Washington D.C. - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes confirmó este miércoles la convocatoria a una audiencia pública, programada para el 16 de julio, en torno al funcionamiento de la ley Promesa, nueve años después de ser aprobada por el Congreso.

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La convocatoria tiene por título “La recuperación fiscal de Puerto Rico bajo Promesa y el camino hacia adelante”, y estará en manos del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares.

A la audiencia, fueron citados representantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa, que creó además un sistema de bancarrota territorial y hundió a Puerto Rico en su situación colonial.

Los ponentes de la sesión pueden incluir, además, a un representante de la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés), según fuentes.

“La vista ofrece una oportunidad necesaria para fiscalizar a la Junta. A nueve años de la aprobación de Promesa, el pueblo de Puerto Rico merece saber por qué no han cesado sus labores y por qué insisten en medidas que aumentan el costo de vida”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien es miembro de la comisión en pleno y del subcomité a cargo de la sesión.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), reiteró hace unos días a El Nuevo Día que quiere que la JSF pueda cumplir todos los objetivos establecidos en la ley Promesa.

La semana pasada, justo en el noveno aniversario de la firma por parte del presidente Barack Obama de la ley Promesa, la GAO indicó en un nuevo informe que, aunque la deuda pública de Puerto Rico se ha reducido en un tercio en los pasados nueve años bajo el estatuto –sin contar la reestructuración pendiente de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)–, aún resalta el incumplimiento del gobierno puertorriqueño con una buena administración fiscal.

La deuda pública de Puerto Rico rondaba los $73,000 millones cuando el gobierno se declaró en quiebra. Ya se han reestructurado unos $64,000 millones de deuda por concepto de bonos, reduciendo las obligaciones financieras a unos $24,000 millones, en espera de que termine el proceso referente a la AEE.

La JSF propuso reducir de $8,500 millones a unos $2,600 millones la deuda de la AEE, a lo que aún se opone un grupo de bonistas, liderado por Golden Tree Management Fund.

Al indicar que no se han presentado los estados financieros auditados de 2023 y 2024, y los de 2021 y 2022 se dieron a conocer unos 22 meses después de terminado el año fiscal, la GAO destacó en su informe que “varios de los departamentos incluidos en el gobierno principal de Puerto Rico tienen graves hallazgos de auditoría que han permanecido sin resolver durante, al menos, dos años”.

En mayo, el congresista republicano Scott Fitzgerald (Pensilvania) recamó a la JSF una sesión informativa – que se ofreció a principios de junio– sobre la lentitud en ese proceso de reestructuración y la propuesta de limitar el pago a los bonistas a unos $2,600 millones.

“Hasta ahora, la Junta ha gastado más de $400 millones en consultores y abogados durante el proceso de bancarrota de la AEE con pocos resultados”, indicó Fitzgerald, en la carta en que solicitó la sesión.

Fitzgerald es presidente de la subcomisión de Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, que también tiene jurisdicción sobre la ley Promesa.

Tras la sesión informativa, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, dijo que confiaba en haber aclarado las dudas a los asesores de Fitzgerald.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González, republicana y quien como comisionada residente en Washington fue parte del Comité de Recursos Naturales, dijo recientemente en Puerto Rico –a raíz de una resolución del Senado a favor del cese de la JSF– que había pedido al Congreso la salida inmediata del ente.

Pero, el propio Westerman sostuvo, preguntado por El Nuevo Día, que no había escuchado hasta ese momento el reclamo de la gobernadora.