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Gobierno federal recupera la custodia de salvadoreño deportado por error y lo acusa de contrabando de personas indocumentadas

Kilmar Ábrego García regresó al país, pero ahora enfrenta nuevos cargos, reveló el Departamento de Justicia

6 de junio de 2025 - 4:57 PM

Updated At

Actualizado el 6 de junio de 2025 - 7:26 PM

Esta fotografía sin fecha proporcionada por Murray Osorio PLLC muestra a Kilmar Ábrego García. (The Associated Press)

Washington - El gobierno de Donald Trump trajo de vuelta a Estados Unidos al salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado erróneamente a El Salvador, pero solo después de formularle cargos de contrabando de personas indocumentadas.

La formulación de cargos ocurrió luego de que la administración Trump rechazó extraditar a Abrego García, a quien antes habían querido vincular con el grupo criminal MS-13.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, descartó, durante una vista en el Senado, algún escenario que permitiera que “Abrego García vuelva a los Estados Unidos”.

Los cargos – relacionados a una conspiración para transportar indocumentados ilegalmente-, hacen referencia a una intervención de tránsito por exceso de velocidad realizada el 30 de noviembre de 2022 en una carretera de Tenesí.

En ese momento, Abrego García, natural de El Salvador, viajaba en una SUV Chevrolet Suburban de regreso a Maryland, donde reside, con nueve personas que, mantuvo, habían trabajado por dos semanas en un proyecto de construcción en San Luis, Misouri.

Ábrego García nunca fue acusado de un delito durante la intervención en Tenesí y solo se le advirtió que debía renovar su licencia, según el informe del DHS.

Pero, la Fiscalía federal de Tenesí, según el pliego acusatorio emitido por un gran jurado con fecha del 21 de mayo y hecho público este viernes, sostiene que los pasajeros, supuestamente, eran personas indocumentadas que Abrego García recogió en Texas.

“Nnguno de los nueve pasajeros indocumentados tenía equipaje, ni había herramientas ni equipo de construcción en la Suburban (en que viajaban)”, añadió el gran jurado en el pliego acusatorio.

La acusación sostiene que “desde aproximadamente 2016 hasta aproximadamente 2025, Abrego García y otros, conocidos y desconocidos por el gran jurado, conspiraron para traer extranjeros indocumentados a Estados Unidos desde países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y otros, pasando finalmente por México antes de cruzar a Texas”.

De ser encontrado culpable, la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, dijo que Abrego García “será regresado a su país de origen, El Salvador” una vez cumpla la sentencia, que puede ser de hasta 10 años por cada uno de los dos cargos.

Abrego García llegó a Estados Unidos cuando era adolescente.

Su familia ha insistido en que huyó de El Salvador después de recibir amenazas de una pandilla en contra del negocio de venta de pupusas de su madre. Está casado con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos.

El propio Departamento de Justicia federal había admitido ante un tribunal que Abrego García fue deportado por error, pues tenía una orden de protección judicial que le permitía continuar residiendo en Estados Unidos.

El presidente Trump dijo, anteriormente, que no tenía jurisdicción sobre Abrego García una vez fue deportado a El Salvador, mientras que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, argumentó en una visita a la Casa Blanca que no tenía poder para extraditarlo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump a facilitar el regreso de Abrego García, mientras un grupo de legisladores demócratas, incluido el senador Chris Van Hollen (Maryland), viajaron a El Salvador a reclamar su retorno a Estados Unidos.

Van Hollen se reunió con Abrego García, pero no logró su liberación.

Nuestro gobierno presentó a El Salvador una orden de captura y (el presidente Bukele) accedió a devolverlo a nuestro país”, indicó Bondi durante la conferencia de prensa en la que anunciaron la formulación de cargos.

Por su parte, Van Hollen indicó que “durante meses, la administración Trump desacató a la Corte Suprema y nuestra Constitución”, pero “parece que finalmente han cedido a nuestras exigencias de cumplimiento de las órdenes judiciales y del derecho al debido proceso que se otorga a todos en Estados Unidos”.

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