Washington D.C. - La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) congeló $147 millones asignados a 38 cooperativas de crédito de Puerto Rico para proyectos de energía solar, vehículos eléctricos y energía eficiente.

De acuerdo con The New York Times, los fondos para Puerto Rico han estado destinados, de cara a 2030, a 88,000 proyectos del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, autorizado por la Ley de Reducción de Inflación (IRA, en inglés), aprobada en 2022.

En total, la EPA frenó $20,000 millones de la ley IRA, que hubiesen financiado cerca de dos millones de iniciativas en Estados Unidos y sus territorios.

El administrador de la EPA, el exrepresentante republicano Lee Zeldin, describió el dinero frenado por su agencia como “un fondo verde para sobornos”, pero, aunque dijo que las asignaciones estuvieron vulnerables al despilfarro, el fraude y el abuso, no presentó pruebas.

Una de las cooperativas perjudicadas es Credicentro Coop, a la que se le habían otorgado $5.5 millones. “Somos un ejemplo vivo de los beneficios de la transición a la energía limpia”, indicó al diario estadounidense Miguel Ortiz Santos, presidente ejecutivo de la cooperativa, con oficina en Barranquitas.

Credicentro Coop obtuvo los fondos de la EPA en febrero por medio de Inclusiv, una red de cooperativas de crédito. Ortiz Santos considera que los fondos pueden permitir financiar unas 500 viviendas.

Hace unos días, se anunció la cancelación de $62.7 millones de la EPA asociados a subvenciones otorgadas a instituciones y organizaciones en Puerto Rico, las cuales estuvieron basadas en programas de justicia ambiental impulsados por la administración de Joe Biden.

Los fondos para iniciativas en Puerto Rico congelados por la EPA se suman, además, a los $365 millones frenados por el Departamento de Energía (DOE, en inglés) que estaban dirigidos a la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en residenciales públicos, égidas y centros de salud.

Al declarar el viernes una situación de emergencia energética en Puerto Rico, dirigida a pasar por encima de procedimientos ordinarios para la producción de electricidad y el despeje de vegetación, el secretario del DOE, Chris Wright, confirmó que tiene bajo revisión el uso de los $365 millones.

La gobernadora Jenniffer González respalda que esos fondos se destinen al sistema eléctrico en general, no a los paneles solares y baterías de almacenamiento para poblaciones vulnerables.

Los $365 millones del DOE eran parte de un programa de $1,000 millones impulsado por el fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona) para instalar paneles solares en techos de residencias de personas de bajos recursos económico y/o discapacitados.

Una primera asignación de $450 millones, dirigida a residencias, está en marcha, pero se ha dicho que el DOE quiere adelantar para junio la fecha límite para solicitar fondos del programa.

La cancelación y congelación de fondos federales al gobierno e instituciones en Puerto Rico supera ya los $1,000 millones.

La administración de Donald Trump detuvo, a su vez, $410 millones en fondos de COVID-19 asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico para terapias de educación especial, reconstrucción de escuelas y compra de pupitres, entre otros asuntos.

También, se cancelaron $45.18 del Departamento de Salud federal para vacunación, y $17 millones asignados a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

La organización feminista Taller Salud informó, por su parte, que el Departamento de Justicia le canceló $1 millón de una subvención dirigida a combatir la violencia en comunidades de Loíza.