Washington D. C. - La organización LatinoJustice condenó la decisión del gobierno de Puerto Rico de entregar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre personas sin status migratorio definido que confiaron que tendrían confidencialidad al sacar sus licencias de conducir provisionales.

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“Esto constituye una flagrante traición a la confianza pública y un peligroso abuso de poder. Es una medida especialmente cruel considerando la cantidad de puertorriqueños que viven en Estados Unidos que han sido interrogados sobre su ciudadanía por las autoridades migratorias e incluso detenidos injustamente”, indicó Roberto Cruz, abogado gerente de LatinoJustice, fundada por boricuas en Nueva York.

Con el apoyo de la gobernadora Jenniffer González, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha cumplido con una “citación” de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (ICE-HSI) para entregar información sobre personas sin status migratorio definido que tienen licencias de conducir.

La gobernadora González – quien es republicana en Estados Unidos y se considera aliada del presidente Donald Trump-, dijo que HSI también solicitó al Departamento de la Familia información sobre dos menores bajo su custodia, pero sin una orden judicial no será entregada.

Por medio de una ley de 2013, el gobierno de Puerto Rico autorizó que personas sin ciudadanía puedan tener lidencias de conducir provisionales. Aunque cooperan con el gobierno federal en torno a las licencias de conducir, la gobernadora González ha dicho que no se propone derogar ese estatuto y que tiene que “cumplir con las leyes”.

“Condenamos la decisión de la gobernadora de Puerto Rico de compartir clandestinamente nombres de nacimiento, fechas de nacimiento, direcciones y datos de licencias de conducir de personas no estadounidenses con el Departamento de Seguridad Nacional, especialmente después de negar públicamente cualquier colaboración de este tipo con las autoridades federales de inmigración”, añadió Cruz.

En febrero pasado, bajo la ley federal de libertad de información, LatinoJustice – antes el Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal (PRLDEF)-, solicitó a ICE y al DHS conocer las prácticas de control migratorio y cómo evitan su aplicación indebida a los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses por ley.

LatinoJustice ha denuncado anteriormente que en medio de estas redadas se haya detenido o acosado a puertorriqueños.

“Latino Justice PRLDEF ha apoyado públicamente al estado de Nueva York en sus esfuerzos por proteger la privacidad y confidencialidad de la información de los conductores que obtuvieron licencias bajo la ley de Luz Verde estatal. El objetivo de estas leyes es hacer que la conducción sea más segura para todos. Punto. No se puede exigir a la gente que cumpla la ley y luego usar esa información en su contra. Exigimos transparencia y rendición de cuentas ahora a las autoridades de Puerto Rico sobre el alcance de su colaboración con las autoridades federales de inmigración”, sostuvo el abogado Cruz.

En San Juan, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado de Puerto Rico -también por medio de la ley federal de libertad de información-, reclamó el pasado viernes a HSI que entregue cualquier citación o solicitud que haya hecho al gobierno de Puerto Rico para obtener los registros de personas con estatus migratorio indefinido.

“La acción del gobierno de Puerto Rico ante la solicitud (de ICE) representa un menosprecio total a la dignidad humana de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Destruye la confianza que esta comunidad altamente marginada y vulnerable brindó al gobierno al compartirle su información personal conforme a la ley y con la buena fe de seguir las reglas de tránsito en Puerto Rico”, señaló, por su parte, la directora principal de la Federación Hispana en la isla, Charlotte Gossett Navarro.