Una mayoría del Tribunal Supremo estadounidense se mostró este miércoles escéptica a la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que persigue excluir de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas indocumentadas o que están temporeramente en Estados Unidos o sus territorios.

Al argumentar el caso – que se discutió en una sesión oral con la presesencia del presidente Donald Trump-, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó que la cláusula constitucional de ciudadanía se refiere a personas domiciliadas en el país, “que se encuentran legalmente presentes y tienen la intención de permanecer (bajo la jurisdicción estadounidense) permanentemente”.

“Los ejemplos que usted da para respaldar eso me parecen muy extraños… hijos de embajadores, hijos de enemigos durante una invasión hostil, niños en buques de guerra. Y luego lo extiende a toda una clase de inmigrantes indocumentados aquí en el país. No estoy seguro de cómo puede llegar a ese grupo tan grande a partir de ejemplos tan pequeños y un tanto idiosincrásicos”, indicó el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts.

Ante el argumento de Sauer de que se debe eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que entraron a Estados Unidos con una visa de turista, Roberts preguntó al procurador general cuan común son esos casos.

“Nadie sabe con seguridad”, respondió Sauer, al indicar que este es un nuevo mundo. Roberts agregó que puede ser “un nuevo mundo, pero es la misma Constitución”.

La jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo que hacer énfasis en el domicilio deja en manos del Congreso la interpretación de la cláusula constitucional de ciudadanía.

Sauer ha indicado que la lealtad y apoyo a Estados Unidos es clave para determinar quién debe ser ciudadano de Estados Unidos.

“Es bien sabido que, según el derecho público, un extranjero, mientras se encuentre en Estados Unidos, debe obedecer las leyes de este país”, dijo, por su parte, la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien – en un caso anterior, como Jackson y la otra liberal, Elena Kagan-, ha dejado claro su rechazo a la intención del gobierno de Trump de limitar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

A preguntas de Sotomayor, el procurador general Sauer rechazó que busquen revocar el fallo del Tribunal Supremo en el caso Estados Unidos versus Wong Kim Ark (1898), que confirmó que un niño nacido en San Francisco (California), de padres de chinos, con residencia y negocios en Estados Unidos, sin ser diplomáticos o funcionarios del gobierno de China, se convirtió en ciudadano estadounidense al nacer.

“No estamos pidiendo que revoque el fallo de Wong Kim Ark”, afirmó Sauer al responder la pregunta de Sotomayor.

Sauer dijo que tampoco buscan quitarle la ciudadanía a los ya nacidos de padres indocumentados, y que reconoce a los indios nativos como ciuadanos estadounidenses.

La atención del caso está sobre los seis jueces conservadores.

Se requerirán al menos dos votos conservadores para invalidar el decreto de Trump, quien se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en asistir a una audiencia oral del Tribunal Supremo estadounidense y ha presionado a jueces en casos relacionados a su política pública.

En su segunda administración, Trump ha mantenido además una política dirigida a la deportación de personas con estatus migratorio irregular, incluidas personas que están protegidas por una orden judicial o un decreto administrativo.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett cuestionó qué sucede si no se sabe quiénes son los padres del recién nacido. “¿Quién va a ajudicar esos casos?”, preguntó.

“Son casos marginales”, respondió Sauer, a lo que Barrett le advirtió, “¿pero y donde queda la Constitución”.

“Si alguien llegó aquí en 1868 y estableció su domicilio, eso era perfectamente legal, independientemente de las leyes de inmigración. Entonces, ¿por qué no llegaríamos a la conclusión de que el hecho de que alguien sea indocumentado es irrelevante?”, preguntó el juez conservador Neil Gorsuch.

Al juez conservador Brett Kavanaugh, no le impresionó que Sauer aludiera a que muchas de las naciones del mundo rechazan el concepto de ciudadanía por nacimiento. “Tratamos de interpreter el derecho estadounidense con precedentes estadounidenses, a base de la historia estadounidense”, afirmó Kavanaugh.

En el lado liberal, la jueza Kagan sostuvo que Sauer ha utilizado “fuentes bastante oscuras para llegar” a su concepto de quien debe ser ciudadano estadounidense por nacimineto.

“Todo nacido en EEUU está sujeto a la juridicción estadounidense”, dijo Cecilia Wang, directora de Asuntos Legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que ha impugnado la orden ejecutiva del presidente Trump.

En su primera argumentación en una sesión oral del Tribunal Supremo estadounidense, Wang defendió el derecho a la ciudadanía estadounidense de todo nacido en territorio de Estados Unidos, un asunto que le toca de cerca.

Wang nació en Oregón en momentos en que sus padres, originarios de Taiwan, estaban estudiando en Estados Unidos y no estaban naturalizados estadounidenses.

Para Wang, el procurador general echó por la borda su caso al afirmar que no buscan revocar la jurisprudencia de 1898 en el caso de Wong Kim Ark. Además, insistió en que la cláusula de ciudadanía buscó evitar dejar el debate sobre el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento en manos del Congreso.

“Pregúntenle a cualquier estadounidense cuál es nuestra norma de ciudadanía, y les dirá que todos los nacidos aquí son ciudadanos por igual. Esa norma se consagró en la Decimocuarta Enmienda para que ningún funcionario del gobierno pudiera destruirla. Si se acepta la teoría del gobierno, la ciudadanía de millones de estadounidenses, del pasado, del presente y del futuro, podría ponerse en entredicho”, indicó Wang.

La decisión del Tribunal Supremo se espera para finales de junio, en el cierre de esta sesión del máximo foro judicial estadounidense.