colocar una nueva capa de poder sobre la isla es una decisión temporal.

“No es el estado en que los autonomistas queremos estar, pero sí creemos que es autoimpuesto. Fuimos nosotros, los gobiernos insulares, los gobiernos autónomos, los que fueron irresponsables”, dijo el exgobernador Alejandro García Padilla.

Para el exmandatario, aunque el poder del Congreso sobre el archipiélago boricua abarca muchas otras áreas y ha sido permanente por más de un siglo, la JSF compara con las condiciones financieras que un tribunal federal puede imponerle a la deuda de Argentina por cotizar en el mercado financiero de Wall Street o los requisitos a Grecia que impuso la Comunidad Europea.

El comisionado Hernández afirmó que la ley Promesa representó “un retroceso para el movimiento autonomista”. “Nos quitaron mucho de nuestro gobierno propio. Nos desanimó muchísimo”, sostuvo, al indicar que confía que la derogación de la ley vaya de la mano con el cese de las funciones de la JSF, lo que argumenta permitiría “retomar el mismo gobierno propio que teníamos antes de 2016”.

“El ELA culminado resultó ser la ley Promesa’’, dijo, por su parte, el exsenador Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien reconoce que el estatuto ofreció protecciones a Puerto Rico frente a los acreedores, pero considera que eso no hacía necesaria la JSF.

De cara a la salida de la JSF, Dalmau confía que el Congreso y amplios sectores de Puerto Rico puedan echar hacia delante un proceso de descolonización.

En junio de 2019, dos de los altos funcionarios del Departamento del Tesoro que guiaron la legislación Promesa, Antonio Weiss y Brad Setser, afirmaron, en un artículo de la revista Foreign Affairs, que aunque la JSF “fue necesaria para ganar apoyo bipartidista… fue un claro recordatorio del status colonial de la isla”.

El economista y abogado Sergio Marxuach, director de Política Pública en el grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), piensa que la salida de la JSF se puede prolongar otros cinco años, tanto por la duración del proceso de reajuste de la deuda de la AEE como en espera del cumplimiento –en el mejor escenario– con los cuatro presupuestos equilibrados.

“La gran interrogante es el caso de la AEE… Al caso de la AEE, le pueden faltar entre cuatro y cinco años”, dijo Marxuach, quien reconoce el logro de la JSF en reducir en cerca del 50% la deuda del gobierno central, pero critica que haya estado acompañado de las riñas con las autoridades de la isla sobre la gobernanza y que, a largo plazo, sus medidas de austeridad hayan puesto obstáculos a un mejor futuro para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El futuro del proceso de reestructuración de la AEE, dijo, puede depender también de qué ocurre con la demanda de tres de los miembros del ente fiscal –Arthur Gonzalez, Andrew Biggs y Betty Rosa– que impugnaron sus despidos, por entender que el presidente Trump estaba obligado a justificarlos, lo que no hizo.

La controversia está pendiente en el Primer Circuito federal de Apelaciones y en espera de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la destitución que busca Trump de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva federal.

En la vista oral, una mayoría de jueces del Tribunal Supremo pareció cuestionar si el presidente de Estados Unidos tiene un poder irrestricto de destituir sin notificación a funcionarios de entidades consideradas “independientes”. El Tribunal Supremo federal puede anunciar esta semana su decisión.

“El mejor escenario para Puerto Rico es que Trump pierda el caso y decida no seguir apelando. Entonces, tendrías una junta totalmente constituida otra vez, y poner presión a los bonistas de la AEE. Pero, en este momento, hay una brecha amplia entre las partes, y los bonistas tienen todos los incentivos del mundo para seguir esperando”, señaló Marxuach.

Bajo el “mejor escenario”, para evitar una nueva quiebra, sería clave lograr la reautorización de los cerca de $3,700 millones adicionales anuales del programa de Medicaid que vencen el 1 de octubre de 2027, lograr crecer la economía y tener una infraestructura moderna “de energía, agua, carreteras, etcétera”, agregó.

Marxuach llamó la atención también a que el gobierno de Puerto Rico deberá proponer enmiendas constitucionales para revisar los límites presupuestarios, “que no funcionaron”, e imponer “unas reglas de responsabilidad fiscal que sirvan a largo plazo”

David Skeel, pasado presidente de la JSF, confía, sin embargo, en que “estemos en la pendiente descendente de la Junta”, pues “es importante que la JSF no permanezca para siempre”.

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La periodista Joanisabel González colaboró con este reportaje.