Washington D.C. - La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este miércoles que la administración de Donald Trump tiene bajo evaluación las obligaciones pendientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en torno a la reconstrucción de Puerto Rico, que rondan los $30,000 millones.

“La mayor preocupación que tenemos en FEMA, ahora mismo, son las reclamaciones pendientes. Y lo peor que puede hacer el gobierno federal es decir, ‘aquí hay una reclamación, es válida, que estamos comprometidos a cumplir con esa responsabilidad’”, indicó Noem, a preguntas del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, durante una audiencia del Comité de Seguridad Interna sobre el presupuesto federal.

El comisionado Hernández buscaba que Noem afirmara que los cerca de $30,000 millones de FEMA para la reconstrucción de Puerto Rico que no han sido desembolsados están garantizados, pese a los esfuerzos del presidente Trump y su administración por desmantelar la agencia.

“Voy a asumir que la respuesta es no”, sostuvo Hernández, cuando Noem afirmó que el asunto está bajo evaluación. La secretaria de Seguridad Interna no objetó, y el comisionado agregó que espera que puedan “trabajar para asegurar que esos fondos lleguen a la gente”.

FEMA está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Interna.

Cuando le cuestionó si el gobierno de Puerto Rico “ha hecho todo lo posible para agilizar el proceso de reconstrucción”, Noem dijo que “Puerto Rico ha estado trabajando arduamente para reconstruirse y recomponerse, colaborando también con el gobierno federal”.

Noem sostuvo que desconoce si los obstáculos para lograr los desembolsos de los fondos de reconstrucción son responsabilidad de FEMA, pero afirmó que la agencia federal “no ha cumplido con las obligaciones que prometió previamente a la isla”.

Si se suman las emergencias a partir de los huracanes de 2017, incluidos los terremotos y la pandemia del COVID-19, FEMA ha asignado a Puerto Rico alrededor de $55,051 millones, de los cuales ha desembolsado $24,784 millones y obligado $51,910 millones.

El presidente Trump quiere pasar la mayor parte de la responsabilidad de FEMA a los gobiernos estatales, para lo que ha creado un comité que revisa el futuro de la agencia.

En uno de sus decretos, Trump estableció como política pública que la preparación para desastres naturales –como los huracanes– y otras emergencias “se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual”, con el apoyo del gobierno federal.

La próxima temporada de huracanes comienza en dos semanas, el 1 de junio.

Noem ha indicado ante el Congreso que la política pública de Trump reorienta “las responsabilidades de FEMA” y elimina “la disfunción de la agencia actual”.

“Necesitamos facilitar la preparación ante amenazas y peligros globales y dinámicos, a la vez que brindamos una respuesta rápida, eficaz e imparcial ante los desastres”, dijo Noem la semana pasada ante un subcomité de Asignaciones.

El presidente Trump destituyó el pasado jueves al administrador interino de FEMA, Cameron Hamilton, después que declaró ante el Congreso que no creía que era en el mejor interés de los estadounidenses eliminar la agencia.

Previamente, FEMA había informado que dejará de ir casa por casa a ayudar a los supervivientes de desastres naturales a rellenar las solicitudes de asistencia.

El comisionado Hernández dijo, además, a la secretaria Noem, quien fue gobernadora de Dakota del Sur, que espera “trabajar de manera constructiva en formas de reimaginar FEMA y la respuesta ante desastres”.

Por otro lado, Hernández interrogó a Noem en torno a las expresiones que hiciera, en enero, la gobernadora Jenniffer González, alegando que las redadas de inmigración que ponía en marcha el gobierno de Trump no ocurrirían en Puerto Rico.

“Las leyes deben aplicarse por igual a todos”, indicó Noem, aunque afirmó que no tiene conocimiento de las expresiones que hiciera la mandataria, con quien se reunió en marzo, en San Juan.

El comisionado Hernández indicó que la gobernadora de Puerto Rico dijo “a los inmigrantes que no se preocuparan por las deportaciones”, porque la isla no era Texas ni California. Pero, “días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó operativos en barrios de inmigrantes en San Juan”, recordó.

Los demócratas del Comité interrogaron con fuerza a Noem sobre la falta de cumplimiento con el debido proceso de ley que requiere la Constitución estadounidense al deportar a inmigrantes, incluidas personas con protección judicial -como el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García-, estudiantes y profesores universitarios con visa.

“Bajo su supervisión, el Departamento está infringiendo la ley, perjudicando a la gente y haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. La administración Trump está mintiendo descaradamente a los tribunales y al pueblo estadounidense”, indicó, a Noem, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Seguridad Interna, Bennie Thompson (Misisipi).

El comisionado Hernández, por otro lado, declaró ante el Comité de Transportación e Infraestructura en favor de la plena inclusión de Puerto Rico en los programas federales de transportación terrestre, en momentos en que los puertorriqueños de la isla se preparan para “otra temporada activa de huracanes”.

“Puerto Rico sufre el embate de tormentas que cada vez son más frecuentes y severas. Los daños que estas provocan a la infraestructura de la isla evidencian la fragilidad de nuestros sistemas de transporte y subrayan la urgencia de seguir invirtiendo en infraestructura terrestre resiliente ante desastres, incluyendo carreteras, puentes y sistemas de transporte público confiables”, indicó Hernández en una audiencia convocada para escuchar las solicitudes de los miembros de la Cámara baja.