Junto a dos docenas de congresistas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exhortó a los líderes de los comités de Agricultura a incluir en la próxima ley agrícola su legislación que propone una transición de 10 a 15 años del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

La carta, con fecha del jueves, está suscrita por tres republicanos de la Cámara de Representantes y 17 demócratas, en momentos en que el Ejecutivo de Puerto Rico y diversas organizaciones del archipiélago y la diáspora presionan a favor de esa transición, que pudiera significar unos $1,000 millones adicionales en fondos de asistencia alimentaria.

Actualmente, Puerto Rico recibe cerca de $3,000 millones anuales en fondos del PAN.

“Esta legislación bipartidista establecería un camino claro para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico logre la paridad con el SNAP”, indicaron los legisladores federales, en la carta enviada a los presidentes de los comités de Agricultura, el senador republicano John Boozman (Arkansas) y el congresista republicano Glenn “GT” Thompson, y las lideresas de la minoría demócrata, la senadora Amy Klobuchar (Minnesota) y la congresista Angie Craig (Minnesota).

Hernández presentó su legislación, que tiene el número 5168, en noviembre, con el respaldo de la gobernadora Jenniffer González. La medida tiene 23 coauspiciadores, incluidos seis republicanos

Los tres republicanos que firman la carta –María Elvira Salazar (Florida), Brian Fiztparick (Pensilvania) y Mike Lawler (Nueva York)– son coauspiciadores del proyecto de ley de Hernández, que exige que el gobierno de Puerto Rico presente un plan de transición al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y garantizaría que dicha agencia proporcione la asistencia técnica necesaria durante todo el proceso.

Cuatro congresistas demócratas boricuas suscriben la carta: Darren Soto (Florida), Nydia Velázquez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

Los presidentes de los comités de Agricultura consideran presentar nuevos proyectos de ley agrícola, que en los últimos tres años han tenido que ser reautorizados por solo un año, de manera temporal, tras la falta de consenso para una nueva legislación de cinco años. La ley temporal vigente vence el 30 de septiembre.

“Puerto Rico ha operado durante décadas bajo una asignación fija de fondos para asistencia alimentaria que no se ajusta automáticamente cuando ocurre una recesión económica, un desastre natural o un aumento en la necesidad, situaciones que el programa SNAP sí atiende en los estados. Incluir la medida en la ley agrícola traería la equidad que por tanto tiempo se ha esperado para más de 1.3 millones de personas de bajos ingresos en la isla que dependen de esta ayuda, al tiempo que establece una transición ordenada y responsable”, indicó Hernández.

Los promotores de la transición al PAN todavía buscan un senador republicano que quiera liderar la medida en el Senado junto a la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York).

Thompson ha indicado a El Nuevo Día que espera iniciar, temprano en 2026, la evaluación del proyecto de ley agrícola, aunque todavía no se compromete con la legislación de Hernández.

En los últimos dos años, los esfuerzos han quedado frenados en el Congreso, principalmente, por los republicanos considerar que el gobierno de Puerto Rico no ha estado listo para implantar los requisitos de trabajo y cambios tecnológicos del SNAP. Hernández confía que la larga transición que propone su proyecto eche a un lado las preocupaciones republicanas.