Washington D.C. - Con el respaldo de otros cinco demócratas, la congresista boricua Nydia Velázquez (Nueva York) instó a la secretaria del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez DeRemer, a desistir de eliminar este mismo mes las operaciones de los centros de entrenamiento Job Corps, que en Puerto Rico asisten, en este momento, a cerca de 700 jóvenes.

Velázquez y sus colegas temen que la eliminación del programa frene unos $44.8 millones en mejoras de capital que están en curso en los centros ubicados en Arecibo y Aguadilla, que están en reconstrucción después de la catástrofe causada por los huracanes Irma y María, en 2017.

“Terminar el apoyo al programa Puerto Rico Job Corps, después del 30 de junio de 2025, pondría en peligro el bienestar de cientos de estudiantes participantes, dejando, al menos, a 287 sin vivienda y sin los recursos esenciales para su éxito. También, resultaría en la pérdida de aproximadamente 240 empleos e interrumpiría las colaboraciones vitales con proveedores y contratistas locales”, indicaron los legisladores en la carta a Chávez DeRemer.

La comunicación está firmada, además, por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y los congresistas Darren Soto (boricua por Florida), Emmanuel Cleaver (electo por Misuri y líder demócrata en la subcomisión de Vivienda del Comité de Servicios Financieros), Delia Ramírez (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan).

Velázquez es la número dos de los demócratas en el Comité de Servicios Financieros.

Job Corps es un programa residencial de educación y capacitación laboral para jóvenes entre 16 y 24 años. En Puerto Rico, tiene centros en el barrio Garrochales de Arecibo y en la antigua base Ramey de Aguadilla, que ofrecen certificaciones en el área de cuidado médico, construcción, tecnología y artes culinarias.

Mientras reciben entrenamiento laboral, los estudiantes pueden obtener su diploma de escuela secundaria, vivienda, asistencia alimentaria y un subsidio económico básico.

El plan de la Casa Blanca ha sido cerrar, al terminar junio, los 99 centros de Job Corps, como parte de la ofensiva de recortes presupuestarios que, en gran medida, han tenido como objetivos programas que consideran dirigidos a promover la diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Pero, un juez federal de Nueva York ordenó –hasta una audiencia prevista para este mismo martes– frenar los esfuerzos del gobierno de Trump.

En su comunicación a Chávez DeRemer, los legisladores federales exigieron conocer los datos que utilizan para proponer eliminar los centros operados en Puerto Rico, si se ha hecho una evaluación del impacto de la decisión y cómo el Departamento del Trabajo federal garantizará que “los estudiantes actualmente matriculados no se queden sin alojamiento, alimentación ni acceso a capacitación y servicios de salud”.

“¿Qué criterios utilizará el Departamento del Trabajo para determinar si un centro debe permanecer abierto bajo una estructura operativa diferente? ¿Se comprometerá el Departamento del Trabajo a poner en pausa la implementación de esta política mientras el Congreso analiza las implicaciones y se consulta a las partes interesadas?”, cuestionaron, además, los legisladores.

Agregaron que Job Corps “representa una inversión inteligente y estratégica en el futuro de Puerto Rico”, teniendo en cuenta que, según datos de 2023, “27,098 adolescentes de entre 16 y 19 años, lo que representa el 18% de todas las personas en ese grupo de edad, no estaban matriculados en la escuela”.

“Entre estos jóvenes, casi la mitad (48%) no participaba en la fuerza laboral y el 18.4% buscaba trabajo activamente, pero estaba desempleado. Además, en 2023, el 33.4% de la población total que vivía por debajo del nivel de pobreza, o 291,109 personas, tenía un diploma de escuela superior. Estas cifras demuestran que la labor que realizan los centros Job Corps de Puerto Rico es una necesidad”, añadieron los legisladores, que enviaron también a la secretaria testimonios de estudiantes graduados del programa en la isla.