Velázquez auguró que la crisis fiscal de la Isla se tornará en una situación  "desagradable".
Nydia Velázquez, congresista demócrata puertorriqueña. (Luis Alcalá Del Olmo)

Washington D.C. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar mañana, martes, el proyecto de la congresista Nydia Velázquez que propone eliminar conflictos de intereses de los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla.

La medida – como ocurrió en diciembre pasado- puede ser aprobada a viva voz en el pleno cameral, con la esperanza de que en esta ocasión el Senado de Estados Unidos también la ratifique.

Después de las críticas hechas en contra de la principal empresa consultora de la Junta, McKinsey, el proyecto de Velázquez impulsa que abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF tengan que divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia federal sus conexiones con deudores, acreedores y empleados del ente fiscal antes de poder ser compensados.

“Si bien podemos tener opiniones diferentes sobre la eficacia con la que la Junta está llevando a cabo su misión, una cosa debe quedar clara: los residentes de la isla deben tener los mismos derechos y protecciones que cualquier deudor en el continente”, indicó Velázquez cuando la legislación fue aprobada el pasado 8 de diciembre en la Cámara baja.

En el Senado la medida ha sido defendida por el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) y el republicano Marco Rubio (Florida).

La Ley Promesa, que creó la JSF y un sistema de bancarrota territorial, no obliga a los contratistas del ente fiscal a divulgar conflictos éticos ni impide que asesores previos del gobierno de Puerto Rico trabajen en el caso de bancarrota.

“Este proyecto de ley ayudará a restaurar la confianza en que los asesores de quiebras de la Junta no tienen (influencias indebidas) para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio”, agregó en diciembre Velázquez.

La congresista boricua presentó su proyecto de ley después de que el periódico The New York Times dio a conocer que una subsidiaria de la empresa consultora McKinsey, MIO, ha tenido inversiones en la deuda pública del gobierno de Puerto Rico.

Tanto McKinsey como la empresa Luskin Stern, contratada por la JSF para examinar esa relación, indicaron que no hubo intercambio de información entre la compañía asesora del ente fiscal y su subsidiaria.

Pero, el análisis de Luskin Stern también concluyó que esas inversiones de MIO pueden ser problemáticas, pues pueden percibirse como un conflicto de interés.

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