Cuarenta y un senadores y representantes que forman parte del caucus demócrata han instado a la administración de Donald Trump a no vender la cartera de préstamos estudiantiles federales a bancos privados y a revelar los detalles de cualquier reunión relacionada con este asunto.

En una carta encabezada por los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts) y Bernie Sanders (independiente por Vermont) y la congresista Ayanna Pressley (Massachusetts), los legisladores instaron a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “a cesar de inmediato cualquier intento de privatizar la cartera de préstamos estudiantiles federales”.

“Seamos claros: esta venta sería un regalo para personas adineradas a expensas de los prestatarios y contribuyentes de clase trabajadora. Esto pone en peligro la pérdida de las protecciones legalmente garantizadas a los prestatarios, y la venta probablemente sería ilegal si la deuda se vende con pérdidas para los contribuyentes”, indicaron los legisladores, incluidas las congresistas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York.

El mes pasado, la publicación Politico informó que la administración del presidente Trump ha retomado los esfuerzos – que también consideró en 2019-, para “vender parte de la cartera de préstamos estudiantiles”, que ronda los $1.6 billones (trillions, en inglés), al mercado privado.

En 2024, había más de 300,000 personas residentes de Puerto Rico con préstamos estudiantiles financiados por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

A nivel de Estados Unidos y sus territorios, hay cerca de 45 millones personas con préstamos estudiantiles.

Contrario al gobierno de Trump, la administración de Joe Biden canceló miles de millones de dólares en préstamos universitarios, en busca de eliminarle la carga financiera a millones de residentes de Estados Unidos y sus territorios.

En la carta los senadores y representantes piden conocer los nombres de “todas las personas que participaron” de las reuniones, las empresas que representaban y las fechas. Han pedido, además, conocer cualquier potencial conflicto ético, que porción de los préstamos quieren transferir a manos privadas y cuantos deudores se afectarían.

“Al vender parte de la cartera de préstamos estudiantiles federales, la administración Trump podría intentar privar ilegalmente a los prestatarios de las protecciones que les corresponden por ley”, indicaron los legisladores.

Añadieron que “los 45 millones de estadounidenses con préstamos estudiantiles tienen derecho legal a protecciones sustanciales, como los planes de pago basados ​​en los ingresos (IDR), la condonación de préstamos por servicio público (PSLF), la cancelación de la deuda por discapacidad o fallecimiento, y la compensación para quienes han sido defraudados por instituciones educativas abusivas”.

Pero, son derechos legales que no estarían garantizados si los préstamos pasan a manos de instituciones financieras privadas.

“Cualquier intento de privar a los prestatarios federales de sus protecciones actuales mediante la venta de deuda estudiantil sería ilegal y abriría la puerta a prácticas abusivas por parte de las instituciones educativas y las entidades privadas de administración de préstamos”, señalaron los legisladores federales.