Washington D.C. - El Senado estadounidense buscará terminar esta semana el trámite de una legislación que reúne tres proyectos de asignaciones, que, entre otras cosas, encaminaría $14.1 millones para iniciativas de infraestructura de agua en Puerto Rico.

Una primera votación en el Senado sobre la legislación, ratificada la semana pasada en la Cámara de Representantes y que reduciría más las consecuencias de un potencial cierre parcial gubernamental a finales de mes, ha sido programada para este lunes.

Según el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los $14.1 millones serían asignados a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para proyectos de infraestructura de agua en Puerto Rico.

Un portavoz de Hernández indicó que los fondos pueden ser programados y priorizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves la medida (397-28), que asigna fondos para los departamentos de Justicia, Comercio, Interior, oficinas relacionadas a la Ciencia, Desarrollo de Energía y Agua, y el Ambiente.

En términos de asignaciones directas, la legislación otorgaría $1.03 millones para la organización educativa sin fines de lucro Vimenti, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes a educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, indicó el comisionado.

También incluye $514,000 para que el Municipio de Juana Díaz implemente el programa anticrimen Virtual Security 360, y $112,000 para que el gobierno municipal de Cabo Rojo adquiera vehículos policiales.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), a su vez, destacó una asignación de $3.2 millones para el Servicio Forestal adquirir terrenos en el área del Bosque Nacional El Yunque.

También resaltó una asignación de $294,000 en fondos de operación y mantenimiento al Cuerpo de Ingenieros para iniciativas en Puerto Rico, “incluyendo $181,000 para inspección de obras completadas y $113,000 para encuestas de condición de proyectos”.

La legislación, a nivel de Estados Unidos y sus territorios, aumenta en $375 millones el financiamiento para la infraestructura de la red eléctrica, de acuerdo al Comité de Asignaciones de la Cámara baja.

Por su parte, el comisionado Hernández dijo que la medida asigna $235 millones para la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía (DOE), con el propósito de modernizar redes eléctricas en los 50 estados y los territorios, incluyendo Puerto Rico. Se trata, sostuvo, de una medida que impulsó como enmienda.

“Con la aprobación de estos tres proyectos de ley, financiaremos durante todo el año muchos de nuestros programas más críticos. Priorizamos la seguridad pública apoyando a las fuerzas del orden y deteniendo el flujo de fentanilo a nuestras comunidades. Impulsamos la fortaleza estadounidense impulsando el dominio energético, asegurando minerales críticos e invirtiendo en energía nuclear. Y defendemos la administración protegiendo las tierras públicas, apoyando a los bomberos forestales y garantizando una gestión responsable de los recursos”, dijo el presidente del Comité de Asignaciones, el republicano Tom Cole (Arkansas).

En general, la medida pone freno a cerca de $163,000 millones en recortes propuestos en el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Donald Trump al Congreso, según la líder de la minoría demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro.

“Teníamos tres objetivos al iniciar este proceso: proteger la financiación para las prioridades demócratas, eliminar cualquier estrategia de envenenamiento y reafirmar el control del Congreso sobre el presupuesto. Esta legislación logra estos tres objetivos y más. Invierte en programas para abordar los altos costos de los servicios públicos, promueve la seguridad pública mediante el aumento de las subvenciones, defiende nuestros parques nacionales y tierras públicas, y protege el medio ambiente, a la vez que rechaza los drásticos recortes que pretende la administración Trump”, indicó DeLauro.

Una parte de los fondos del presupuesto federal expira el 20 de enero. Pero, contrario a otras ocasiones, para ese momento se habrán aprobado varios de los proyectos de asignaciones del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre pasado.

Entre octubre y mediados de noviembre de 2025, hubo un cierre parcial del gobierno federal que se extendió por 43 días.