Washington D.C. - Aunque reconocen que el ámbito de acción legislativa es pequeño, funcionarios y expertos conservadores exhortaron este miércoles al Congreso a considerar exclusiones al derecho a la ciudadanía por nacimiento, en momentos en que legisladores republicanos quieren limitarlo en los territorios no incorporados como Puerto Rico.

“Deben proteger la ciudadanía estadounidense” y extenderla, en el caso de extranjeros, solo a las personas que “hemos invitado”, indicó Rosemary Jenks, directora de Política Pública del Inmigration Accountability Project, al declarar en una audiencia de la subcomisión de la Constitución y Gobierno Limitado del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La sesión, bajo la dirección de la mayoría republicana cameral, buscó examinar alternativas legislativas a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó – 6 a 3-, el decreto del presidente Donald Trump que intentó excluir del derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de personas indocumentadas o que no tienen residencia permanente en Estados Unidos.

Durante las dos horas de discusión en la subcomisión, liderada por el republicano Chip Roy (Texas) – quien aspiró sin éxito a la fiscalía general de su estado y no regresará en enero al Congreso-, nadie trajo a discusión el proyecto de ley del republicano Morgan Griffith (Virginia), que persigue limitar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento en los territorios no incorporados.

La legislación de Griffith, que se descarta que se convierta en ley en esta sesión del Congreso y tiene un solo coauspiciador, excluiría del derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento a personas con estatus migratorio irregular y presencia temporal en Estados Unidos.

Con diferentes gradaciones, el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, y el ex fiscal general del estado de Virginia Ken Cuccinelli – quien fue director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante la primera presidencia de Donald Trump-, y Jenks apoyaron que el Congreso estudie potenciales enmiendas a la ley de inmigración y naturalización e iniciativas para impedir que se comercie para que gente entre como turistas a Estados Unidos para dar a luz.

Los tres vieron una oportunidad en la opinión del juez conservador del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh que aunque se sumó a la decisión de declarar inconstitucional el decreto de Trump, validó el derecho del Congreso a enmendar la ley de Inmigración y Naturalización para establecer excepciones al derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Animo a este Congreso a que haga algo parecido a lo que hizo el presidente Trump el 6 de agosto”, dijo Kobach, en referencia a una segunda orden ejecutiva que busca excluir de la ciudadanía estadounidense a personas que se determine “son beneficiarios del turismo de natalidad”.

Kobach es conocido por combatir el decreto de DACA del presidente Barack Obama para normalizar la vida a jóvenes que llegaron a Estados Unidos, sin autorización del gobierno, de la mano de sus padres.

Cuccinnelli, quien ahora es experto en Inmigración y Seguridad nacional del Centro para la Renovación de Estados Unidos (Center for Renewing America), sostuvo que junto a una enmienda constitucional, la opción por el momento puede ser prohibir por ley el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento de personas que viajan a este país para que sus hijos nazcan estadounidenses.

El congresista Roy sostuvo que el turismo de nacimiento, que vinculó principalmente a nacionales chinos, quita recursos médicos y financieros a los estadounidenses, mientras van a “gente que no tienen ninguna lealtad a Estados Unidos”. “El Congreso debe actuar”, sostuvo Roy.

Jenks incluso sostuvo que no se opondría a examinar a mujeres que no sean ciudadanas estadounidenses al entrar a Estados Unidos, para determinar si están embarazadas, aunque no lo ve como una solución “factible”.

Como testigo de la minoría demócrata, el profesor Jonathan Weinberg, de la Escuela de Derecho de Wayne State University, sostuvo que la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Trump versus Barbara fue enteramente correcta y que haber validado la orden ejecutiva hubiese creado caos en Estados Unidos, pues, a pesar de querer ser prospectiva, hubiese cuestionado la ciudadanía estadounidense en un país formado por hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes.

La decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”. “Algunas partes de la Constitución pueden ser difíciles o ambiguas, como el debido proceso…pero esa frase es perfectamente clara”, indicó el demócrata de más rango en el Comité de lo Jurídico, Jamie Raskin (Maryland).

Por su parte, la también demócrata Mary Gay Scanlon (Pensilvania), líder de la minoría en la subcomisión de la Constitución, afirmó que “el Tribunal Supremo y nuestra Constitución solo reconocen dos excepciones muy limitadas: para los hijos de diplomáticos extranjeros y para los hijos de soldados de un ejército de ocupación”.

“Publicar en Twitter que hay una invasión de inmigrantes no es más que un intento desesperado y fanático de eludir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, y no cumple con ninguna de esas excepciones”, agregó Scanlon.

Aunque como todos los demás republicanos presentes en la audiencia consideró equivocada la decisión del Tribunal Supremo en Trump versus Barbara y favorece limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el congresista Tom McClintock (California) afirmó que sin una enmienda a la Constitución – cuya dificultad reconoce-, no ve cómo pueden funcionar restricciones para el “turismo de nacimiento” o sobre el ingreso a Estados Unidos de mujeres embarazadas no estadounidenses.

McClintock, entre los republicanos, fue el que con mayor claridad expresó que “nuestro espacio es muy limitado”.