Ante el empeoramiento de la sequía y el inicio de un plan de racionamiento de agua que podría extenderse a más municipios en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura solicitará al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) la activación de programas federales de asistencia para agricultores afectados.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, confirmó en llamada telefónica con El Nuevo Día que la agencia, en coordinación con la gobernadora Jenniffer González Colón, enviará entre este viernes y mañana, sábado, una carta formal para solicitar la activación de los programas.

“Nosotros empezamos unas conversaciones más profundas con el USDA. Antes, para activar estos programas, Puerto Rico tenía que alcanzar la clasificación D3 de sequía y permanecer seis semanas en ese nivel. Eso cambió. Ahora, si permanecemos tres semanas en D2, se pueden activar los protocolos”, explicó Rodríguez Torres.

Actualmente, Puerto Rico se encuentra en la clasificación D2, correspondiente a una sequía severa, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El secretario indicó que la isla ya cumplió una semana bajo esa clasificación y se anticipa que la escasez de agua continúe avanzando durante las próximas semanas.

“Estamos confiados en que esto (la activación de las ayudas para agricultores) ocurra antes. No dudo que la semana que viene puedan empezar a activarse esos programas”, sostuvo.

Según Rodríguez Torres, los programas de asistencia son administrados por el Farm Service Agency del USDA y ofrecen ayudas que, generalmente, no están disponibles para los agricultores y ganaderos. Entre estos, incentivos para la compra de alimentos para ganado, compensaciones por pérdidas en la producción y otras asistencias económicas dirigidas a mitigar los efectos de una sequía.

Reconoció que el panorama para la agricultura se ha deteriorado desde que el Departamento de Agricultura evaluó inicialmente la escasez de agua que experimenta Puerto Rico hace varias semanas.

“Definitivamente nos está afectando más y va a seguir empeorando si no llueve en las próximas semanas o meses”, afirmó.

No obstante, explicó que el impacto del racionamiento de agua ha sido distinto para el sector agrícola debido a que gran parte de las fincas obtiene el recurso mediante canales de riego, pozos o charcas de retención y no directamente del sistema de distribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“La mayoría de los agricultores tienen charcas de retención o tienen pozos. Además, el agua que utilizamos para riego proviene de la montaña, por lo que el comportamiento ha sido diferente al que enfrenta la población en general”, indicó.

La activación de estos programas busca evitar un escenario similar al registrado durante la sequía de 2015, cuando la agencia estimó pérdidas de $12.1 millones para el sector agrícola, principalmente en pastos para ganado, grama y plátanos, además de afectaciones al sector pecuario.

En cuanto a las zonas de mayor preocupación, el secretario señaló que la franja sur de Puerto Rico concentra el mayor riesgo.

“Lo que más nos preocupa ahora mismo es toda esa banda desde Yabucoa hasta Guánica. Esa es el área donde estamos viendo la situación más complicada”, recalcó.

Aunque Agricultura todavía no cuenta con estimados sobre pérdidas económicas o agrícolas, Rodríguez Torres indicó que estas comenzarán a recopilarse una vez se activen los programas federales y los productores sometan sus reclamaciones.

“Es muy preliminar decirlo. Los números oficiales van a salir cuando los agricultores comiencen a reportar sus pérdidas dentro de los programas federales”, dijo.

Añadió que el impacto variará dependiendo del cultivo. En el caso del café, por ejemplo, explicó que las pérdidas no podrán cuantificarse hasta que concluya la cosecha, que se extiende hasta diciembre.

Por el momento, el secretario descartó un aumento inmediato en el precio de los alimentos, aunque reconoció que una sequía más prolongada sí podría reducir la disponibilidad de algunos productos locales.

“No creo que vaya a escasear de manera general ningún producto, pero si la sequía fuera muy severa o se extendiera por mucho tiempo, ciertamente tendríamos que estar atentos”, expresó.

El mes pasado, el economista agrícola Rafael-Mejía García advirtió a El Nuevo Día que una reducción en la disponibilidad de agua no solo afectaría la producción agrícola, sino también incrementaría los costos de riego, bombeo, transporte y almacenamiento, además de desalentar nuevas inversiones en el sector.

Asimismo, señaló que cualquier disminución en la producción local cobra mayor relevancia porque en la isla se importa alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, lo que aumenta la dependencia de mercados externos.

Mientras tanto, el Departamento mantiene abiertos dos programas de infraestructura agrícola para ayudar a los productores a fortalecer sus sistemas de riego y almacenamiento de agua.

Uno de ellos, detalló el secretario, ofrece incentivos regionales de hasta $12,000 para obras como cisternas, pozos, charcas de retención y sistemas de riego, mientras que otro programa, administrado a nivel central, puede financiar proyectos superiores a esa cantidad.

Aunque históricamente septiembre marca el inicio de un período de mayor precipitación y la recuperación de los embalses, Rodríguez Torres reconoció que este año, existe incertidumbre debido al comportamiento del fenómeno El Niño.

“Estamos todos apostando a que septiembre se comporte como históricamente lo ha hecho, pero la realidad es que no podemos predecir qué va a ocurrir”, concluyó.