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Washington D.C. – Representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico reconocen que hay una ventana pequeña para lograr avances legislativos este año en Washington, donde presionan por paridad en los programas de salud y asistencia alimentaria, e incentivos para la manufactura de la Isla.

Después de tres días de reuniones en Washington, los líderes de la Cámara de Comercio que a cargo de los asuntos federales indicaron que deberán regresar entre mayo y junio, conscientes de que previo a las elecciones legislativas de noviembre, cualquier iniciativa de impacto debe encaminarse este verano.

La próxima ventana, probablemente, sería diciembre, si es que hay espacio para un acuerdo presupuestario de fin de año.

En las reuniones de esta semana han dado seguimiento a los reclamos en favor de que se extienda a Puerto Rico el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que representaría cientos de millones de dólares adicionales para la Isla en comparación con el PAN.

También han presionado por mejores tarifas en el reembolso que reciben los planes Medicare Advantage e insistido en un acuerdo a largo plazo que estabilice acceso del sistema de salud de Puerto Rico al programa Medicaid.

Al mismo tiempo, mantuvieron el ojo sobre los cambios al sistema contributivo corporativo que propuso el proyecto con las iniciativas sociales del presidente Joe Biden, que quedó frenado en diciembre y cuyo futuro es muy incierto.

“Estamos tratando de crear unidad en el mensaje” entre el sector público y privado, dijo Cameron McKenzie Hertell, presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y quien encabeza el esfuerzo federal del organismo, al hablar de las reuniones de esta semana.

En términos generales, dijeron que han promovido medidas favorables para los negocios en Puerto Rico. “Si no promovemos los negocios en Puerto Rico van a sufrir los microempresarios y los trabajadores”, dijo Liza García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio.

Las reuniones incluyeron a la directora adjunta para Puerto Rico y los territorios de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Gretchen Sierra Zorita, al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden (Oregón), y al senador republicano Roger Wicker (Misisipi), líder de la minoría en el Comercio de Asuntos Comerciales.

También se entrevistaron con instituciones conservadoras, como The Heritage Foundation y National Taxpayers Union, con líderes la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, entre otros.

En conversación con El Nuevo Día, los representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico – junto al presidente de la organización de profesionales puertorriqueños de Florida (PROFESA), Rafael González-, dijeron estar conscientes de que las posibilidades de mejorar el acceso de la Isla a la asistencia alimentaria estará en la ley agrícola que se debatirá en 2023.

En el área de salud, el presidente Joe Biden acaba de convertir en ley una medida que mejora el acceso de Puerto Rico al programa Medicaid, que financia en gran medida el plan de salud Vital, hasta el 13 de diciembre.

Antes de fin de año, sin embargo, un nuevo acuerdo sobre Medicaid será necesario, incluso para evitar que vuelva a caer, el 13 de diciembre, de 76% a 55% el pareo federal por los servicios médicos bajo ese programa, lo que le puede costar al gobierno de la isla cerca de $500 millones anuales.

“En salud hay un consenso de todos los colores y sabores. El coeficiente de inteligencia (sobre el) sistema de salud en el Congreso ha subido 200%. Eso ha facilitado el mensaje”, sostuvo Luis Pizarro, a cargo de los temas de salud y presidente de la empresa FIDE LLC.

Como tarea inmediata, buscan un mejor reembolso para los planes del programa Medicare Advantage, en momentos en que el Departamento de Salud federal está en la etapa de comentarios sobre las tarifas de 2023, indicó Luis Pizarro.

Como parte de esos esfuerzos, la comisionada González encabezará una carta al Departamento de Salud federal pidiendo acción en beneficio de los planes de la Isla.

Kenneth Rivera Robles, expresidente de la Cámara de Comercio y experto en temas contributivos, regresaba hoy a San Juan, por su parte, pesimista de que pueda lograrse este año un acuerdo en el Congreso que aclare a las autoridades de Puerto Rico el mapa contributivo corporativo a nivel federal.

Hasta diciembre, la mayoría demócrata del Congreso confiaba en aprobar el proyecto “Reconstruir mejor” con las iniciativas sociales del presidente Biden, que incluyó sumarse oficialmente al impuesto corporativo global mínimo de 15%, hacer menos oneroso el impuesto sobre la propiedad intelectual (Gilti) que pagan las corporaciones foráneas y otorgar créditos por empleo de por lo menos $10,000 a corporaciones estadounidenses que han hecho negocios en los territorios por lo menos durante tres años.

“Más gente nos está diciendo que no le ven posibilidades a eso”, dijo Rivera Robles, un contador público autorizado que tiene entre sus clientas a empresas foráneas establecidas en la Isla.

Si el Congreso congela el debate sobre la revisión de las tasas contributivas que pagan las corporaciones, el gobierno de Puerto Rico tendrá el panorama difuminado en momentos en que el Departamento del Tesoro tiene previsto dejar de acreditar en enero de 2023 el arbitrio de la ley puertorriqueña 154 de 2010 sobre las corporaciones foráneas, que le deja al erario cerca de $1,800 millones anuales.

Rivera Robles dijo que la opción para Puerto Rico sigue siendo optar ahora por un nuevo impuesto sobre los ingresos de las empresas, pero advirtió que se deberá actuar con cautela pues pueden no saber a ciencia cierta cómo quedará el sistema tributario corporativo federal.

“Puede necesitarse una respuesta limitada. Tiene que ser una reacción más cautelosa”, indicó Rivera Robles, al subrayar que todo el debate en el Congreso puede dar un vuelco si los republicanos, como se prevé, ganan en noviembre por lo menos la mayoría en la Cámara baja federal.

Los directivos de la Cámara de Comercio han vinculado a sus trabajos de cabildeo en Washington a PROFESA, por la importancia que ven en las relaciones comerciales entre Puerto Rico y Florida, donde residen sobre un millón de puertorriqueños, el mayor número de boricuas en la diáspora.

“Buscamos fortalecer las relaciones entre Puerto Rico y la diáspora. Nuestros cuerpos habrán salido de Puerto Rico, pero nuestra alma y nuestro corazón se queda allá en la Isla”, indicó Rafael González, cuya organización tiene acuerdos de entendimiento con la Cámara de Comercio de la Isla y otras instituciones.

García dijo que en la reunión con la comisionada González acordaron respaldar varios de sus proyectos de ley, incluidos los que buscan paridad en Medicaid, Medicare y la asistencia nutricional.