Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó este martes un proyecto de ley que persigue que el contralor general de Estados Unidos lleve a cabo un estudio abarcador sobre la violencia de género en Puerto Rico.

“Existe una necesidad urgente de una evaluación integral, culturalmente informada y basada en datos de la violencia de género en Puerto Rico, que incluya una evaluación de las políticas gubernamentales, los enfoques educativos y las intervenciones comunitarias”, indica la medida, dada a conocer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En 2025, 16 mujeres han sido asesinadas en Puerto Rico por su pareja o expareja.

Hernández indicó que la legislación –titulada en inglés VIVAS (Violence Impact and Vulnerabilities Assesment Study)– fue redactada con la colaboración de la Coordinadora Paz para la Mujer y el Observatorio de Equidad de Género, que ha contabilizado 455 feminicidios desde 2019.

“En Puerto Rico, la violencia de género es una emergencia nacional que nuestras comunidades llevan años denunciando, aun cuando las instituciones no han respondido con la urgencia necesaria,” expresó el comisionado Hernández, al indicar que, “si de verdad queremos salvar vidas, necesitamos datos claros, transparencia y una coordinación real entre el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico y las organizaciones que llevan décadas trabajando en nuestras comunidades”.

Vilma G. González Castro, directora de la Coordinadora Paz para la Mujer, sostuvo que “la transparencia en los datos es fundamental para la elaboración de políticas públicas que atiendan las necesidades reales de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género” y permitirá “desarrollar estrategias de prevención más efectivas y responder de manera responsable a la grave crisis de violencia de género que enfrenta Puerto Rico”.

El comisionado Hernández sostuvo que decidió presentar legislación, en vez de hacer una petición directa al contralor general, Gene Dodaro, porque la Oficina de Contraloría General (GAO) “puede hacer estudios a petición del Congreso, pero no tiene la obligación de hacerlo ni de darle prioridad a Puerto Rico a menos que exista una ley que así lo ordene”.

“Ante la gravedad de la crisis de violencia de género en la isla, Puerto Rico merece algo más que una solicitud discrecional; merece una acción firme que garantice resultados”, indicó a El Nuevo Día Hernández, quien hace caucus con la minoría demócrata de la Cámara de Representantes.

La legislación propone que el jefe de la GAO examine, entre otros asuntos, cómo los desastres naturales, las crisis económicas, las normas culturales y las fallas de infraestructura influyen en los patrones de violencia.

Según el texto de la legislación, el contralor general debe examinar “la forma y el alcance de los efectos sobre la prevalencia, gravedad y tipos de violencia de género, de normas culturales, pobreza estructural y dependencia económica, identidad de género y orientación sexual, disparidades educativas y desempleo, inequidad en el transporte, vivienda, infraestructura de servicios públicos, vulnerabilidad climática y riesgo de desastres”, entre otros factores.

Propone, a su vez, recomendaciones para unificar y modernizar los sistemas de datos de las oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipales, y la efectividad de la política pública del gobierno de Puerto Rico para mitigar la crisis de feminicidios y violencia de género.

Uno de los requisitos es que los datos puedan ser informados por municipios.

La legislación ordenaría al contralor a consultar con organizaciones de mujeres, refugios, de la comunidad LGBTQ+, que abogan por derechos de la juventud y personas con discapacidad, instituciones académicas e investigadores.

También pide llevar a cabo mesas redondas y eventos para escuchar a la comunidad y dar oportunidad para que se presenten testimonios orales y escritos.

Si la medida se convierte en ley, un informe preliminar tendría que publicarse en inglés y español, 270 días después. Pero, para elaborar el informe final, el jefe de la GAO tendría hasta 540 días.