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Imagen de archivo de un torneo de voleibol celebrado en el Centro de Convenciones.

La demanda presentada contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por ocho entidades deportivas logró parte de su cometido, ya que el juez Anthony Cuevas permitió este jueves la celebración del evento Spring Volleyball Challenge sin que la institución le imponga sanciones a los participantes del torneo.

A su vez, se les ordenó a los demandantes a consignar la suma de $6,000 al Tribunal, que sería la cantidad correspondiente al pago del aval federativo. Esa suma estará en poder de la corte hasta que se dilucide el caso o que las partes lleguen a un acuerdo.

“El juez entendió el planteamiento nuestro y sugirió un acuerdo donde no se establece ni un ganador ni un perdedor”, dijo Luis Águila, promotor de eventos de voleibol, incluyendo el Spring Volleyball Challenge que se efectuará del 25 al 27 de enero en el Centro de Convenciones de Miramar.

Águila fue uno de los líderes de ocho entidades deportivas que radicaron la semana pasada un recurso de interdicto preliminar y permanente en contra de la FPV, denunciando la afiliación compulsoria a la que están sometidos, alegadamente, por parte del organismo.

Aunque la FPV, por medio de su presidente César Trabanco, sostuvo luego que nadie está obligado a afiliarse, los demandantes sostienen que el organismo ejerce presión indebida en los participantes de distintas ligas, amenazándolos con sancionarlos si toman parte en torneos no avalados por la federación, como es el caso del Spring Volleyball Challenge y otros certámenes que organizan los demás codemandantes. En otras palabras, que si un jugador, árbitro o entrenador que ya está afiliado por la FPV decide participar en un torneo no afiliado, se le sanciona o se le amenaza con ser sancionado, aseguró Águila.

“No solo es una cuestión de dinero. Nosotros pudiéramos pagar un aval si ese fuera el caso, pero no estábamos dispuestos a que se le meta presión y obligar a la gente a hacer cosas en las que no están de acuerdo”, dijo Águila.

Por su parte, Trabanco interpretó de otro modo el resultado de la audiencia del jueves y cantó victoria en favor de la autonomía de la Federación.

“Con el acuerdo se garantiza y reconoce la autonomía federativa en este caso, no solo en el ‘injuction’, también de acuerdo a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, dijo Trabanco.

El presidente de la FPV agradeció el respaldo de los líderes del deporte que se dieron cita a la vista de hoy, entre ellos varios presidentes federativos.

Mientras, Águila celebró el hecho de que el caso sigue abierto y se celebrará otra audiencia el 26 de marzo, antes de lo cual el juez dio un plazo para que las partes se sienten a negociar e intenten llegar a unos acuerdos.

“Esperamos prevalecer aunque estamos abiertos a la negociación de buena fe. Lo importante es que el DRD (Departamento de Recreación y Deportes) se expresó a favor de los planteamientos que estamos litigando, de que la única autoridad para regular el deporte de base es el DRD. Para evitar tomar más tiempo de lo debido, el juez hizo que se consignara una cantidad (de dinero) equivalente al aval (de la federación), pero ese dinero no va a la federación, sino al tribunal. De nosotros salir airosos se nos devuelve ese dinero, y si no saliéramos airosos se le entrega ese dinero a la federación”, explicó.

“El pleito continúa para saber lo más importante, que es, ¿quién regula el deporte de base? Y el DRD ha sido enfático que ellos son los reguladores del deporte de base”, agregó Águila, cuyos torneos agrupan jugadores desde los 6 a los 23 años.

El promotor dijo que su aspiración y la de los demás codemandantes es que ocurra como en otras jurisdicciones. Según dijo, la federación de Estados Unidos no sanciona a sus afiliados por participar en torneos y eventos que no tengan membresía con el organismo.

“Logramos lo que buscamos, que durante estos torneos inmediatos no hubieran sanciones contra las personas (jugadores, entrenadores y árbitros). Si el tribunal determina luego que el DRD es el ente regulador se acaba el problema. Y si el tribunal determina que es la Federación (FPV), pues no tenemos problemas. Lo que pasa es que la ley tiene que decirlo”, apuntó.


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