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Comité cameral aprueba resolución a favor de un juicio político contra el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas

Los republicanos, bajo duras críticas de la oposición, encaminan un proceso de destitución, por entender que el funcionario ha incumplido con poner en vigor medidas de control de inmigración

30 de enero de 2024 - 4:50 PM

El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, en medio de un proceso que busca su destitución. (The Associated Press)

Washington D.C.- En una maratónica sesión, la mayoría republicana del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes aprobó a primera hora del miércoles una resolución que recomienda un juicio político en contra del secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, por entender que ha incumplido con poner en vigor medidas de control de inmigración y debe ser destituido.

En votación partidista (18-15), la comisión adoptó dos cargos en contra del secretario Mayorkas: uno por su “negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley”; y otro en el que se le denuncia por haber “violado la confianza pública” al supuestamente hacer “declaraciones falsas” cuando expresó que la frontera sureña estaba bajo control.

Es la primera vez en 150 años que se intenta celebrar un juicio político para residenciar a un miembro o ex miembro del gabinete presidencial.

“El secretario Mayorkas ha roto la confianza pública”, argumentó el presidente del Comité de Seguridasd Interna, el republicano Mark Green (Tenesí), durante una sesión que se extendió por cerca de 13 horas y empezó en la mañana del martes.

El speaker Mike Johnson, por su parte, mantuvo que “desde el momento en que fue confirmado, el secretario Mayorkas se ha negado voluntaria y sistemáticamente a cumplir con las leyes federales de inmigración, alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos”. “Ha socavado la confianza pública a través de múltiples declaraciones falsas al Congreso, obstruido la supervisión legal del Departamento de Seguridad Nacional y violado su juramento en el cargo”, señaló Johnson.

Para el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffriess (Nueva York), se trata de un “truco político” que ahora les permite difuminar el rechazo a una legislación que se presentará en el Senado estadounidense para reformar las normas de asilo político en Estados Unidos, con la idea de controlar la entrada de personas indocumentadas a este país.

Ha insistido en que diferencias de política pública no pueden confundirse con las imputaciones de delito grave o menos grave que exige la Constitución estadounidense para destituir a un alto funcionario del gobierno.

Tan pronto como la semana próxima, el pleno de la Cámara de Representantes puede decidir si refiere al Senado un juicio político en contra del secretario Mayorkas, cubanoamericano y uno de tres hispanos en el gabinete del presidente Joe Biden.

Como el liderato demócrata de la Cámara de Representantes, incluido el jefe de la minoría en la comisión, Bennie Thompson (Misisipi), Mayorkas ha rechazado los cargos.

“Lo que evidentemente falta en (estas denuncias) es cualquier cargo real o incluso una pizca de evidencia de delitos o faltas graves: el estándar constitucional para el juicio político. Esto no debería sorprendernos porque la llamada ‘investigación’ de los republicanos sobre el secretario Mayorkas ha sido un asunto notablemente libre de hechos”, indicó el demócrata Thompson.

Pese a que la Cámara baja pueda aprobar un juicio politico en contra de Mayorkas, el Senado, controlado por el caucus demócrata 51 a 49 y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituirlo, lo absolverá.

La mayoría republicana, mientras, iría a la votación en el pleno con una mayoría de 219 a 213, lo que indica que si todos los demócratas, como se prevé, votan en contra, solo podrán perder dos votos.

De todos modos, sería la primera vez, desde 1876, que la Cámara baja propone un juicio político contra un miembro o ex miembro del gabinete presidencial. La única vez que eso ha ocurrido fue en contra del entonces ex secretario de Guerra William Belknap, imputado de sobornos. Belknap fue absuelto por el Senado.

Gran parte de la defensa de Mayorkas estuvo a cargo del congresista demócrata Daniel Goldman (Nueva York), quien fue el fiscal del primer proceso de destitución en contra del presidente Donald Trump y trabajó como fiscal federal adjunto en Nueva York. Goldman insistió en que los republicanos sientan un mal precedente con el proceso en contra del secretario Mayorkas.

En ese sentido, Goldman leyó un editorial publicado en la noche del martes por el conservador The Wall Street Journal en el que se advierte que los cargos en contra de Mayorkas “logran nada” y que “una disputa sobre políticas públicas no califica como un delito grave ni un delito menor”, como exige la Constitución para llevar a un funcionario a un juicio político en busca de su destitución.

Durante el debate, además, el demócrata Eric Swalwell (California) cuestionó como un republicano que haya votado en contra de llevar a un juicio político al entonces presidente Trump por incitar un acto de insurrección contra el Congreso, puede argumentar ahora que por una diferencia de política pública debe destituirse al secretario Mayorkas.

La resolución se aprueba en momentos en que líderes del Senado impulsan una medida que negocian tres senadores – el republicano James Lankford (Arkansas), el demócrata Chris Murphy (Connecticut) y la independiente Kirsten Sinema (Arizona) -, para imponer nuevos controles en los procesos de asilo político en la frontera estadounidense, como parte de un paquete legislativo que incluiría asignaciones para las campañas militares de Ucrania e Israel.

El concepto de la potencial legislación del Senado ha sido rechazado por el liderato republicano de la Cámara de Representantes, incluido el speaker Johnson, al rechazar que los nuevos controles de asilo se den después de una semana en la que haya al menos un promedio de 5,000 personas cruzando la frontera diariamente.

Según la propuesta, el presidente de Estados Unidos tendría autoridad para suspender los asilos políticos una vez se ha superado en una semana el total promedio de 5,000 personas llegando a estados como Arizona, Texas, California y Nuevo México.

El plan que se negocia en el Senado, que puede convertirse en un proyecto de ley esta misma semana, incluiría asignar 1,300 agentes adicionales a la Patrulla Fronteriza, 1,600 oficiales de evaluación de peticiones de asilo y más de 100 máquinas destinadas a detectar fentanilo.

En momentos en que el tema de inmigración impacta con fuerza la campaña electoral, el presidente Biden ha indicado que, si le dan la autoridad de cerrar la frontera, lo hará. Johnson, sin embargo, sostiene que la ley ya le permite a Biden hacer eso y ha insistido en impulsar la legislación de controles de inmigración aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que no tiene futuro en el Senado.

La propuesta del Senado ha dividido incluso a los senadores republicanos, después de que el expresidente Donald Trump exhortó a derrotarla y dejar el debate sobre una reforma en las leyes de inmigración para 2025, cuando espera haber logrado regresar a la Casa Blanca, pese a los 91 cargos criminales en su contra y los juicios a que se puede enfrentar antes de las elecciones de noviembre.

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