Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, promovió este miércoles, ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes estadounidense, su proyecto de ley que persigue una transición, de entre 10 a 15 años, del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

“Es una iniciativa de poco esfuerzo con un alto impacto”, dijo Hernández, en una audiencia del Comité dedicada a escuchar peticiones de los miembros de la Cámara de Representantes, en la que subrayó que el respaldo a su legislación cruza líneas de partidos en Puerto Rico y Estados Unidos.

El presidente del Comité, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), quien ha dicho que aún examina la legislación de cara a los esfuerzos para reautorizar en 2026 la ley agrícola, reconoció, en la audiencia, que este es “un asunto bipartidista” en Estados Unidos.

“Soy una fuerte defensora de extender el SNAP a los americanos que viven en Puerto Rico”, dijo, por su parte, la líder de la minoría demócrata en la comisión, Angie Craig (Minnesota), una de 15 coauspiciadores de la legislación. Nueve de los coautores de la medida son demócratas, mientras seis son miembros de la mayoría republicana cameral.

El martes, la Federación Hispana llevó a cabo una sesión informativa en el Senado estadounidense –donde aún no se ha presentado legislación– para impulsar la legislación de Hernández, que tiene el número 5168.

“Les exhortó a ver este proyecto como una inversión no como un gasto”, indicó Hernández, al indicar que el SNAP significaría $1,000 millones en asistencia alimentaria para los residentes de Puerto Rico, que adquieren unos $7,000 millones en productos agrícolas de Estados Unidos.

La transición del PAN al SNAP, además de permitir elevar en cerca de $1,000 millones los fondos de asistencia alimentaria para cerca de 1.2 millones de personas, representaría el acceso directo a asignaciones cuando ocurren desastres naturales.

Bajo el PAN, Puerto Rico tiene asignados cerca de $2,979 millones para este año fiscal federal, que comenzó en octubre.

La transición del PAN al SNAP incluye, además, imponer requisitos de trabajo y cambios tecnológicos importantes.

Hernández sostuvo que su proyecto, por implantarse en, al menos, una década, debería eliminar los argumentos de que el gobierno no está listo para instituir los cambios tecnológicos y de requisitos de trabajo que supone una transición del PAN al SNAP, o de que costaría demasiado dinero.

En la audiencia, Hernández reiteró que, con el visto bueno de Thompson y Craig, pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que determine el costo de su legislación.

“He hablado con estudiantes que, por no tener SNAP y no contar con el nivel de beneficios que tendrían bajo ese programa, han tenido que decidir entre comprar un manual de química o comprar comida para alimentarse. Esta es una iniciativa de bajo esfuerzo y alto impacto. Cuando vemos que familias de tres reciben un beneficio promedio de $315 al mes, en una isla donde los alimentos son más caros por los costos de envío, y que bajo SNAP recibirían $535, estamos hablando de una acción concreta para acabar con el hambre”, sostuvo.

Tras la sesión informativa del martes, la Federación Hispana tuvo dos días de reuniones en el Congreso para presionar en favor de la legislación, que se espera sea presentada próximamente en el Senado por la senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York).

“Dado que aproximadamente el 43% de la población de la isla vive por debajo de la línea de pobreza, es fundamental que el Congreso trabaje en conjunto para garantizar que las familias tengan acceso a los mismos programas de asistencia que las que viven en el continente, incluido el SNAP”, señaló, por su parte, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida).