Washington D.C. - La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez afirmó que el Proyecto del Senado 63 “crearía barreras adicionales para la prensa, las organizaciones de base en Puerto Rico y la diáspora que están comprometidos con la fiscalización”.

“Quienes únicos salen ganando aquí son aquellos interesados en que no se sepa a dónde están llegando y cómo se están invirtiendo los recursos del pueblo”, indicó Velázquez.

La Legislatura de Puerto Rico terminó esta semana el trámite de un proyecto que limitará el acceso a información pública, permitiendo a los funcionarios retrasar la entrega de datos solicitados por los ciudadanos.

La medida permite extender a 50 días la entrega de información pública solicitada a las agencias del gobierno de Puerto Rico. Un documento de menos de tres páginas se debería entregar en 20 días, en vez de los 10 días que permite la ley vigente, pero si excede las 300 páginas puede entregarse en 30 días. A esos términos, se añade una potencial extensión de 20 días.

La medida exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos. También limita las posibilidades de que trabajadores de una agencia soliciten la información.

“Puerto Rico atraviesa una serie de desafíos que requieren la atención de sus instituciones gubernamentales. Las personas viven con altos costos de energía, intentos de remilitarizar el territorio, una emigración acelerada, una planificación fiscal deficiente, y la lista sigue. Uno esperaría que la gestión pública estuviese enfocada en atender estos problemas”, señaló Velázquez.

La legisladora federal sostuvo que “facilitar el trabajo de las agencias sacrificando la poca transparencia que existe no sirve al mejor interés de la ciudadanía”.

“La opacidad también exacerba los riesgos de corrupción, que a su vez frena la economía, reduce los recursos disponibles, y retrasa cualquier posibilidad de que Puerto Rico salga de la quiebra. A esto, se suman las brechas de información que existen a nivel federal. En comparación con los estados, Puerto Rico opera en desventaja porque las agencias principales estadounidenses que producen datos no siempre incluyen a la isla en sus instrumentos”, afirmó Velázquez.

El miércoles en la noche, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, también expresó su rechazo al proyecto 63 del Senado. “En tiempos de inestabilidad democrática y abusos gubernamentales, la transparencia cobra mayor importancia”, indicó Hernández, presidente del Partido Popular Democrático(PPD), en una publicación en la red social X.