Washington D.C.- - La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) lidera un reclamo al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para que incremente la presión sobre el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) en torno a sus investigaciones sobre el cumplimiento con las obligaciones contributivas y las normas legales de los beneficiarios de las antiguas leyes 22 y 20 de Puerto Rico.

Junto a sus colegas Alexandria Ocasio Cortez (boricua por Nueva York), Jared Huffman (California), Delia Ramírez (Illinos), Rashida Tlaib (Michigan) y Dan Goldman (Nueva York), Velázquez solicitó que se apruebe lenguaje en el próximo presupuesto que exija al Departamento del Tesoro rendir cuentas y mantener transparencia sobre las investigaciones que lleva a cabo el IRS en torno a esos antiguos estatutos, ahora integrados a la ley 60 de 2019.

“Dados los efectos perjudiciales de las (antiguas) leyes 22 y 20 en Puerto Rico y el territorio continental de Estados Unidos, es urgente que el gobierno federal continúe con sus esfuerzos de supervisión de estas leyes, a la vez que informa al público sobre dicha labor”, indicaron los legisladores en una carta del 16 de mayo dirigida al presidente de la subcomisión de Servicios Financieros y Gobierno, el republicano David Joyce (Ohio), y al líder de la minoría demócrata en esa subcomisión, Steny Hoyer (Maryland).

Los congresistas sugirieron un lenguaje que ordene al Departamento del Tesoro y el IRS presentar conjuntamente un informe, 180 días después de que la legislación se convierta en ley, que precise “el número de personas y empresas que se han trasladado de cada estado y del Distrito de Columbia a Puerto Rico desde 2012 y que han recibido exenciones contributivas bajo las Leyes 20 y 22 de Puerto Rico (ahora consolidadas en la Ley 60)”

El lenguaje que proponen, además, debería exigir “un resumen de la campaña de auditoría del IRS contra los beneficiarios de la ley 22, indicando el número de investigaciones civiles y penales realizadas y su estado, incluyendo el monto de los impuestos atrasados ​​recaudados como resultado, si los hubiera”.

“Dicho resumen deberá definir los objetivos establecidos de la campaña de auditoría, los hallazgos relacionados y el número y la naturaleza de las acciones implementadas por la oficina para abordar el incumplimiento. Finalmente, el IRS deberá aclarar las condiciones que justificarían la finalización de dicha campaña de auditoría y si la oficina considera que dichas condiciones se cumplirán en los próximos cinco años”, agregaron.

Los legisladores federales quieren, a su vez, que se precise el total de dinero que el IRS ha dejado de devengar a causa de las antiguas leyes 20 y 22.

El IRS dio a conocer en 2021 que investigaba a cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22, lo que, subrayó entonces, pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

En abril, se conoció que el empresario Suresh Gajwani tenía previsto declararse culpable en un tribunal federal de Miami de evadir los impuestos de cerca de $80 millones en ganancias, tras alegar falsamente que su empresa tenía derecho a los beneficios contributivos de la antigua Ley 22 en Puerto Rico.

Pero, los congresistas indicaron que el caso de Gajwani puede ser el único que se conozca públicamente tras el IRS poner en marcha sus investigaciones.

Los beneficiarios de la ley 22 han contado con una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos. La gobernadora Jenniffer González propuso a la Legislatura – y por ende a la Junta de Supervisión Fiscal que funciona por encima del gobierno electo-, exigir un 4% sobre ingresos pasivos.

La antigua ley 20, mientras, fija en 4% la tasa impositiva y exenciones totales de dividendos para las empresas que exportan servicios.

Para acceder a los beneficios, las personas no pueden haber vivido en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y tienen que residir en el archipiélago puertorriqueño al menos 183 días al año.

“Si bien estas disposiciones buscaban impulsar la economía y promover el desarrollo socioeconómico mediante la retención de capital extranjero, los datos disponibles sobre su impacto sugieren lo contrario”, indicaron los congresistas demócratas

Los legisladores federales destacaron que “el Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico para el Año Tributario 2024”, indica que Puerto Rico podría perder aproximadamente $4,500 millones en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2020 y 2026.

En ese sentido, señalaron que la mayoría de las empresas que se benefician de la antigua ley 20 se dedican a la consultoría y los servicios profesionales, sectores que generan menos empleos y tienen un “impacto limitado” en la economía. Además, indicaron que las disposiciones de esas medidas “han impulsado los alquileres a corto plazo, las transacciones inmobiliarias al contado y la especulación inmobiliaria, desplazando a la clase trabajadora puertorriqueña”.

Previamente, el IRS informó que entre 2012 y 2019, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico otorgó beneficios de la ley 22 a 2,331 personas. Aquel informe reveló que de esas 2,331 personas, 647 pagaron en total alrededor de $558 millones en impuestos federales sobre ingresos en los cinco años previos a su traslado a Puerto Rico.

Las organizaciones Center for Popular Democracy y Sembrando Sentido se unieron al llamamiento de los congresistas.

“Los recientes cargos federales contra un beneficiario de la ley 22, que involucran $80 millones en impuestos sobre ganancias de capital no pagados, ponen de relieve el grave riesgo y la posible evasión fiscal que estos incentivos representan tanto para los contribuyentes estadounidenses como para las comunidades puertorriqueñas. Esperamos que otros miembros del Congreso, incluyendo al comisionado residente, (Pablo José) Hernández Rivera, se unan a nosotros en estos esfuerzos cruciales”, indicó Iris Figueroa, estratega sénior de Política Pública del Centro para la Democracia Popular.

Mientras, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido,dijo que mienras el gobierno afirma que las Leyes 20 y 22 benefician a la población de Puerto Rico, “no proporciona suficientes datos ni perspectivas para demostrarlo”.

“Lo que tenemos acceso es a una estimación de la cantidad de ingresos perdidos, que en sí misma representa un costo significativo que no cuantifica otros efectos negativos en las condiciones sociales y económicas”, agregó Masses, cuya organización promueve la transparencia gubernamental.

En abril, la congresista Velázquez presentó legislación que impediría a inversionistas de la industria de criptomonedas que se establecen en Puerto Rico quedar exentos del pago de contribuciones federales sobre ingresos.